Antes que nada, corresponde una aclaración: esta encuesta fue realizada a fines de 2015, a casi un año de la que muy posiblemente haya sido la noticia más impactante en la Argentina en mucho tiempo. Que coincida con el aniversario de ese episodio, es solo eso, una simple coincidencia. Lo cierto es que el caso Nisman fue el hecho legislativo más destacado de 2015, según se desprende de la encuesta que cada año realiza Semanario Parlamentario entre diputados, senadores, asesores, periodistas y público en general interesado en los temas legislativos.

Convengamos también que el anterior fue un año de baja cantidad de sesiones y si bien hubo temas muy importantes y algunos muy controvertidos, tuvo como correlato a la hora de elegir los temas más destacados una gran horizontalidad en la materia. Esto es, ningún tema superó el 20% de los votos en la encuesta, pero el caso Nisman -que como correlato tuvo la aprobación de una ley, la reforma de Inteligencia- fue por lejos el más destacado, con el 18 por ciento de las menciones.

Le siguió, con un 10% de las menciones, la polémica sesión del 26 de noviembre pasado, en la que el oficialismo kirchnerista logró aprobar casi un centenar de proyectos, al cabo de una reunión marcada por la polémica y las dificultades para el FpV para lograr el quórum. Y en tercer lugar se ubicó un tema más actual, como es la polémica designación de jueces para la Corte Suprema de Justicia por decreto, con el 8,5%.

La muerte del fiscal

El caso Nisman tuvo su correlato legislativo, antes y después del hecho. Antes, porque todo comenzó con la conmocionante denuncia formulada por el fiscal especial de la causa AMIA, que involucraba a la entonces presidenta de la Nación, a su canciller, y a un grupo de otras personas entre las cuales se encontraba un diputado nacional, Andrés “Cuervo” Larroque, secretario general de La Cámpora. Todo un cuadro.

El hecho, anunciado sobre el final de la primera quincena del tórrido enero pasado, sacudió la modorra legislativa y amenazó de inmediato con marcar la campaña electoral en ciernes. Previsiblemente, la diputada Patricia Bullrich convocó al fiscal para que concurriera a la comisión que ella conducía en la Cámara de Diputados para exponer sobre semejante denuncia, y el hecho generó la reacción airada del oficialismo de entonces, y tras la decisión inicial de desautorizar esa sesión, el kirchnerismo resolvió aglutinarse para recibir de manera hostil a Nisman y quedó en la memoria de todos la advertencia de Diana Conti, que anticipó por radio La Red: “El lunes vamos a salir con los tapones de punta contra Nisman. Vamos a correr el velo de la mentira”.

El fiscal debía presentarse el lunes 19 de enero en el Congreso de la Nación, invitado por la Comisión de Legislación Penal a las 15, en la sala II del Anexo C de la Cámara de Diputados, donde los diputados oficialistas concurrirían munidos de información que les habría proporcionado Cancillería. Patricia Bullrich había invitado a los 30 integrantes de la comisión por correo electrónico. Asistirían también los titulares de la DAIA y la AMIA, Julio Schlosser y Leonardo Jmelnitzky, respectivamente, junto a otros miembros de la comunidad judía. También concurriría el polémico dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, quien era uno de los involucrados por el fiscal Nisman, y el temor de todos era que integrantes de Quebracho hostilizaran al fiscal y produjeran incidentes.

Al día siguiente de conocerse el deceso de Nisman, se resolvió realizar igual la reunión de esa comisión, a la que ya no asistieron representantes del oficialismo. Sobre el final del día, el bloque que conducía la diputada Juliana Di Tullio dio una conferencia de prensa en la que reclamaron el “esclarecimiento” del hecho, avalaron la hipótesis de suicidio inducido y no dudaron en relacionar lo sucedido con una suerte de conspiración contra la presidenta Cristina Kirchner, al plantear una serie de interrogantes.

“Queremos saber qué sector mafioso llevó al fiscal a tomar esta determinación”, planteó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, en una conferencia de prensa en el Congreso. Antes, la bancada había manifestado sus condolencias con la familia y los amigos del fiscal hallado muerto el día anterior. Previamente, a lo largo de todo el día, el conjunto de la oposición se había pronunciado sobre el hecho de manera separada.

