Esa referencia figura en el documento que entregaron a las autoridades nacionales y motivó la reacción de Marcos Peña. También reclamaron por la detención de Milagro Sala y los despidos en la administración pública, entre otras cuestiones.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió este miércoles a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida, entre otras representantes de organizaciones de Derechos Humanos. La reunión se realizó en Casa de Gobierno y también asistieron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj.
Durante la misma, los funcionarios recibieron un documento elaborado por las organizaciones, en el que presentan sus “demandas”, entre las cuales figuran la necesidad de que “el tema de los derechos humanos siga siendo un tema de actividad y preocupación para el Estado”.
El documento firmado por Abuelas, Madres Línea Fundadora, Familiares, HIJOS, CELS, APDH y Buena Memoria, contiene cuatro puntos centrales y algunos anexos.
El primero aboga por la continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia y menciona la continuidad de los juicios, la búsqueda de apropiados, la identificación de los cuerpos, los sitios y espacio de memoria y el control de los ascensos militares, entre otros. El segundo punto de la demanda se refirió al derecho al trabajo, en torno a los despidos del Estado.
El tercer punto habla del derecho a la protesta social y el cuarto y último menciona el “respeto a las instituciones democráticas y la vía parlamentaria”.
Ahí es donde el jefe de Gabinete, Marcos Peña, expresó una de sus discrepancias con el mismo. “No le gustó una palabra que apareció por ahí, en el documento, referida a que 'nunca más' esté el Parlamento cerrado”, según contó Estela de Carlotto.
La titular de Abuelas sostuvo que concurrieron a la Casa de Gobierno “con la mejor buena voluntad porque el diálogo es necesario entre los organismos de Derechos Humanos y el Estado”, y que Peña escuchó atentamente las inquietudes y les propuso que cada demanda se tramitara en el ministerio correspondiente.
Entre los puntos figuraba la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad, los “despidos masivos” y la detención de Milagro Sala, entre otros.
“Muchas de estas organizaciones plantearon algunas cuestiones que exceden los derechos humanos y son parte de la política: allí dijimos que no compartíamos ese enfoque y también plantearon que algunas decisiones administrativas podían significar un cambio en las políticas y dijimos que eso no es así y que es patrimonio del gobierno decidir lo administrativo”, contó luego de la reunión el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Sobre la continuidad de los juicios de lesa humanidad, el ministro aclaró que “eso está fuera de discusión y señalamos que la política de derechos humanos es una política de Estado”.
Entre los momentos de discrepancia, según contaó carlotto, estuvieron los planteos sobre su preocupación “por ciertas acciones como los despidos masivos, la detención de Milagros Sala o los achicamientos en las estructuras de funcionamiento de los derechos humanos”.
