El día siguiente de que Mauricio Macri se consagrara como el nuevo presidente de Argentina, el centenario diario La Nación publicó un editorial en el que pide impunidad para los militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.

Allí se indica que una cuestión que el sucesor de Cristina Fernández de Kirchner debe “resolver” de manera “urgente” es “el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad”.

Para el diario de Bartolomé Mitre, “los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial”.

El editorial es una réplica a una nota de opinión publicada en el mismo diario por la senadora nacional Norma Morandini (Frente Cívico Córdoba). “La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini”, dice el texto.

Dirigentes políticos no tardaron en repudiar el polémico editorial.

La propia Morandini sostuvo que “es una editorial inoportuna y una burla”. “Me veo envuelta en una utilización”, afirmó.

Por su parte, Horacio Pietragalla ‏Corti, diputado nacional del Frente para la Victoria y nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo, escribió en su cuenta de Twitter que “es terrible la editorial de La Nación pidiendo por la anulación de los juicios a genocidas y las políticas de derechos humanos. Ni un paso atrás en derechos humanos”.

En tanto, la diputada nacional Myriam Bregman (Frente de Izquierda), tuiteó: “Acá no pierden un minuto para reclamar impunidad. La Nación: “No más venganza””.

A través de un comunicado, el bloque de diputados del Frente para la Victoria publicó un comunicado en el que señaló que “el proceso de Memoria, Verdad y Justicia es un proceso histórico de más de tres décadas que tiene entre sus orígenes la lucha del movimiento de derechos humanos de nuestro país”.

El comunicado expresa textualmente lo siguiente:

“En el año 2003, la Cámara de Diputados declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y luego, en el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclamó la inconstitucionalidad de esas leyes, dando paso así a la reapertura de las causas judiciales por delitos de lesa humanidad.

“Uno de los resultados más destacable de esta política de derechos humanos es la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad, el conocimiento de la verdad sobre la acción criminal del Estado, las acciones activas para la recuperación de la verdadera identidad de los cientos de niños y niñas apropiados durante la dictadura cívico militar, y la recuperación de sitios de la memoria y su señalización en el marco de acciones activas para que las nuevas generaciones sepan que sucedió, entre otras.

“Más de una década después de aquella decisión histórica del 2003, ya son más de 437 los genocidas condenados y 118 los jóvenes que recuperaron su identidad.

Asimismo, desenmascarar el rol del Estado terrorista, como basamento del modelo de expoliación económica, destrucción del aparato productivo y endeudamiento externo para la dependencia, reflejada en la complicidad civil y los beneficios palpables que los grupos económicos concentrados y transnacionales recibieron durante ese periodo, desarticula la interpretación impulsada por la teoría de los dos demonios, su mirada ahistórica y descomprometida de ese periodo.

Todo ello, ha significado que nuestro país se convierta en una experiencia única y un ejemplo mundial en materia de derechos humanos, Sin embargo, a lo largo de todos estos años de avance se han encontrado obstáculos, reticencias y nuevas formas de eludir el accionar judicial: desde connivencias en la justicia federal en las provincias, amedrentamiento de víctimas, familiares y testigos, ayuda para la evasión de condenados, hasta situaciones que parecieran menores como falta de organización para los debates orales, pero que cumplen con el objetivo de que no se produzcan los juicios.

Frente a ello, en la próxima sesión de la Cámara de Diputados daremos tratamiento a un proyecto de declaración impulsado por el bloque del Frente para la Victoria y compañado por diputados y diputadas de distintos bloques, entre ellos los de la UCR, el Pro, el Frente Renovador, el Socialismo, el FIT y el GEN, en el que reafirmamos: “la obligación del Estado de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad para conocer la verdad de los hechos y condenar a todos los responsables civiles y militares; (…) y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

En el convencimiento de que resulta necesario “reafirmar nuevamente la obligación del Estado Argentino de continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico militar para condenar a todos sus responsables, y el deber del Estado de mantener vivas las políticas de Memoria, Verdad y Justicia como garantía de no repetición en nuestra sociedad”.

Planteamos en este proyecto la preocupación frente a los intentos, ante cada elección presidencial, de dar por tierra con la búsqueda de justicia por los crímenes cometidos por el terrorismo de estado”.

El comunicado agrega que “los legisladores del Frente para la Victoria repudiamos la editorial del diario La Nación en todos sus términos, seguimos sosteniendo que todos y cada uno de los responsables del terrorismo de estado, rindan cuentas ante la justicia y paguen con cárcel efectiva y común por los crímenes que cometieron”.

“Tergiversar la historia, colocar a las víctimas como victimarios, amedrentar a testigos, sobrevivientes y luchadores por los derechos humanos es y ha sido parte de la toma de posición que los medios hegemónicos han impulsado durante estos doce años.

La editorial se presenta nuevamente como un pliego de condiciones frente a una transición democrática a horas de un proceso electoral reñido. Atenta contra los organismos de derechos humanos y del conjunto del pueblo argentino que espera pacientemente que la justicia actúe a casi cuarenta años de los crímenes más aberrantes de la historia contemporánea argentina

“Tal vez debamos interpretar que existe preocupación del matutino por la continuidad de las causas vinculadas a la responsabilidad civil en los delitos de lesa humanidad entre os cuales se encuentra el propietario del diario La Nación”.