Durante el debate por un reclamo histórico, el Cuerpo sancionó por 39 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones el acuerdo que permite la transferencia de cerca de 20 mil agentes a la Ciudad. El Frente para la Victoria se abstuvo en la votación. Al finalizar la sesión extraordinaria, el jefe de Gobierno porteño se hizo presente en el Parlamento.
El Parlamento de la Ciudad aprobó en sesión extraordinaria el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires referido al traspaso del personal, bienes y funciones de la Policía Federal. La votación resultó con 39 votos positivos, 3 negativos y 11 abstenciones.
Asimismo, fue aprobado un proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las ampliaciones y reasignaciones presupuestarias que resulten necesarias para el traspaso, motivo por el cual el Frente para la Victoria optó por la abstención.
La sesión estuvo presidida por el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y la vicepresidenta primera, Carmen Polledo. Al finalizar la reunión, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, brindó una conferencia de prensa acompañado también por el ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo.
La sanción contó con los votos en contra de la izquierda: Marcelo Ramal (FIT), Patricio Del Corro (PTS) y Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) y las abstenciones del kirchnerismo.
Todos los bloques de la oposición insistieron en la conformación de una comisión especial de seguimiento de la transferencia, a modo de que sea un cuerpo para el debate de posteriores proyectos de ley tendientes a mejorar el funcionamiento de la fuerza de seguridad.
Al comienzo de la sesión, a pedido de la legisladora Graciela Ocaña, se realizó un minuto de silencio en homenaje al exfiscal Alberto Nisman, fallecido hace un año atrás.
En el inicio del debate -que duró alrededor de tres horas-, la legisladora Genoveva Ferrero (Pro) se refirió a las líneas generales del convenio y dijo que con la transferencia “se está resolviendo un conflicto histórico con el Gobierno nacional”. Asimismo, señaló que es “un puntapié inicial para que la Ciudad cumpla con un reclamo histórico”.
Por su parte, el diputado Fernando Vilardo (Autodeterminación y Libertad) sostuvo que con el convenio “se esconde el problema de fondo de la violencia social” y “se alimenta el discurso represivo” para “darle legitimidad a los aparatos represivos”. Además, recordó casos de gatillo fácil y represión en protestas por parte de las fuerzas de seguridad.
En tanto, el legislador Marcelo Ramal (FIT) remarcó: “llegamos a esta votación poco días después de la crisis policial más importante que vivió la Argentina”, en referencia a la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.
Para el diputado de la izquierda “este traslado se lleva adelante comprando a la Policía Federal en paquete”. También, señaló que la fuerza de seguridad tiene “vínculos probados con el delito organizado” y destacó que la permanencia de los regímenes adicionales implica “cajas paralelas”.
Desde la Coalición Cívica, la legisladora Paula Oliveto Lago expresó: “venimos a hacernos cargo de una deuda que tiene la Nación con los porteños”, y subrayó “el primer paso” hacia la autonomía de la Ciudad. Además, agregó que los legisladores deben ser “artífices reales” del cambio en la reforma de la estructura policial.
El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) destacó el “momento histórico” y pidió que “en el mediano plazo realmente tengamos una única fuerza de seguridad, con un único jefe”. “Es imprescindible que la Policía Metropolitana y la Policía Federal transferida trabajen mancomunadamente”, enfatizó.
En representación del Partido Socialista, Roy Cortina manifestó que el voto a favor “con tono de advertencia y propuestas”. El legislador explicó que negarse “a que el poder político de la Ciudad pueda planear administrar la seguridad pública con plenitud sería desdecirnos”.
“Si no hay cambio, el traspaso fracasa, pero si no hay traspaso no hay posibilidad de cambio”, dijo el diputado, quien también dijo que “más allá de las diferencias” el convenio “es una gran oportunidad”. Por otro lado, sobre el documento, Cortina resaltó la falta de “especificidad” donde “todo es prorrogable”.
También, hizo hincapié en la necesidad de “una policía democrática, respetuosa de los Derechos Humanos, pero también que sea efectiva”. En este sentido, adelantó que presentará un proyecto de ley para “un mejor funcionamiento de la fuerza policial, que tiene que ver con el seguimiento en tiempo real del delito”.
Por su lado, la diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) sostuvo que años atrás “había una decisión política que consistía en limitar la autonomía” y destacó entonces “la voluntad política del actual presidente que posibilitó que la Ciudad recupere una parte muy importante de su autonomía”.
La “Hormiguita” expresó: “quizás no es el convenio óptimo pero es el convenio posible”. Y continuó planteando su deseo de que “la Legislatura pueda ser parte del proceso de traspaso y aportar ideas”, a través de una comisión especial de seguimiento. Por otro lado, solicitó la posibilidad de avanzar en los traspasos del Puerto de Buenos Aires y el juego.
Como presidente del bloque radical de SUMA+, Hernán Rossi consideró que el convenio “es la materialización de un reclamo” y sirve para “brindarle al Poder Ejecutivo herramientas para afrontar el delito”.
