Ante el receso parlamentario, pero sin convocar a sesiones extraordinarias, el presidente Mauricio Macri firmó dos nuevos decretos de necesidad y urgencia (DNU) para modificar dos leyes sancionadas por el Congreso este mismo año.

Por un lado, el mandatario modificó la ley de implementación del nuevo Código Procesal Penal con el objetivo de postergar su debut. La nueva legislación, que establece el reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio donde los jueces se limitarán a juzgar y los fiscales monopolizarán la investigación, debía comenzar a aplicarse en Capital Federal el 1 de marzo.

Según el decreto, el nuevo Código entrará en vigencia de acuerdo con el “cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, el ministro de Justicia, Martín Garavano, señaló que “el Gobierno anterior intentó apurar procesos”, ya que “quería poner en marcha un proceso que en otros países ha llevado entre seis y ocho años”, por lo que cuestionó que “acá se quiso hacer de un día para el otro”.

Por otra parte, el presidente modificó la nueva Ley de Inteligencia sancionada en febrero pasado con el objetivo de traspasar desde el Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia el sistema de escuchas telefónicas para tareas de inteligencia.