El decreto habilitó a la diputada a conducir el nuevo organismo creado en reemplazo de la Oficina Anticorrupción. Otro decreto se lo prohibía por no ser abogada.
El Gobierno de Mauricio Macri diseñó un nuevo marco normativo para habilitar a la diputada nacional Laura Alonso (Unión Pro) a conducir la flamante Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que funciona en el ámbito de la ex Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Con la firma del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, el decreto 252/15 publicado en el Boletín Oficial cambió el requisito establecido por el decreto 102/99 que establecía que el titular de la Oficina Anticorrupción debe “tener no menos de seis años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica antigüedad profesional en el Ministerio Público o en el Poder Judicial”.
Pero este no es el caso de Alonso, que es licenciada en Ciencia Política.
Por eso, el nuevo decreto establece que el funcionario a cargo “deberá poseer título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana”.
En este sentido, el decreto 226/15 establece que Alonso “cumple acabadamente con los requisitos para ser designada titular de la Oficina Anticorrupción, de acuerdo con sus antecedentes académicos, profesionales y laborales”.
