Cynthia Ottaviano solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones a la Ley de Medios y a la Ley Argentina Digital sin aval del Congreso.
Cynthia Ottaviano, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, órgano que depende del Congreso, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA tras la oficialización del decreto presidencial que creó el Ente Nacional de Comunicaciones e introdujo modificaciones en la Ley de Medios y en la Ley Argentina Digital sin aval del Parlamento.
Es que según la funcionaria, las modificaciones “vulneran los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.
Por medio de un comunicado de prensa, Ottaviano consideró que la creación del Ente Nacional de Comunicación, que fusionó a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), autoridades de aplicación de la Ley de Medios y en la Ley Argentina Digital, generó “una situación que amenaza el respeto de los principios que desde el sistema interamericano se han defendido” puesto que se están “vulnerando los estándares internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad de este tipo de autoridades de medios audiovisuales”.
En este sentido, reclamó la intervención de la CIDH, “en el marco de sus facultades”, ya que entiende que leídas en conjunto, las medidas dictadas por el Gobierno de Mauricio Macri “desarticulan todo el andamiaje institucional que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) había creado para garantizar la autonomía, independencia y pluralismo de la Autoridad de Aplicación y para dar adecuado cumplimiento a los estándares internacionales en la materia”
La solicitud de “urgente intervención” efectuada por la Defensoría al relator especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, tiene “el fin de evitar que las medidas adoptadas signifiquen un retroceso en la protección de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”.
Por otra parte, pide al relator que “arbitre los medios necesarios para convocar a una audiencia con carácter urgente con el objeto de analizar la situación aquí planteada”.
