A pesar de otros años electorales, donde la campaña proselitista produjo una merma en la actividad parlamentaria, en 2015 el Congreso se mantuvo muy activo en la sanción de leyes y tratamientos de temas en comisión.

Así, el último año legislativo de la era kirchnerista se caracterizó por la presencia de leyes y temas relevantes en materia de justicia (Código Procesal Penal, situación de la Corte, ley de subrogancias) y economía (Presupuesto 2016, prórroga de impuestos y de emergencia económica, ley “anti-buitres”, protección de acciones en empresas privadas), así como de proyectos reparatorios (a las víctimas del atentado a la AMIA, a extrabajadores de empresas privatizadas y a soldados de Malvinas).

Pero a pesar de la conflictividad tradicional entre el oficialismo y la oposición en las cuestiones principales de la agenda parlamentaria, el arco político logró consenso en temas importantes. Ejemplos de ellos son la institucionalización de la Asignación Universal por Hijo y la política de modernización de los ferrocarriles, los ascensos en el ámbito de las Fuerzas Armadas y la creación de las universidades San Antonio de Areco, Guillermo Brown, Pedagógica Nacional y Raúl Scalarbini Ortiz (San Isidro).

Por otra parte, Cristina Kirchner mantuvo una fuerte presencia en la agenda legislativa con proyectos de diversa índole. Lo singular es que esta vez la presidenta saliente promovió la sanción de leyes que asegurasen la continuidad de algunas de sus políticas: la AUH, la modernización ferroviaria, la protección de acciones del Estado y las reestructuraciones de deuda soberana.

Un dato no menor es que mientras el nuevo presidente, Mauricio Macri, busca auditar las cuentas del Estado, la exmandataria consiguió la aprobación de sus informes sobre la aplicación de los Presupuestos de 2011, 2012 y 2013 -denominados “cuentas de inversión”- con el objetivo de evitarse conflictos con el Congreso y la Justicia.

ENERO

Muerte de Nisman. El receso estival fue sacudido por la resonante renuncia presentada por el fiscal especial de la causa AMIA Alberto Nisman, contra nada menos que la presidenta de la Nación, el canciller Héctor Timerman, el diputado camporista Andrés “Cuervo” Larroque, Luis D’Elía y el líder de Quebracho Fernando Esteche, por un supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Rápida de reflejos, la oposición convocó al denunciante a brindar un informe el lunes siguiente en el Congreso de la Nación, ocasión para la cual el oficialismo anticipó que sería recibido “con los tapones de punta”. Pero Nisman no llegó al lunes: apareció muerto el domingo, supuestamente suicidado en un caso que todavía sigue sin ser esclarecido. El verano estuvo signado a partir de entonces por ese caso.

FEBRERO

Nueva Ley de Inteligencia. La reforma al área de inteligencia del Estado fue impulsada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero y del desplazamiento de la cúpula de la entonces Secretaría de Inteligencia en diciembre de 2014. La ley, sancionada en sesiones extraordinarias, transparentó algunos aspectos del trabajo de los espías, reemplazó a la SI por la Agencia Federal de Inteligencia y determinó que su presidente y vice deben tener acuerdo del Senado. Además, traspasó del Poder Judicial al Ministerio Público Fiscal el sistema de escuchas telefónicas, en medio de las denuncias cruzadas por la connivencia entre políticos, jueces y agentes de inteligencia en actividades ilegales por pujas de poder.

MARZO

Audiencias con Roberto Carlés. El Senado dictaminó a favor del pliego de Roberto Carlés, el candidato de Cristina Fernández de Kirchner para ocupar la vacante de Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte Suprema. La designación no se concretó porque el kirchnerismo no pudo reunir los dos tercios para aprobar el pliego.

ABRIL

Reactivación de los ferrocarriles. Por iniciativa presidencial y con amplio consenso político, se declaró de interés público la política de reactivación de los ferrocarriles, por medio del cual el Estado debe asumir legalmente un compromiso con el desarrollo del sistema ferroviario. La norma permite a empresas trabajar en distintos ramales aunque permite que sus contratos puedan serán reconvenidos.

La ley también volvió a poner en manos del sector público todas las decisiones referidas al uso de las vías, lo que permitiría acelerar tiempos de obras y mejorar aspectos logísticos del sistema. Además se creó la empresa Ferrocarriles Argentinos para encabezar la reorganización del sistema.

Indemnización a víctimas del atentado a la AMIA. Por unanimidad, el Congreso determinó el pago, por única vez, de un beneficio extraordinario a las víctimas y familiares directos de quienes hayan fallecido o sufrido graves lesiones en el atentado de 1994, hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios contra el Estado Nacional.

