Si algún esmero especial puso la administración que acaba de dejar el poder tras 12 años y medio fue en pensar en su legado. Lo hizo de mil maneras: armando lo que se conoce como el “relato”, por el cual una militancia fervorosa y un porcentaje importante de la población encuentra que los que gobernaron esos años se han garantizado un lugar importante en la historia; o bien estirando un status quo que les permitiese irse sin arriar banderas que alimentaron precisamente ese relato.

Podría agregarse también que se fueron dejando una suerte de campo minado para quien llegara, fuera propio o ajeno, que lo obligaría a implementar medidas antipáticas que durante más de una década ellos se resistieron a implementar.

Ese legado incluye también personas. Un número indeterminado de nombramientos con el que la nueva administración deberá convivir mayormente, a menos que implemente un recorte de proporciones con consecuencias gremiales. Aunque el Presidente recomendó no caer en una “caza de brujas”, el gobierno ya anticipó que pondrá bajo la lupa miles de empleos públicos. Algunos ponen paños fríos al asunto y sugieren recordar lo sucedido en 2007, cuando Mauricio Macri ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, y entre las primeras medidas puso en la mira a los ñoquis. Tal decisión terminó siendo parte de una negociación con el gremio de los municipales, que la diluyó. Pero le sirvió a Macri para “marcar la cancha” y poder negociar luego. Que es lo que hará el gremio ATE este martes 29 -fecha curiosa, si se habla de ñoquis-, cuando realice un paro y movilización contra los “despidos masivos”. Y lo que también hicieron los gremios legislativos a menos de una semana de asumir el nuevo gobierno, cuando realizaron una masiva concentración en el interior del Palacio Legislativo, ante el “rumor” de despidos y anulación de recategorizaciones.

Algo más que “marcar la cancha” es lo que se propuso el Presidente al desplazar con un decreto a los titulares de la AFSCA y la AFTIC esta última semana. Porque el legado al que hicimos referencia incluye también, y sobre todo, cargos que cuentan con acuerdo del Senado cuyos mandatos trascienden la administración saliente. Como una demostración de fuerza en la que considera que pone en juego su autoridad ante la oposición peronista, el presidente Macri se impuso reemplazar a la totalidad de esos funcionarios.

En algunos casos, como la presidencia del Banco Central, era imprescindible hacerlo: entre otras cosas no podía desarmarse el cepo con Alejandro Vanoli al frente de esa entidad y un directorio poblado de funcionarios designados por Axel Kicillof. Vanoli prometió resistir, luego sugirió que podía irse, y seguramente ante un llamado de su jefa política reconsideró esa disposición. Pero su situación judicial por la venta de dólares a futuro es complicada y finalmente optó por renunciar y no enmarañarse aún más. Igual, como lo demostró en la época K el caso Martín Redrado, al Ejecutivo no le hubiera resultado difícil echarlo; bastaba con un trámite legislativo que el macrismo podía cumplir sin mayores inconvenientes pese a su precariedad parlamentaria.

Varias fuentes aseguran que, como Vanoli, todos esos funcionarios con estabilidad más allá del 10 de diciembre recibieron instrucciones de permanecer en sus puestos contra viento y marea. Ricardo Echegaray fue el único que consiguió el aval de Cristina para dejar la AFIP y ponerse al frente de la AGN. De momento como la vicepresidenta Gabriela Michetti no firma, ese trámite se demora.

Pese a tener mandato hasta enero de 2018, José Sbatella, presidente de la Unidad de Información Financiera, se fue sin pelear. No así Martín Sabbatella, el más obediente kirchnerista que buscó darle a su salida inexorable una pátina de épica, aunque su resistencia fue más bien endeble y se agotó ante una resolución judicial y sin grandes manifestaciones de adhesión ante el feriado navideño. Regía ya el asueto administrativo y buena parte de la militancia de Nuevo Encuentro estaba alcanzada por el mismo.

¿Por qué tanto esfuerzo oficial para eyectar a los titulares de la AFSCA o la cuasi ignota AFTIC? Mauricio Macri considera que son gestos de autoridad que necesita dar, como señales hacia un peronismo que está dando sus primeros pasos en mucho tiempo fuera del poder. Y que las consecuencias son inocuas ante el gran público, al que poco preocupa la suerte de esas segundas líneas.

Hay otros casos menores cuyos desplazamientos generaron menos ruido, mas no poco esfuerzo. La directora ejecutiva de Radio Nacional, María Seoane, recién renunció esta última semana, camino que se resiste a emprender su segundo, Vicente Muleiro. Lo mismo que Alberto Cantero, uno de los directores de Radio y Televisión Argentina, designado por el Poder Ejecutivo; un ingeniero agrónomo premiado en su momento por el kirchnerismo por haber presidido la Comisión de Agricultura de la Cámara baja durante la guerra con el campo, en 2008/2009.

Distinto es el caso de Alejandra Gils Carbó, la procuradora general de la Nación, cuyo desplazamiento no será posible por la vía legislativa y cuenta con una ley, la 24.946, que imposibilita su remoción. Como con Sabbatella, el macrismo pensó inicialmente en la vía del decreto, pero en su caso ya sería demasiado. Aun con todas las prevenciones que la procuradora despierta en el arco opositor -excluyendo al FpV-, la remoción por DNU sería un límite excesivo para trasponer. Se lo dejó claro al Presidente la diputada Margarita Stolbizer, que recomendó “ser muy cuidadosos con no romper la institucionalidad para hacer algo por decreto que no corresponde, porque Gils Carbó no fue designada en representación del Ejecutivo”.

De ahí que el gobierno decidiera no avanzar por ahora en esa dirección. Optará en cambio por acotar sus funciones, para lo cual no tiene otro camino que apelar a la vía del decreto, por el cual modificará la norma impulsada por Cristina Kirchner que le otorgó a la Procuración General más atribuciones a través de la nueva Ley de Inteligencia, transfiriéndole al Ministerio Público Fiscal la totalidad de las escuchas judiciales. Es inminente la publicación de un decreto por el cual la ex Oficina de Observaciones Judiciales (conocida como Ojota), que regula el tema de las escuchas telefónicas, pasará al ámbito de la Corte Suprema, tal cual la oposición pidió en su momento cuando se discutió la cuestión durante el trámite legislativo.

Paralelamente el gobierno piensa en postergar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que les daba más poder a los fiscales en general y a Gils Carbó en particular.

De momento, son las medidas que se aplicarán para disminuir la influencia de la procuradora, que cumplirá no obstante su premisa de mantenerse en el cargo, cosa que el Ejecutivo no podrá alterar al menos en lo inmediato. Son límites que al no poder alcanzar, llevan al macrismo a concentrarse en otros personajes, como Martín Sabbatella.