La presidenta de la Nación se pronunció a través de su cuenta de Facebook, y recién el 26 de enero apareció en público para hablar por cadena nacional, anunciando entonces el envío al Congreso de un proyecto de ley para disolver la exSIDE y crear una Agencia Federal de Inteligencia. En esa cadena nacional en la que apareció ataviada de blanco y en silla de ruedas, a raíz de la torcedura de un tobillo sufrida días antes, Cristina calificó el fallecimiento de Nisman como un “desgraciado suceso” y negó haber hablado de suicidio en la primera carta que difundió a través de su cuenta de Facebook.

La megasesión

La sesión especial del 26 de noviembre en Diputados estuvo signada también por la polémica. Cuatro días antes, Mauricio Macri había sido elegido presidente de la Nación y por lo tanto señaló que “la Cámara de Diputados debería entender que se eligió un nuevo presidente y que no debería seguir sesionando para sacar, entre gallos y medianoche, más modificaciones al statu quo”.

Atento a ello, la oposición reclamó al kirchnerismo paralizar el Congreso hasta el recambio presidencial, atento a que el Frente para la Victoria quería convocar a una sesión en la que se tratarían casi un centenar de proyectos, entre ellos cuestiones como la creación de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), algo que insumiría para la futura administración 5.000 millones de pesos no contemplados en el Presupuesto 2016. La Cámara de Diputados también convertirá en ley un proyecto que regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de la Justicia Nacional y Federal, y daría media sanción a una indemnización para extrabajadores de la Petroquímica General Mosconi, y un beneficio para exempleados de Gas del Estado que implicará una erogación total es de 1.160 millones de pesos. Incorporaría también una “cláusula de conciencia” al Estatuto del Periodista, y aprobaría un proyecto para que los trabajadores de empresas televisivas acuerden con los empresarios la distribución de ganancias, que deberá ser definida entre las dos partes en las negociaciones paritarias del sector.

Otras propuestas de ley que formaron parte de la sesión son la expropiación del hotel Bauen y del inmueble del Cine Teatro Urquiza; y un régimen de acceso equitativo de las mujeres en empresas del sector hidrocarburíferos.

Ante la decisión del kirchnerismo de sesionar igual, los bloques del Pro, la UCR, el socialismo, la Coalición Cívica, el Frente Renovador y el Frente Cívico por Córdoba no solo no prestaron quórum, sino que tampoco ingresaron una vez que el mismo se obtuvo. Por el contrario, dieron una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, en la que expresaron su rechazo a esa sesión y reiteraron “la necesidad de que se traten proyectos que tengan que ver con la transición”.

Para lograr el quórum, el FpV contó con sus aliados habituales y el aporte de ocho diputados opositores, ya que el kirchnerismo había sufrido la ausencia de una decena de diputados y no tenía quórum propio. Dieron su ayuda los tres integrantes de Unidad Popular de Claudio Lozano, Victoria Donda (Libres del Sur), los tres miembros del Frente de Izquierda referenciado en Nicolás Del Caño y Alcira Argumedo (Proyecto Sur).

Pero inmediatamente después de aprobado el proyecto sobre Yacimientos Carboníferos Fiscales, los tres diputados riojanos del oficialismo -Javier Tineo, Teresita Madera y Griselda Herrera- se levantaron de sus bancas, y el bloque conducido por Juliana Di Tullio se quedó sin quórum. La sesión pasó entonces pasó a un cuarto intermedio para continuar con el resto del temario, pero el debate estuvo nuevamente al borde del fracaso, tanto por ausencias propias como por el persistente rechazo opositor.

Tras más de dos horas de plena tensión, llamados telefónicos y negociaciones, el Frente para la Victoria consiguió reunir el número requerido para aprobar un paquete en una sola votación. Fue gracias a los mismos diputados opositores que habían garantizado el quórum antes del cuarto intermedio y otros oficialistas que se sumaron más tarde, como Carlos Kunkel y la bonaerense Gloria Bidegain, quien no había estado al principio. El hombre que finalmente garantizó el quórum fue el tucumano oficialista Isaac Bromberg, quien ingresó al recinto en medio de un estallido de aplausos.

