Es una de las normas para luchar contra la corrupción que llegarán al Congreso a partir de la apertura de sesiones ordinarias. Laura Alonso dio detalles de las iniciativas que impulsarán.
La secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, anticipó que el Gobierno enviará en marzo al Parlamento una serie de iniciativas tendientes a luchar contra la corrupción. Según detalló la todavía diputada nacional -aún no se efectivizó su renuncia-, entre los proyectos figuran la ley de Acceso a la Información Pública, la ley del Arrepentido y la de recuperación de bienes contra funcionarios corruptos.
Alonso presentó esa serie de iniciativas como el camino para revertir la posición argentina en la encuesta de corrupción de Transparencia Internacional que ubicó a la Argentina en el último año con apenas 32 puntos en una escala de 100.
La funcionaria garantizó que en los próximos cuatro años la Argentina saldrá de esa mala posición. Especificó en ese sentido que “es difícil modificar el resultado de estos índices de un año para el otro, por eso el plan de trabajo es a mediano y largo plazo”.
Una de las principales iniciativas que presentará el Gobierno es el proyecto de ley del arrepentido, por el cual la justicia podrá negociar una reducción de penas con un reo a cambio de información relevante que permita probar casos de corrupción, siempre “hacia arriba”. Asimismo presentarán un proyecto de ley de extinción de dominio, que apunta a que los funcionarios corruptos no sean solo condenados, sino también se les pueda embargar los bienes mal habidos y recuperarlos.
Laura Alonso planteó como “prioridad” de este Gobierno “la transparencia y la ética”, que deben ser acompañados por los demás poderes del Estado, las empresas públicas y los entes descentralizados.
“El próximo 1° de marzo pediremos al Congreso que sancione en 2016, sin mayores dilaciones, una ley de acceso a la información pública, las leyes del arrepentido para casos de corrupción y de extinción de dominio para recuperar el dinero y los bienes que ex funcionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración”, anticipó la exlegisladora, quien propone además una modificación de la Ley de Ética Pública, por cuanto la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, en el marco de la reforma judicial “distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito”.
