A pesar de ser oposición, el Frente para la Victoria mantendrá su representación de ocho miembros en la estratégica comisión que deberá analizar la validez de los decretos de Macri. La bicameral se constituirá este martes.
Por Pablo Riveros
En medio de la polémica por los primeros decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri, el Congreso de la Nación conformará este martes a las 18 la estratégica comisión bicameral que se encarga de determinar la validez de este tipo de medidas tomadas para evitar trámites legislativos.
La noticia principal es que el Frente para la Victoria, a pesar de pasar a ser oposición, mantendrá su representación de ocho miembros, por lo que podría retener la presidencia de la comisión.
Todo dependerá del acuerdo que cierren el kirchnerismo y Cambiemos entre este lunes y el mismo martes.
La coalición de gobierno quiere asegurarse la conducción de la comisión, a pesar de ser minoría en ambas cámaras y de haber afirmado durante los últimos 12 años que la misma corresponde a la oposición por tratarse de un organismo de control al Poder Ejecutivo.
Pero lo cierto es que el Frente para la Victoria lleva la ventaja.
Una alta fuente de este bloque sugirió a parlamentario.com que podrían ceder la presidencia a la nueva coalición de gobierno. “No podemos estar cuatro años en guerra”, le había dicho a este medio.
Sin embargo, este año la conducción de la bicameral deberá ser ejercida por el Senado, donde el kirchnerismo reforzó su mayoría. Y esto se verá reflejado en la integración de la comisión: a partir de este martes el bloque de senadores K pasará de tener cuatro a cinco miembros, número que lo deja en mejores condiciones para reclamar la presidencia ante apenas tres senadores anti-kirchneristas.
Distinto hubiese sido si la presidencia de la comisión tendría que ser ejercida por alguien de la Cámara baja. Pues ahora los diputados kirchneristas perderán una silla en la comisión, quedándose con tres representantes.
En suma, el Frente para la Victoria retendrá sus ocho miembros, Cambiemos tendrá seis, UNA de Sergio Massa tendrá uno y el peronismo disidente del Senado se quedará con el restante.
Los nuevos integrantes
Por el Senado: Mario Pais, Juan Manuel Abal Medina, Graciela De la Rosa, Juan Irrazabal, Pedro Guastavino (FpV), Angel Rozas, Luis Naidenoff (UCR) y Adolfo Rodríguez Saá (peronismo disidente).
Por Diputados: Marcos Cleri, Diana Conti, Juliana Di Tullio (FpV), Nicolás Massot, Mario Negri, Luis Petri, Pablo Tonelli (Cambiemos) y Raúl Joaquín Pérez (UNA).
Los DNU de la polémica
La Comisión Permanente de Trámite Legislativo es el único organismo del Congreso que trabaja a pesar del receso de verano. Su tarea es dictaminar sobre la validez o invalidez de los decretos que firman los presidentes por razones de “necesidad y urgencia” (DNU), por delegación legislativa o para promulgar parcialmente una ley.
Se trata de una de las comisiones estratégicas para la gobernabilidad de los presidentes, por cuanto es la instancia previa para que las cámaras del Congreso determinen mantener o derogar las medidas por las cuales el Poder Ejecutivo sortea al Poder Legislativo.
En su primera semana como presidente, Mauricio Macri firmó algunos DNU que generaron polémica. El que más ruido generó fue aquél por medio del cual se designó a dos jueces de la Corte sin audiencias públicas y sin aval del Senado, el cual fue justificado por el receso parlamentario. Sin embargo, la medida ya fue declarada inconstitucional por la Justicia.
Otro decreto que generó polémica fue el que puso a la AFSCA y a la AFSTIC, autoridades de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones, a pesar de que ambas normas establecen que los organismos deben ser autárquicos.
Y a esto se sumaron las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, quien confesó públicamente que el presidente gobernará por medio de DNU si lo considera necesario. Esto mismo generó malestar en la UCR y la Coalición Cívica, los aliados del partido de gobierno.
Pero aunque la presidencia de la comisión siga en manos del kirchnerismo y este logre firmar un despacho de mayoría en contra de un decreto, la medida podría mantenerse firme.
Sucede que la Ley 26.122 de 2006 que reglamenta los artículos de la Constitución referidos a los DNU fue diseñada de manera tal de tratar de garantizar una de las dimensiones de la gobernabilidad de los presidentes: que puedan tomar decisiones.
En ese entonces, la mayoría kirchnerista resolvió que una vez firmados los dictámenes los decretos deben ser aceptados o rechazados por mayoría absoluta de los presentes de ambas cámaras, pero que continuarán vigentes mientras no reciban tratamiento parlamentario.
Así, por más de que la comisión dictamine en contra de la validez de un DNU, basta con que las cámaras legislativas no lo traten para que el decreto siga en pie.
Los legisladores tienen la obligación de considerar si realmente había una situación de “necesidad y urgencia” que ameritaba al Ejecutivo a firmar un decreto en vez de impulsar una ley o, en el otro caso, “indicar si las partes promulgadas parcialmente tienen autonomía normativa y si la aprobación parcial no altera el espíritu o la unidad del proyecto sancionado originalmente por el Congreso”.
