Reclamarán en el Congreso por una Ley Antidiscriminatoria

Tras la Marcha del Orgullo, la FALGBT convocó a una audiencia pública este martes con el fin de insistir en la sanción de una norma para la prevención y sanción de actos discriminatorios.

Luego de una nueva y multitudinaria Marcha del Orgullo, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT) convocó a una audiencia pública para este martes con el fin de reforzar el reclamo por una Ley Antidiscriminatoria.

El evento tendrá lugar a partir de las 10 en la Sala 1, piso 2 del Anexo de la Cámara de Diputados, y contará con la presencia de legisladores, funcionarios y activistas de todo el país, pertenecientes a las organizaciones miembro de la FALGBT.

Según se explicó en un comunicado, el objetivo de esta convocatoria es abrir un debate sobre la necesidad de avanzar en la sanción de una nueva ley de prevención y penalización de la discriminación que actualice la norma vigente desde 1988.

La FALGBT impulsa, desde su constitución, la sanción de una nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios que “constituya una herramienta eficaz tanto para los gobiernos como para las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general”.

Cabe recordar que la Comisión de Derechos Humanos y Garantías dictaminó por unanimidad un proyecto de Ley Antidiscriminatoria impulsado por Carlos Heller (Solidario SI) que intenta erradicar prejuicios y estereotipos estigmatizantes, y prevenir, sancionar y eliminar todas las formas de discriminación.

Esa iniciativa había despertado polémica por la interpretación de un supuesto intento de censurar comentarios discriminatorios en la web mediante la imposición de sanciones penales a usuarios de Internet.

En particular, se propone “la inclusión de pretextos discriminatorios no contemplados en la norma actual -como la discapacidad, la orientación sexual, la identidad de género o la edad-“ y “la ampliación de la legitimación para accionar contra actos discriminatorios a organismos y organizaciones de derechos humanos”.

También se promueve “una definición más amplia de ‘acto discriminatorio’, más coherente con los recientes avances internacionales y nacionales”, “la inversión de la carga de la prueba del carácter discriminatorio de los actos denunciados”, “la presunción y autonomía del daño moral” e importantes cambios en la legislación penal.

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