Más de un centenar de inscriptos dieron su postura sobre la iniciativa. Hubo rechazo y fuertes críticas. En primera lectura la norma se aprobó por 47 votos positivos, 4 negativos y 3 abstenciones.
El expediente fue analizado en esta instancia de participación ciudadana, luego de haber sido aprobada la ley en primera lectura el 3 de septiembre pasado. Para su sanción definitiva debe ser votado nuevamente por los diputados.
Una numerosa audiencia pública trató este miércoles la transferencia gratuita de un conjunto de inmuebles al Arzobispado de Buenos Aires, perteneciente a la Iglesia Católica.
En el encuentro, que duró alrededor de 5 horas, hicieron uso de la palabra más de un centenar de inscriptos. La mayoría de los exponentes se mostró en contra de la iniciativa argumentando la defensa de los terrenos pertenecientes al Estado de la Ciudad y la educación pública.
Entre los terrenos en cuestión, se encuentra la parroquia de Caacupé, una fracción aproximada de 2.447 metros cuadrados en la Avenida Rivadavia, situada en la manzana comprendida por esa arteria, Campichuelo y las vías del ferrocarril Sarmiento.
En relación a la cesión de una parte de las tierras a la parroquia de Caacupé, se manifestaron en contra padres, docentes y exalumnos de la escuela N° 3 D.E. 7 Primera Junta, del barrio de Caballito. Los presentes aludieron la necesidad de efectuar correcciones a los planos presentados en el expediente debido a que parte de los mismos pertenecerían a esa escuela pública.
En este sentido, se sostuvo que “los inmuebles deben pertenecer a las escuelas y utilizarse públicamente para actividades sociales; si se destinan al Arzobispado serían sólo para una minoría”.
Por otro lado, hubo opiniones a favor que adujeron la preservación del patrimonio y afirmaron que “será un lugar para recibir a todos”. De ser sancionada la norma, la comunidad religiosa deberá mantener el uso actual de las edificaciones y/o destinarlos exclusivamente a una finalidad religiosa y/o educativa.
El párroco Eduardo Tessone de la iglesia de Caacupé manifestó: “la importancia de que los predios serán usados en beneficio de nuestra gente del barrio. La iglesia potencia lo público, hace concreto que la justicia, la salud y los derechos lleguen a los pobres”.
La mesa principal estuvo encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro García (Pro), y lo acompañaron las diputadas Carmen Polledo, Lía Rueda, Cecilia de la Torre, Raquel Herrero, Gabriela Seijo (Pro), Cristina García (CPD), María Rosa Muiños, Claudia Neira, María Rachid, Lorena Pokoik (FpV), y los diputados Agustín Forchieri (Pro), Pablo Bergel (Verde al Sur), Marcelo Ramal (FIT), Gabriel Fuks (FpV), Pablo Ferreyra (SL), José Cruz Campagnoli (NE), Alejandro Bodart (MST) y Aníbal Ibarra (FPP).
Controversias
Al finalizar la audiencia, el diputado Alejandro Bodart (MST-Nueva Izquierda) sostuvo que “es una vergüenza, en lugar de avanzar en la separación de la Iglesia del Estado, estamos discutiendo, en pleno siglo XXI, la entrega de 30 mil metros cuadrados que equivalen a casi 150 millones de pesos a la jerarquía de la Iglesia Católica. El progresismo que fue cómplice del Pro, debería sacarse la careta y cambiar su voto”.
“Actualmente en la Ciudad hay 80 escuelas primarias que alquilan su predio mientras el gobierno decide, arbitrariamente, ceder el terreno del Polideportivo de la Escuela Nº 3 Primera Junta a la Parroquia Caacupé”, agregó.
Bodart también señaló que “hace falta que 8 legisladores cambien el voto en la aprobación definitiva y evitar así que el gobierno siga entregando lo que es de todos. Voy a continuar acompañando el reclamo de los vecinos que defienden lo público y rechazar este proyecto y cualquier otro vaya contra nuestro patrimonio”.
El expediente fue tratado en la Comisión de Presupuesto, donde la diputada María Rachid (FpV) firmó una observación al despacho en la que expresa su oposición, argumentando que “la norma propuesta sería contraria a los más fundamentales principios y pautas de neutralidad que rigen en un Estado laico como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, priorizando la entrega gratuita de inmuebles para fines “religiosos”, por sobre fines de promoción social y otros que manda la Constitución de la Ciudad”.
En primera lectura la ley obtuvo en general 47 votos positivos, 4 negativos y 3 abstenciones. Votaron en contra los legisladores María Rachid (FpV), Alejandro Bodart (MST), Hernán Rossi (SUMA+) y Gabriela Cerruti (NE). Se abstuvieron los dos legisladores Virginia González Gass, Adrián Camps (PSA) y Pablo Bergel (Verde al Sur).
