La diputada provincial Silvia Augsburger manifestó su preocupación frente a lo que denunció como “vaciamiento” por parte del Gobierno Nacional respecto del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que durante los últimos días parte de su personal fue desplazado del área y desde que asumió la nueva gestión en el Ministerio de Salud de la Nación no se designaron autoridades al frente del programa.

“Desde principio del mes de enero las organizaciones estamos en alerta debido al decreto (114/16 del 13 de enero) que modificó y reorganizó distintas áreas del Ministerio de Salud, lo que vimos con gran preocupación debido a que no quedaba clara la estructura, personal ni financiamiento del programa de salud sexual”, señaló la diputada socialista.

Augsburger, quien además de su actividad legislativa forma parte del movimiento de mujeres, responsable de la sanción de dicha ley en el año 2003, agregó que “ahora conocemos la noticia de que han desplazado a muchas personas que llevaban adelante tareas en dicho programa y sumado a que no han designado autoridades, queremos hacer visible nuestra preocupación y exigir al Estado que garantice la aplicación integral de la ley 25.673, de Salud Sexual y Procreación Responsable”.

La ley, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, tiene como objetivos promover la salud sexual de la población, prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual a partir de acciones concretas en prevención y distribución de métodos anticonceptivos y campañas de información. “Vemos con profunda preocupación que el Estado Nacional deje sin efecto una política que apunta a prevenir embarazos adolescentes y fortalecer la autonomía de mujeres en todo el territorio del país al promover la práctica sexual garantizando los derechos de todas y todos”.

El programa desde que se implementó ha significado un gran avance en términos de salud sexual, sobre todo para los sectores más vulnerables, haciendo llegar métodos anticonceptivos a efectores y centros de atención primaria de salud, a mujeres de los sectores más pobres, “Es por esto que pedimos que el programa se mantenga vigente, lo que significa que lo doten de personal y recursos suficientes para seguir interviniendo en el campo y exigimos al gobierno nacional que sostenga una acertada política que garantiza derechos y que al no hacerlo viola no solo la legislación nacional, si no tratados internacionales como la Convención Sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra La Mujer (CEDAW) y va en contra de los objetivos propuestos por la OMS para luchar contra enfermedades de transmisión sexual”.

“Nos preocupa porque durante años las organizaciones luchamos para que se reconozca el derecho a gozar de una sexualidad y a la libre elección de los métodos anticonceptivos y planificación familiar de las mujeres de todo el país, eliminar el programa no solo impactaría en las cifras de embarazo adolescente y mortalidad materno – infantil, si no que atrasaría en el largo camino que hemos recorrido para lograr la igualdad de género. Eso también debe ser una política de Estado”, finalizó Augsburger.