En un duro comunicado, la Asociación de Personal Legislativo (APL) manifestó oficialmente su postura ante el despido de 2.035 empleados anunciado por las autoridades del Senado este lunes. Allí trazan un paralelo entre la decisión adoptada por la titular del cuerpo, Gabriela Michetti, con el episodio de las coimas del Senado, operación que tuvo por objeto, recuerdan, aprobar “una ley que derogó históricas conquistas de los trabajadores de nuestro país”.

Señala APL que el mismo día en el que se decidió el cierre de esa causa, con absoluciones para todos los imputados, “la actual presidenta de esa Cámara alta, Gabriela Michetti, decidió dejar sin trabajo a más de dos mil trabajadores”.

En el marco del paralelismo trazado, el gremio que conduce Norberto Di Próspero puntualiza que mientras fueron absueltos los involucrados en el caso de las coimas del Senado porque no se encontraron pruebas suficientes, concediéndoseles el beneficio de la duda, “los trabajadores dados de baja por Gabriela Michetti no tuvieron chance alguna de defenderse”. Ni siquiera, dice el comunicado, “se les dio la oportunidad de un proceso para informar sobre sus funciones”.

“Tampoco gozaron del beneficio de la duda, ya que desde un principio se promovió una campaña de descrédito y difamación que buscó la condena pública. La acusación, promovida como las cazas de brujas a las que son tan afectos los regímenes autoritarios, era también una condena: ‘son ñoquis’”.

En el comunicado emitido por APL, parafrasean al papa Francisco, que ha señalado que “quien insulta a su hermano mata a su hermano en su corazón. Quien habla mal a su hermano mata en su corazón”, para luego reivindicar el reclamo hecho por Norberto Di Próspero a las autoridades del Senado para que “denuncien como corresponde a quiénes no cumplen con sus responsabilidades”.

“Lo que se reclama es la republicana posibilidad de ejercer el derecho de defensa, porque si se permite a cualquier persona al asumir un alto cargo dictamine según su discrecional prejuicio lo que se derrumba es la República de la que tanto se suele alardear”, expresa el gremio. Advierten que “si el motivo por el que se desconoce el derecho adquirido de un trabajador a mantener su empleo es un prejuicio ventilado públicamente, el afectado no solo tiene el derecho a recuperar su lugar laboral, sino también a ser indemnizado por el agravio que gratuitamente se le imputó”.

Así las cosas, la Asociación del Personal Legislativo solicitó a las autoridades del Senado dejar sin efecto la decisión adoptada y conformar una comisión con la plena participación de los gremios, que se encargue de analizar las “supuestas situaciones de anomalía”, y solo posteriormente, de acuerdo con las conclusiones a que llegue la misma, se adopten las medidas que correspondieran.