El legislador porteño Gustavo Vera (Bien Común) ratificó su denuncia penal contra el Ejecutivo de la Ciudad, por el atraso de más de un mes en el envío del Presupuesto 2016 y por la falta de las rondas de ministros, habitualmente realizadas en la Legislatura porteña durante el tratamiento de la “ley de leyes”. El diputado también acusó el incumplimiento de la ley 70, que establece el debate participativo de la iniciativa.

En la denuncia penal se señala que en la misma sesión que se aprobó el presupuesto, con 32 votos positivos, 21 negativos y 7 abstenciones; también se sancionaron proyectos con pedidos de empréstitos que superan los 1.200 millones de dólares.

En este sentido, el legislador cargó contra diputados del Pro, e incluso del Frente para la Victoria, porque “aceptaron endeudar al Estado sin saber en qué condiciones se solicita el préstamo, el tipo de tasa de interés, a qué banco u organismo se solicitará, bajo que jurisdicción judicial, sin definir la moneda de la operación, como la paridad de los títulos, entre otras tantas especificaciones mínimas”.

Vera explicó que en el caso del proyecto para la construcción de una planta de residuos en zona norte, se aprobó una deuda en 120 millones de dólares. El titular de La Alameda recordó su voto en contra y dijo que “este negociado beneficia directamente a Benito Roggio, líder del grupo Roggio, que nació en la década de los ochenta con los negocios de la basura y la concesión del subterráneo”.

“En realidad, es un negocio que el Gobierno de la Ciudad paga al grupo Roggio que gestiona el relleno y la planta MBT, ya que se paga por tonelada de tierra recuperada, y para ello se cuenta el material y la tierra, y Roggio no paga la tierra, ahora la tiene gratis, antes la pagaba. Es un terreno de 300 hectáreas y se plantea ampliar a 275 hectáreas más”, apuntó el diputado.

Además, criticó severamente el tratamiento exprés que tuvieron una serie de iniciativas, y expresó que en la Legislatura “no nos pueden tratar como una vil escribanía, votar a libro cerrado negocios que son infames. Acá coinciden la mayoría de los legisladores por un toma y daca, esto es absolutamente invotable, avasalla el Poder Legislativo y así no se construye República”.

En la presentación judicial, el legislador aclaró que “estos expedientes no fueron sometidos a estudio alguno en el marco de la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria. A su vez carecen de documentación que avale los pedidos realizados por el Ejecutivo porteño respecto a este punto en particular”. Y calificó a las iniciativas como “verdaderos ‘cheques en blanco’”.

Vera revalidó su denuncia en la Fiscalía Nacional en lo Correccional N° 12, a cargo de José Mariano Orfila (subrogante), quien tramita el expediente 71.351/15 junto el juzgado Correccional N° 11.