A través de un decreto del Gobierno Nacional que acaba de ser publicado en el Boletín Oficial, se incrementó el importe en concepto de coparticipación federal de impuestos que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, cuando se acaba de decidir, también por decreto, que se seguirá descontando del porcentaje que le corresponde a los distritos del interior, el 15% de la masa coparticipable, a excepción de las Córdoba, Santa Fe y San Luis que lograron una sentencia favorable en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De este modo, la parlamentaria progresista adelantó que “en virtud de esta decisión que solo beneficia a la Ciudad de Buenos Aires en detrimento del resto de las provincias, he pedido en forrma urgente que se convoque para la constitución de la Comisión de Coparticipación del Senado de la Nación, toda vez que son los senadores quienes representan los intereses de cada provincial y quienes deben analizar la situación de inequidad que supone subir en forma unilateral 168% la coparticipación de la ciudad autónoma”.

Cabe destacar que en 1988 se sanciona la Ley 23.548 que estatuyó el “Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias” cuya vigencia estuvo limitada a tres años. Esta ley estableció que del total de recursos nacionales recaudados el 42,34% sería retenido por el Gobierno Nacional y el 57,66% iría a las Provincias (54,66% de manera automática, 2% como fondo de recupero y 1% como aportes del Tesoro). El artículo 7 de dicha ley estableció que “el monto a distribuir a las Provincias, no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”.

Así, a partir de la Ley N° 23.548 las provincias se aseguraron un piso mínimo legal de participación en la distribución del total de recursos que recaudaba la Nación. Este piso representó para las jurisdicciones provinciales una garantía de suma importancia. A partir del mismo se proyectó el funcionamiento estatal provincial, ya que al ser un porcentaje fijo podría variar con la recuperación económica de la Nación, traduciéndose en mejores ingresos recaudatorios para todos.

La reforma constitucional de 1994 introdujo la coparticipación en el texto de la Carta Magna. El art. 75 inciso 2 estableció que “corresponde al Congreso Nacional aprobar una ley que asegure a las Provincias la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados”. Asimismo, se establecieron criterios de distribución entre la Nación y las Provincias, distribución que según el texto constitucional “contemplará criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”.

Este importante mandato constitucional está aún incumplido y así se puede explicar la concentración de los recursos en manos del Tesoro Nacional en desmedro de la totalidad de las Provincias que padecemos desde hace mucho tiempo. Por su parte, la cláusula transitoria sexta exigía la sanción de “un régimen de coparticipación conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del art. 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal”, antes de la finalización del año 1996. Manda constitucional también incumplida cuyas consecuencias agravan el panorama de las finanzas provinciales.

“Queremos debatir en el Senado de la Nación esta medida que va a contramano de un verdadero federalismo, luego de 20 años de demora en el cumplimiento de la manda constitucional que ordena sanciona un nuevo régimen de distribución de ingresos”, concluyó Odarda.