Indemnización a ex agentes de YPF. Se aprobó el derecho a una indemnización por parte del Estado Nacional para 36 mil extrabajadores que se desempeñaban en la petrolera hasta el 1 de enero de 1991 o sus herederos o derechohabientes, que no hayan sido incluidos en el Programa de Propiedad Participada o que habiéndolo hecho, no hayan recibido el efectivo traspaso a su nombre de las acciones. Se trata de un reclamo de más 20 años de lucha que comenzó tras la privatización de la empresa.

MAYO

La situación de Fayt. El kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se hizo eco de las versiones que indicaban que el entonces juez supremo Carlos Fayt, de 97 años, no estaba en condiciones físicas y mentales de ejercer semejante cargo. Así, tras la re-reelección anticipada de Ricardo Lorenzetti como titular de la Corte, los diputados del Frente para la Victoria iniciaron una investigación para determinar la idoneidad del veterano magistrado, que finalmente no fue más que una serie de presiones verbales. El tema fue dejado de lado durante la campaña electoral y Fayt renunció el 11 de diciembre, un día después del relevo presidencial.

JUNIO

Leyes de implementación del nuevo Código Procesal Penal. El reemplazo del sistema inquisitivo por otro acusatorio -donde los jueces se limitan a juzgar y los fiscales monopolizan la investigación- contó con fuerte respaldo de las comunidades judicial, académica y política, pero solo dos de las cinco normas complementarias que impulsó el kirchnerismo contaron con apoyo opositor: las reformas del Ministerio Público de la Defensa y del Código Penal. Las otras fueron la ley de implementación progresiva del nuevo sistema, la reforma al Ministerio Público Fiscal y el régimen de organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, que la oposición objetó por la presunta acumulación de poder en manos de la Procuraduría General, además de cuestiones técnicas. Según el discurso oficial, con el nuevo sistema se agilizarán las causas, las víctimas podrán participar de los procesos de investigación y habrá mayor publicidad del procedimiento procesal, entre otras cuestiones.

Ley de Subrograncias. La norma aprobada solo por el kirchnerismo permitía que una mayoría absoluta en el Consejo de la Magistratura pudiera reemplazar a un juez apartado por otro magistrado de igual jurisdicción o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. A poco de ser aprobada, la ley se aplicó para el desplazamiento de Luis María Cabral del cargo de subrogrante que ejercía en una sala de la Cámara de Casación Penal, justo cuando el magistrado debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo con Irán. Sin embargo, la norma fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

JULIO

Movilidad de las asignaciones familiares. Se estableció un mecanismo de actualización automático, dos veces al año, para las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, tal como rige para las jubilaciones. En Diputados salió por unanimidad y en el Senado hubo apenas una abstención. De esta forma, la AUH dejó de ser un decreto y pasó a ser ley, por lo que su continuidad dependerá exclusivamente del Congreso.

Transporte aéreo. Se determinó que el servicio público de navegación aérea, que incluye la información y las comunicaciones aeronáuticas, constituye un “servicio público esencial”. Esto significa que no se puede interrumpir de forma total el servicio, aunque esto no impide el derecho a huelga de los trabajadores del sector.

Nuevo jefe del Ejército. En plena campaña electoral, el Senado interrumpió su receso de inverno para dar acuerdo para el ascenso de Ricardo Cundom al grado de jefe del Ejército, en reemplazo del cuestionado César Milani.

AGOSTO

Día contra la violencia de género en los medios. Con fuertes críticas a coberturas mediáticas sobre casos de agresiones contra las mujeres, se instituyó el 11 de marzo de cada año como el Día Nacional Contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación.

SEPTIEMBRE

Protección de acciones del Estado en empresas privadas. Se determinó que la venta de acciones del Estado en empresas privadas debe ser autorizada por los dos tercios cada cámara del Congreso. Se trata de los derechos accionarios en compañías como Clarín, Banco Macro, Edenor, Alto Palermo, Siderar, Telecom y Quickfood, entre tantas otras, que adquirió la ANSES luego de la estatización de las AFJP y que pasarán a ser administradas por una nueva agencia estatal. El kirchnerismo reconoció que presentó el proyecto ante la posibilidad de que Mauricio Macri ganara las elecciones presidenciales y, como sugiriera uno de sus asesores, vendiera acciones para obtener dólares.

Fomento de fuentes renovables. Se propuso lograr que un ocho por ciento de la matriz nacional de la energía eléctrica sea aportada en 2017 por fuentes renovables, y alcanzar el 20 por ciento en el 2025.

OCTUBRE

Presupuesto 2016. A pesar de la incertidumbre por el resultado de las elecciones presidenciales, el kirchnerismo decidió aprobar en soledad la ley de gastos y recursos del Estado para el año próximo. Además de definir las partidas para obras públicas, educación, salud, ciencia, transporte y subsidios, el gobierno de Cristina Kirchner estimó números de PBI, IPC y comercio exterior que difícilmente su cumplan tras el cambio en la política económica que implementó Mauricio Macri.