El legislador recordó que el traspaso fue “una de las promesas de campaña de ECO”. Rossi pidió que el uso de la tecnología sea fundamental para la nueva fuerza de seguridad, de modo que no sea “obsoleta”.
Si bien el Frente para la Victoria iba acompañar en un principio la votación con el voto afirmativo (pese al rechazo de un par de legisladores del espacio), Gabriel Fuks criticó el expediente ingresado en último momento que permite al Ejecutivo reasignar partidas del Presupuesto local, por lo que remarcó la “confusión sobre quién va a ejecutar los recursos en el primer año de transición” y puntualizó que durante los años de su gestión como jefe de Gobierno, Mauricio Macri había reclamado que el traspaso se hiciera con los fondos nacionales.
En tanto, el jefe de la bancada K, Carlos Tomada, hizo alusión a la convocatoria de la sesión extraordinaria: “de alguna manera rescato este llamado a sesión extraordinaria para debatir estos temas, lo que es grave es que no ocurra a nivel nacional”.
El ex ministro de Trabajo realizó “un enfático llamado al Gobierno nacional para llamar a sesiones extraordinarias”, y le disparó a Polledo que le transmita “al presidente de la Nación que le saque una faja al Congreso”.
En cuanto al convenio, el presidente del bloque del FpV calificó de “inoportuno” tratar el traspaso “en el contexto actual, por lo que está pasando a nivel social, económico e institucional”, y mencionó algunos de los DNU que el Gobierno nacional decretó desde que asumió.
También sostuvo que “para tener seguridad se necesita tener una agenda de equidad e inclusión social” y la necesidad de debatir “qué modelo de policía queremos”. “No podemos firmarles un cheque en blanco. Hay que abrir una discusión más amplia y profunda para asegurar a los porteños la seguridad que merecen”, finalizó.
El jefe del bloque Pro, Francisco Quintana, expresó en el cierre que “el traspaso viene a resolver una de las deudas más significativas”. “Más que una promesa de campaña, hoy sobresale la voluntad política. Es una muestra de esfuerzo y responsabilidad”, destacó.
El convenio
El convenio firmado el pasado 5 de enero entre el presidente, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estima el traspaso de alrededor de 20 mil efectivos, que se sumarán a los 6.300 agentes que posee la Policía Metropolitana, fuerza local creada por ley en 2008.
La transferencia de la Policía Federal a la administración porteña fue una de las promesas de las campañas de Macri y Rodríguez Larreta. Durante sus ocho de gestión en la Ciudad, el actual mandatario le había reclamado constantemente esta medida a Cristina Fernández de Kirchner.
La cláusula primera del convenio establece que “la Ciudad asume todas las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales para ser ejercidas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Asimismo, la Nación aclaró que conservará las estructuras, el personal, los bienes y los servicios necesarios para asegurar la función de seguridad en materia federal en el territorio de la Ciudad.
Además del personal, la Ciudad recibirá los “organismos, funciones, competencias, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación)”.
Específicamente, las áreas que se transfieren, con sus respectivas dependencias, son las Superintendencias de Seguridad Metropolitana (las 54 comisarías porteñas, Infantería, Cuerpo de Policía Montada, Destacamento, etc.), Bomberos, Policía Científica, Investigaciones Federales (Homicidios, Robo y Hurtos, Defraudaciones y Estafas, entre otras), Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Aviación Federal –incluye 3 aeronaves con su correspondiente personal-.
El acuerdo establece también que la transferencia “progresiva” de la fuerza se hará en dos etapas, por lo que el traspaso será “gradual y ordenado”, para permitir “consolidar la fusión de un modelo policial que garantice los derechos y las garantías de los ciudadanos”, porque cabe señalar que la intención de los gobiernos es que con el tiempo la Federal y la Metropolitana se unifiquen, llegando a ser una sola fuerza.
En la primera etapa, llamada de Transición, se prevé un año de duración (no se descarta su prórroga) en el cual “ambas partes se comprometen a realizar sus mayores esfuerzos y brindar el servicio de seguridad necesario para que a través de las áreas pertinentes, se ejecute de manera gradual la transferencia respecto de cada uno de los agentes, organismos, funciones, competencias, servicios y bienes a los que refiere el presente Convenio, hasta su implementación apropiada en la Ciudad”. En tanto, en la etapa de Consolidación “la Nación continuará brindando apoyo a la Ciudad en todas aquellas materias relativas al traspaso que sean específicamente requeridas”.
En el convenio se aclara que “los agentes públicos transferidos conservan el nivel escalafonario, remuneración, antigüedad, derechos previsionales y de cobertura social que tuvieran al momento de la transferencia, o sus equivalentes, de acuerdo a la normativa vigente, de conformidad con el artículo 11 de la Ley Nº 24.588, debiendo acatar los protocolos y normas de actuación referidas al desempeño de sus funciones y misiones como agentes policiales”.
En ambas jurisdicciones se crearán equipos de trabajo convocados por los Ministerios de Seguridad y cada uno “funcionará como un órgano transitorio de coordinación, seguimiento, elaboración y ejecución de un cronograma de transferencia”.
