Quince años y meses después de que estalló el escándalo, cerró la causa penal por las “coimas en el Senado” para aprobar la ley de flexibilización laboral reclamada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición desembolsar los créditos necesarios para salvar la convertibilidad.

La investigación penal concluyó en los últimos días antes de la feria judicial de verano y cuando estaba a un paso de llegar a la Corte Suprema, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el “beneficio de la duda”.

Los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley de reforma laboral.

Tras ese fallo de Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte.

Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de seis años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. “No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena”, planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que el diario La Nación revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la norma laboral, conocida como Ley Banelco, luego derogada por el kirchnerismo.

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa; su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez; su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir “para los senadores tengo la Banelco”-; el presidente provisional del Senado, Alberto Tell; y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

De acuerdo al periodista Hugo Alconada Mon, la pesquisa judicial sufrió avances, retrocesos y múltiples retrasos hasta que el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, se presentó en 2003 en los Tribunales como arrepentido y declaró cómo fueron las negociaciones y los pagos.

El Tribunal Oral Federal N° 3, sin embargo, absolvió a todos los acusados -incluido Pontaquarto, al que calificaron de “embaucador”- en diciembre de 2013 al considerar que no se probaron las coimas. Más aún, afirmó que los hechos investigados “no existieron”, y pidió al Consejo de la Magistratura que evaluara la actuación del juez federal a cargo de la pesquisa, Daniel Rafecas.

El 4 de diciembre pasado, en tanto, la Cámara de Casación confirmó todas las absoluciones, pero no llegó tan lejos como el Tribunal Oral. La jueza Ana María Figueroa y el subrogante Norberto Frontini consideraron que las pruebas recopiladas en el expediente no confirmaban el testimonio de Pontaquarto y que, por tanto, correspondía aplicar el beneficio de la duda a todos los acusados.

“Lo expuesto me lleva a afirmar la presencia de un estado de duda incompatible para arribar a un juicio de incriminación penal”, sostuvo Figueroa y suscribió Frontini, mientras que el tercer camarista, Mariano Borinsky se limitó a rechazar los recursos de apelación por falta de fundamentación.

Ante ese fallo, el fiscal De Luca planteó que no compartía la sentencia de Casación, pero que no la recurriría “por cuanto el razonamiento para arribar a la absolución de los imputados consiste en que la prueba de los hechos no supera el estándar de la duda razonable, lo cual la hace inimpugnable mediante el recurso extraordinario federal”.

Dentro de la Oficina Anticorrupción, en tanto, los abogados debatieron qué hacer, dado que su acusación era por peculado, con una pena de 10 años. Hasta que se fijó posición mediante un dictamen interno que se emitió después que se marchó el titular del organismo durante el kirchnerismo, Julio Vitobello, y antes de que asumiera su nueva titular, Laura Alonso.

En ese dictamen, dirigido al subdirector de Investigaciones y cuya copia obtuvo La Nación, los abogados estimaron que la probabilidad de que la Corte revocara el fallo de la Casación era “bastante remota” porque debería colocarse como “tercera instancia” de revisión “de hecho y prueba”, lo que es ajeno a su competencia. Y a eso se suma, que la acción penal “estaría próxima a prescribir por el transcurso del tiempo”. Por eso, indicaron, “sugerimos que debe consentirse la sentencia dictada”, como ocurrió.

Así, 15 años después de que estalló el escándalo y envuelto en el “beneficio de la duda”, la investigación por las “coimas en el Senado” llegó a su fin.