Gendarmería Nacional informó que no logró encontrar las oficinas donde, según una denuncia de las diputadas nacionales Laura Alonso y Patricia Bullrich (Unión Pro), funcionaba una estructura destinada a espiar a políticos, periodistas y famosos.

El diario La Nación indicó que todavía no hay un informe oficial, pero que Gendarmería ya adelantó al juzgado de Sebastián Casanello, por teléfono, que no habían encontrado nada en la esquina de San Juan y Entre Ríos.

Allí se les encomendó que fueran la medianoche del día que se hizo la denuncia, para corroborar “la existencia de algún edificio donde se estarían llevando adelante maniobras de inteligencia”.

Al expediente llegaron también informes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), que dijo que ni en esa esquina “ni en sus adyacencias” funcionan dependencias suyas, y del Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom), la oficina de la Procuración que ahora se encarga de las escuchas.

De estos informes surge que de las 202 personas que aparecen en la lista que presentó Pro, ninguna está siendo objeto de intervenciones telefónicas judiciales (las únicas legales), pero hay seis a las que sí se las escuchó hace algunos años. Ellos son Juan Bautista Yofre, Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Néstor Ick, Daniel Reimundes y Esteban Velázquez. Fueron escuchados por orden del juzgado federal de San Isidro de Sandra Arroyo Salgado, la ex mujer de Alberto Nisman.

En su informe al juzgado, la AFI sostuvo también que las planillas con la lista de presuntos espiados que la diputada Laura Alonso (Pro) acompañó a su denuncia no se correspondían con las planillas que circulaban por el organismo cuando tenía a su cargo las escuchas.

Mientras tanto, en el expediente, con el secreto del sumario ya levantado, empezaron a tomarse las primeras declaraciones testimoniales.