Este tema obtuvo un 10% de menciones en la encuesta realizada por Parlamentario.

La primera polémica con Macri

El Gobierno de Mauricio Macri arrancó como un canto a la institucionalidad. Al primer día de asumido, el mandatario recibió a los candidatos con los que compitió en primera vuelta, y al día siguiente, a todos los gobernadores en la residencia presidencial de Olivos. Pero el lunes, dio la nota discordante al anunciar la designación de dos jueces para integrar la Corte Suprema, “en comisión” y por decreto. El tema, al ser una polémica reciente, hizo que un 8,5% de los encuestados lo mencionara al elegir los hechos legislativos del año.

Para llevar adelante esa polémica medida, Macri se amparó en el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, con el objeto de completar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reducida a tres miembros por la renuncia de Carlos Fayt. El nuevo presidente eligió a dos prestigiosos juristas como Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, valiéndose del artículo de la Constitución que faculta al presidente a “llenar vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, según se precisó oficialmente.

Así las cosas, ambos debían sumarse a Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, pero estos nombramientos provisionales sólo durarían durante el próximo año legislativo, hasta que el próximo 30 de noviembre, cuando finalicen las sesiones del Congreso nacional. Luego de cumplida esta fecha, estos nombramientos deberán discutirse en comisión en la Cámara alta.

Semejante medida generó la previsible reacción de la oposición, sobre todo el kirchnerismo. El titular de la bancada FpV de la Cámara alta, Miguel Angel Pichetto, se manifestó “sorprendido” por la noticia, y calificó la decisión como “un disparate”. A su juicio “es a todas luces inconstitucional. Es algo que no tiene registro desde la recuperación de la democracia en 1983”. A su vez, su par de Diputados, Héctor Recalde, calificó el decreto como “un atropello a la Constitución Nacional”, por cuanto “no había ninguna necesidad de integrar la Corte como si se tratara del ascenso en comisión de un militar, porque en realidad a eso se refiere el artículo 19 de la Constitución Nacional”.

Pero no solo el FpV se paró de manos ante la decisión oficial. Margarita Stolbizer, que se la había pasado elogiando el nuevo Gobierno hasta entonces, volvió sobre sus pasos advirtiendo que “ni Cristina se animó a tanto”. “Por mucho menos, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las subrogancias”, advirtió, mientras que aliados como Julio Cobos reconocían que el método era “innecesario y sin razones”. Sergio Massa, por su parte, consideraba “impecables” los nombres elegidos, pero “horrible” la forma como se los designó.

Un tanto a regañadientes, los radicales terminaron apoyando la medida, pero el presidente terminó deshaciendo el embrollo tras una reunión con el titular de la Corte Suprema en la que dispuso postergar la jura de los nuevos cortesanos hasta febrero, disponiendo la aplicación del decreto 222 para su elección y asegurando que el Senado podría decidir si los confirmaba a partir de marzo.

Fayt y los trenes

El cuarto lugar de la encuesta correspondió a la embestida desatada por el oficialismo contra Carlos Fayt, que contó con un 7,5% de las menciones, sitial que compartió con la semiestatización de los trenes, dispuesta por ley.

Fue en el marco de la última embestida kirchnerista contra el Tribunal Superior. Habría que situar la ira oficial en este caso en el 21 de abril pasado, cuando la Corte declaró la nulidad de la lista de conjueces aprobada por el Senado, por no haber contado esa votación con los dos tercios de los presentes en el recinto. Con esa resolución, el Tribunal abortó la estrategia puesta en marcha por el Gobierno para alterar la composición de ese cuerpo y cambiar drásticamente su incidencia.

La embestida lanzada contra el veterano Carlos Fayt estuvo inscripta en esa búsqueda de forzar una nueva vacante en el Tribunal. La idea era que si el oficialismo tenía éxito, ya no sería uno, sino dos los lugares por cubrir y sería imperioso hacerlo, por más que el presidente de la Corte hubiese aclarado que podían funcionar con cuatro o tres miembros. El Gobierno imaginaba que una Corte Suprema tan reducida generaría un cambio de actitud en algunos de los firmantes del compromiso opositor por el cual no avalarían ninguna designación del PEN; los suficientes como para llegar a los dos tercios.

