El oficialismo intentará asegurarse la presidencia de una de las comisiones más importantes del Congreso, a pesar de que siempre insistió en que la misma debe ser conducida por la oposición. El organismo dictamina sobre la validez de los decretos de necesidad y urgencia que usa el Ejecutivo para sortear al Poder Legislativo.
La batalla por el control de las comisiones del Congreso tendrá su primer capítulo cuando se defina la presidencia y la composición de la bicameral encargada de dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos que firman los presidentes por razones de “necesidad y urgencia” (DNU), por delegación legislativa o para promulgar parcialmente una ley.
Se trata de una de las comisiones estratégicas para la gobernabilidad de los presidentes, por cuanto es la instancia previa para que las cámaras del Congreso determinen mantener o derogar las medidas por las cuales el Poder Ejecutivo sortea al Poder Legislativo.
Por eso mismo, es la única de las comisiones que trabaja a pesar del receso legislativo.
En esta línea, la alianza Cambiemos (Pro-UCR-Coalición Cívica) hará gala de su pragmatismo y buscará asegurarse su presidencia, a pesar de que bajo los gobiernos kirchneristas siempre insistió en que la comisión debía ser conducida por la oposición por tratarse de un “organismo de control” al Ejecutivo.
Pero ahora, como oficialismo, deberá garantizar más de un DNU del presidente Mauricio Macri, a quien le convendrá evitar un Parlamento donde los números le juegan en contra.
En rigor, esto dependerá de la voluntad del Frente para la Victoria, que aun como oposición puede reclamar presencia mayoritaria en la comisión de 16 miembros por ser mayoría en el Senado y primera minoría en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, desde el bloque kirchnerista deslizaron a parlamentario.com que podrían ceder la presidencia del cuerpo, a pesar de la contradicción que pesa sobre Cambiemos. “No podemos estar cuatro años en guerra”, contestó una diputada cuando este medio le preguntó sobre el tema.
La Ley 26.122 de 2006 que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los DNU fue diseñada de manera tal de tratar de garantizar una de las dimensiones de la gobernabilidad de los presidentes: que puedan tomar decisiones.
En ese entonces, la mayoría kirchnerista resolvió que una vez firmados los dictámenes los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero que continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.
Así, por más de que la comisión dictamine en contra de la validez de un DNU, basta con que las cámaras legislativas no lo traten para que el decreto siga en pie.
Los legisladores tienen la obligación de considerar si realmente había una situación de “necesidad y urgencia” que ameritaba al Ejecutivo a firmar un decreto en vez de impulsar una ley o, en el otro caso, “indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
