– Más allá del debate constitucional, ¿cree que el presidente debería haber convocado a sesiones extraordinarias para ocupar las vacantes en la Corte Suprema?

– No. Creo que está bien lo que hizo. Decir que no es republicano designar jueces en comisión porque nunca se usó el artículo 99, inciso 19, es un argumento conservador. Este es un sistema presidencial federal donde tenemos que asumir que el Congreso es el más distorsivo de todas las democracias: no representa bien porque esta sobre-representado por las provincias chicas y porque es el único caso en donde hay una renovación parcial [cada dos años] y entonces las representaciones no son las de la ciudadanía. En cambio, el presidente es el único electo por distrito único y la Constitución le da capacidad y legalidad para ordenar la negociación. En este caso no hubo imposición sino que se usó una herramienta legal para resolver un problema: la situación de la Corte condenada a fallar por unanimidad (por tener solo tres de los cinco miembros que debería tener). Entonces, abrir la negociación con sesiones extraordinarias no significa que se fuera a resolver el problema. Pero que nunca se haya designado jueces por decreto no significa que sea ilegal o anti-democrático.

– Sin embargo usted objeta que con estas designaciones se postergue el debate del cupo femenino en la Corte.

– Sí, es una de mis objeciones. Obviamente, si estas son las preferencias de la institución presidencial, esto posterga el tema del cupo. Pero la Corte debe reflejar el clima de época. El Poder Judicial es el órgano del Estado más atrasado en representación de género. No es un problema de la Corte sino el Poder Ejecutivo. Si se amplía el número de integrantes, tendría que cumplirse el cupo.

– ¿Qué otra objeción hace al respecto?

– El Poder Ejecutivo tendría que haber consultado más a sus aliados para coordinar un discurso. Las múltiples voces disonantes sobre el tema, pero que están apoyando la gobernabilidad, generaron una opinión en contra del Ejecutivo. Se exacerba el normativismo cuando hay que tener pragmatismo democrático: usar el margen de la ley para crear poder institucional. El desafío del nuevo oficialismo es salir de la cultura de la oposición.

– Más allá del caso de los jueces, el nuevo Gobierno anticipó que va a gobernar con decretos de necesidad y urgencia (DNU) cuando lo considere necesario. ¿Está de acuerdo?

– Sí. ¿Cómo puede ser que le pidamos a un presidente de minoría que se subordine a un Congreso que no representa bien? Los DNU le sirven más a un presidente de minoría que a uno de mayoría. En esto también hay una aprendizaje si uno observa cómo votaron los partidos de Cambiemos los DNU del kirchnerismo. La línea más dura del Pro, que es un partido nuevo, y (de la diputada Elisa) Carrió es que nunca tenían legitimidad. En cambio la UCR se abstenía pero no los rechazaba por “ilegítimos”. Hay un aprendizaje: una cosa es un partido parlamentario y otra cosa es un partido presidencial.