El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, envió un proyecto de ley a la Legislatura para que se modifiquen las competencias de la Agencia Gubernamental de Control, previstas en la ley 2.624, asignándole “funciones inspectivas de control y fiscalización de la actividad laboral, salud, higiene y seguridad en el trabajo, seguridad social y las cláusulas normativas de los convenios colectivos de trabajo, ambiental, lealtad comercial y defensa del consumidor y usuario”.

La aplicación de la norma implica la modificación de otras leyes y el Código de Habilitaciones y Verificaciones. En los fundamentos del texto, se sostiene que “la transferencia que se propone permitirá la programación de las fiscalizaciones en un único organismo, unificando el accionar inspectivo teniendo en miras el interés público comprometido y una gestión inteligente de la administración pública”.

Sin embargo, desde la Autoridad Administrativa del Trabajo, cuestionaron el proyecto. Edgardo Castro, Inspector del Trabajo, consideró que “con la excusa de centralizar los controles en la AGC, Macri oculta su intención de desmantelar el único cuerpo de inspectores profesionales e independientes que tiene la Ciudad”.

Y agregó: “el mismo jefe de Gobierno que vetó más de 100 leyes ahora impulsa una ley absolutamente inconstitucional, con la que ya fracasó en 2 ocasiones, que de aprobarse sería una aberración jurídica que dejaría en un estado de indefensión al conjunto de los trabajadores de la Ciudad y daría vía libre a los mecanismos clandestinos de trabajo”.