Cayó mal en el Gobierno el fallo de la Corte Suprema que obliga a informar sobre el acuerdo YPF-Chevron. Por eso, para mostrar las consecuencias que una decisión de ese tipo puede ocasionar, desde el bloque oficialista de Diputados se encargaron de difundir una reunión que mantuvieron su presidenta, Juliana Di Tullio, y el diputado Edgardo Depetri, con el titular de Siderar, Daniel Agustín Novegil, a quien le solicitaron los motivos por los cuales hicieron un cambio de domicilio de esa firma a Luxemburgo. A través de una nota, consultaron los motivos de esa decisión en el marco del Reglamento de Acceso a la Información Pública.

En efecto, la inquietud tiene que ver con una supuesta reacción de empresas atentas al fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obliga a dar detalles por los contratos firmados por YPF y Chevron dado que puede permitir a cualquier ciudadano intentar a acceder a información confidencial. Según expresaron los legisladores, en ámbitos empresarios habría preocupación porque dicho fallo sentaría precedentes para otras compañías, y habilitaría que cualquier ciudadano solicitara información de cualquier empresa. Por eso es que Di Tullio y Depetri le solicitaron al holding que aporte documentos relacionados con la transferencia del domicilio de la Sociedad controlante San Faustin S.A. de Islas Caimán a Luxemburgo y que informe cual es la relación de control que existe entre San Faustin S.A. y Roca & Partners Stichting Administratiekantoor Aandelen San Faustin. También que dé a conocer los contratos vigentes que tienen las empresas del grupo con sus controlantes radicados en el exterior y que informe como es la operatoria contable para la remisión de utilidades a las controlantes.