Lo cierto es que el FpV en Diputados inició un “proceso investigativo” de la aptitud psicofísica del juez Carlos Fayt, en una reunión de la Comisión de Juicio Político donde la oposición denunció una violación al reglamento y un intento de “asalto” a la Justicia. El kirchnerismo impuso su mayoría numérica para avalar, tras un debate que se tensó por momentos, un informe donde solicita numerosas medidas de prueba para evaluar el estado de salud del ministro de la Corte Suprema, de 97 años.

Con todo, el fragor de la campaña electoral apagó los bríos de la andanada contra Fayt, quien superado el trance anunció cuatro meses después que se iría de la Corte… el 11 de diciembre, con un nuevo Gobierno.

También con el 7,5% se ubicó en el cuarto lugar la creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado. Es el primer tema que corresponde enteramente a una ley. A casi dos décadas de las privatizaciones que significaron el deterioro del servicio, y en línea con la modernización que trajo la gestión del ministro Florencio Randazzo tras la tragedia de Once, el proyecto declaró “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas”. Ello incluía “la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales con equidad social y la creación de empleo”.

Aunque el oficialismo hablaba de “proyecto de reestatización”, la iniciativa establecía como uno de los principios de la política ferroviaria “la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario”.

Otros temas

La lista sigue con la investigación de la evasión impositiva y fuga de divisas a través del banco HSBC. Se formó una comisión bicameral investigadora de las maniobras de esa entidad bancaria detectadas por la AFIP, por la cual pasaron numerosos representantes de las empresas que habrían depositado dinero en paraísos fiscales. Al cabo, se expusieron una serie de conclusiones que quedaron plasmadas en un informe elevado a ambas cámaras, entre las que figuraban la sanción de una nueva Ley de Servicios Financieros en reemplazo de la actual Ley de Entidades Financieras; la restricción a las operaciones de las agencias y casas de cambio para que “solamente los bancos comerciales puedan realizar toda clase de operaciones en moneda extranjera”, y la protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavado de activos. Ese tema obtuvo un 6,4% de las menciones.

El escalón siguiente correspondió, con un 5,3% a los debates presidenciales, cuando en el marco de la campaña electoral el tema se reactivó en Diputados donde avanzó el proyecto que no alcanzó a llegar al recinto.

Luego se ubicó, con el 4,3%, la Ley de Subrogancias, aprobada solo por el kirchnerismo, que permitía que una mayoría absoluta en el Consejo dela Magistratura pudiera reemplazar a un juez apartado por otro magistrado de igual jurisdicción, o con un miembro de la lista de conjueces confeccionada por el Ejecutivo con acuerdo del Senado. A poco de ser aprobada, la ley se aplicó para el desplazamiento de Luis María Cabral de la subrogancia que ejercía en una sala de la Cámara de Casación Penal, justo cuando debía pronunciarse sobre la constitucionalidad del acuerdo con Irán. Tras ello, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema.

También con el 4,3% se ubicó la creación de Yacimientos Carboníferos Fiscales, en aquella polémica sesión de Diputados del 26 de noviembre. Sin embargo, la norma no alcanzó a convertirse en ley, pues la Cámara alta terminó no tratándolo.

Más abajo aparecen temas como la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital, que compartió porcentaje con la ley de movilidad de las asignaciones familiares, la venta de acciones del Estado en empresas privadas y los principios sobre la reestructuración de la deuda.

Por último, figuran con 2,1% de los votos la creación de una bicameral para investigar complicidades económicas con la dictadura; la nueva Ley de Deportes, la indemnización para víctimas del atentado a la AMIA, y el traspaso del mando a Mauricio Macri.

El rubro “otros temas” incluyó cuestiones como la emergencia económica y prórrogas impositivas, el fracaso de los pliegos de miembros en la Corte y el Presupuesto 2016, que de tan intrascendente ni siquiera alcanzó a tallar en la encuesta definitiva.