Es una buena noticia la firma del convenio que traspasa la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, y otras dependencias, de la Policía Federal, a la ciudad autónoma de Buenos Aires (CABA); y, el anuncio de que se estudia, hacer lo propio con los tribunales penales de la Justicia “Nacional”.

Con ello se afianza aquello de que la ciudad se rige por “un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción” (Art. 129 Constitución Nacional), al asignarle funciones, servicios y recursos que, hasta ahora, ejerce inapropiadamente el gobierno federal, y sostenemos todos los argentinos, para beneficio exclusivo de los que habitan en la Capital (Art. 75, 2 CN).

Esto debería completarse con traspasar toda la Justicia llamada “Nacional”, que en la actualidad, junto con la federal –con sede en la Capital y que no debe transferirse-, integra el Poder Judicial de la Nación, y que no solo comprende los tribunales en lo Criminal -que son los que se estudia transferir-, sino también los civiles, comerciales, laborales y de menores, que junto a fiscales y defensores del Ministerio Publico Nacional –que se desempeñan en dichos tribunales- también deberían ser incorporados al Poder Judicial de la CABA.

Los tribunales que pasen a la ciudad dejaran de ser inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y, en adelante, lo serán del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, lo que los acercará más a los usuarios.

Ello permitirá disminuir la cantidad impresionante de causas que atiende y falla la Corte, que en gran medida provienen de recursos en contra de fallos de los tribunales “Nacionales” con asiento en Buenos Aires. A título de ejemplo, en el año 2010 la Corte Suprema resolvió 11.783 causas, en 2011 lo hizo 9.886 veces, y en cada uno de estos dos años le ingresaron más de 15.000 expedientes; en cambio la Suprema Corte de EEUU falla por año solo un centenar de causas.

Estas transferencias son indispensables para iniciar la reclamada reforma judicial, que la haga más cercana a la gente, más eficaz y acorde las necesidades actuales. No faltarán jueces que resistan la transferencia, e invoque el que “conservarán sus empleos mientras dura su buena conducta” (Art. 112 CN) –como si este cambio afectara su grado, sede, remuneración o imparcialidad-; o que con ello “perderían jerarquía”; o, el otro, que si se interviniera el gobierno de la CABA (Art. 99, 20 CN) podrían ser removidos.

A estos traspasos habría que sumar los de servicios administrativos complementarios que la Nación presta en y para Buenos Aires exclusivamente, como el Registro de Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia, que también deberían ser cedidos a la Ciudad.

Los provincianos contribuimos, además de para sostener al gobierno de la Nación, al de la provincia y de la municipalidad donde vivimos; los porteños, en cambio, solo tributan a la Nación y a la CABA, y, hasta ahora, utilizan policías federales, tribunales, fiscales y defensores oficiales, que equivalen a los de las provincias, que financiamos todos los argentinos, lo que no se compadece con el principio de igualdad ante la ley y las cargas públicas (Art. 16 CN).

Por ello, en la “asignación de recursos” que deberá hacerse (Art. 75, 2 CN) en el convenio de traspaso, la Nación debería aportar, sin cargo, junto al personal: inmuebles, vehículos, materiales e instrumentos de trabajo, archivos, etcétera, y la CABA deberá incluir en su presupuesto, y sostener con sus tributos, los gastos que demande el funcionamiento futuro de los tribunales, policías y organismos trasferidos.

Para que Argentina sea un país normal y confiable es necesario Justicia, o sea, darle a cada uno lo suyo, en derechos y obligaciones, para lo cual hay que reasignar competencias, funciones, tributos, servicios y recursos, como en el caso analizado.

Esto es lo que hoy, y aquí, aplaudimos y reclamamos.

Córdoba, enero de 2016.

* Es profesor emérito de la UNC, catedrático de Derecho Constitucional de la UCC y fue diputado de la Nación.