Emergencia económica e impuestos. Junto con el Presupuesto 2016, el kirchnerismo volvió a prorrogar la ley vigente desde 2002. Con ella, el Congreso delega al Ejecutivo las facultades que le permiten fijar tarifas, renegociar los contrarios de servicios públicos, regular los precios básicos de la canasta básica de alimentos, declarar la emergencia sanitaria y laboral, reordenar el sistema financiero, entre otras cosas, en tiempos de “normalidad”. También se prorrogó el impuesto al cheque y al tabaco.

Ley anti-buitres. El Congreso ratificó los nueve principios de la ONU para guiar las reestructuraciones de deuda soberana, impulsados a nivel internacional por la misma Cristina Kirchner a raíz del litigio con los fondos buitre.

La primera generala. Por unanimidad, el Senado aprobó el ascenso de la primera mujer al grado de general del Ejército. Se trata de María Isabel Pansa, quien fue edecana de Cristina Kirchner.

Nueva agencia de control de armas. Tras un pedido de la presidenta y con el aporte de distintos bloques, se creó una agencia para reemplazar al Registro Nacional de Armas (RENAR) en la fiscalización y control de armas, explosivos y municiones. En se sentido se estableció que los fondos recaudados en el ámbito del sistema de control de armas dejen de ser administrados por un ente privado y pasen al Estado nacional, el cual deberá destinarlos para políticas de desarme, prevención de la violencia armada y promoción de la “cultura de la paz”.

Fomento de la industria satelital. Por iniciativa presidencial, se declaró de interés público el desarrollo de la industria satelital como política de Estado y se aprobó un “Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035”. Asimismo se determinó que las acciones y activos estratégicos de la empresa ARSAT solo podrán venderse con la autorización de los dos tercios de cada cámara del Congreso.

Marco legal para actores. Se aprobó una ley impulsada por Cristina Kirchner que reconoce a los actores como sujetos de derechos y promueve para ellos un régimen laboral y previsional especial.

Fomento del deporte. Por impulso de La Cámpora, se aprobaron modificaciones a la Ley de Deporte de 1974 y se creó un Ente Nacional de Desarrollo Deportivo y un plus en la Asignación Universal para los hijos que practiquen deportes. Los proyectos, elaborados en el marco de audiencias públicas en todo el país, fueron rechazados por el oficialismo actual, quien denunció la creación de nuevos cargos para militantes kirchneristas. Finalmente se excluyó la creación de nuevos impuestos para financiar al nuevo ente.

Con los menores no. Se sanciona la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuyas víctimas sean menores de edad.

NOVIEMBRE

Investigación de empresarios cómplice con la dictadura. Por iniciativa del diputado kirchnerista Héctor Recalde, se creó una comisión bicameral para investigar y aportar datos al Poder Judicial sobre la complicidad de empresarios con la última dictadura cívico-militar. El proyecto fue rechazo por el Pro y los senadores de la UCR, a pesar de habían sido votado a favor por sus correligionarios diputados.

Ayuda para víctimas de violencia de género. La ley impulsada por el senador kirchnerista Juan Manuel Abal Medina dispone un cuerpo de abogados del Estado para que se asista gratuitamente a las mujeres mientras dura el proceso judicial.

Auditores kirchneristas. Poco antes del balotaje, y en medio de una sesión escandalosa, los diputados kirchneristas cumplieron con la orden de Cristina Kirchner de designar a los camporistas Julián Alvarez y Juan Ignacio Forlón como integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN), en reemplazo de los peronistas Oscar Lamberto y Vicente Brusca. Los nombramientos generaron cruces en el propio Frente para la Victoria, que se ganó una denuncia judicial de la oposición por presuntas irregularidades en el proceso.

DICIEMBRE

Paquete de leyes con media sanción. En la última sesión del año, luego del triunfo electoral de Mauricio Macri y antes de la asunción de los nuevos legisladores, diputados opositores como Claudio Lozano (Unidad Popular), Victoria Donda (Libres del Sur) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda), entre otros, le garantizaron el quórum al kirchnerismo para darle media sanción a un paquete de proyectos que ahora aguardan tratamiento en el Senado. Entre ellos estaban la iniciativa que crea la empresa Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) para explotar la mina de Río Turbio y propuestas laborales que incluyen la participación de los trabajadores en las ganancias anuales empresarias en la compañías telefónicas privatizadas y los canales y productoras de televisión, la indemnización a los trabajadores de Gas del Estado, Segba y Agua y Energía –marginados del régimen de propiedad participada durante su privatización bajo el menemismo– y la expropiación del Hotel Bauen, recuperado por sus trabajadores luego del abandono de sus dueños tras la crisis de 2001.

Investigación de fuga de divisas. Una comisión bicameral presentó su informe final ante las denuncias de fuga y ocultamiento de divisas, tras un año de audiencias públicas con especialistas y ejecutivos bancarios acusados de facilitar maniobras para evadir al fisco.