La diputada nacional del PTS en el Frente de Izquierda Myriam Bregman informó que desde la banca que ocupa en el Congreso Nacional aportaron este fin de semana $ 50.000 en alimentos y suministros para los afectados por las inundaciones de Concordia, una de las localidades más perjudicadas del litoral. El aporte del FIT fue entregado al sindicato docente de la ciudad (AGMER Concordia), que viene jugando un rol clave en la organización de la solidaridad popular con los inundados.

Al respecto, Bregman declaró que “al mismo tiempo que sumamos nuestro aporte, denunciamos que el Gobierno nacional y provincial intentan dar un mensaje tranquilizador cuando la realidad es que la situación se agrava día a día”. La diputada del FIT destacó también que “mientras los gobiernos de Cristina Fernández y Uribarry no garantizaron siquiera las obras de infraestructura indispensables, Macri asumió otorgando enormes beneficios a las patronales agrarias y no tomó ninguna medida para enfrentar las consecuencias de las crecidas anunciadas desde noviembre”.

Asimismo, el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño advirtió que “ésta no es una tragedia natural o imprevisible, sino el resultado de un modelo productivo que ha devastado los recursos naturales con desmontes, represas, avances del monocultivo y del negocio inmobiliario. Como ocurrió en Santa Fe en 2003 y en La Plata en 2012, queda claro que los empresarios como el agropower, en complicidad con el PJ, la UCR y el PRO, amasan fortunas con consecuencias que paga el pueblo trabajador con su propia vida, sus hogares y con lo poco que consiguieron tener”.

En este sentido, Del Caño enfatizó que “exigimos al gobierno nacional la inmediata implementación de un plan de obras públicas y de infraestructura para prevenir las inundaciones; el resarcimiento a todos los afectados por todos los daños causados, sin condiciones; y que se garantice una vivienda digna para todas las familias que sufren la inundación”. El referente de la izquierda destacó que “también vemos la necesidad de impulsar una Comisión investigadora independiente, conformada por los afectados, las organizaciones sociales, la universidad, los sindicatos y centros de estudiantes, para tener información certera de las zonas de riesgo y prever futuras inundaciones, para que se investigue a fondo los efectos del modelo productivo y para que haya juicio y castigo a los culpables”.