Por Melisa Yael Jofré

A raíz de la polémica por el empleado municipal que golpeó a un automovilista en la localidad de San Martín, cuando este se negó a pagarle a un grupo de cuidacoches, volvió a reflotar entre los legisladores porteños el tema por el control de la calle y la posibilidad de prohibir a los “trapitos”.

Gustavo Vera, titular de la fundación La Alameda, cuestionó la iniciativa del oficialismo para “terminar” con la actividad ilegal, ya que considera que “en realidad estamos hablando de mafias, y el Pro con su proyecto sólo se preocupa por el eslabón más débil”.

El diputado consideró que la problemática abarca los delitos de asociación ilícita, extorsión e intimidación pública, contemplados en el Código Penal, “que son condenas mucho más contundentes que la burrada que propone el Pro, donde el delito es meramente contravencional”.

En referencia a los cuidacoches, y también a los manteros que llevan a cabo la venta ilegal, el legislador de Bien Común sostuvo que es necesario “darles alternativas de trabajo digno” a las personas “que realmente están en situación de vulnerabilidad”.

Por otro lado, Vera dijo a Semanario Parlamentario que la lucha contra el narcotráfico requiere un blanqueo salarial en todas las fuerzas de seguridad y una ley de extinción de dominio que “sea integral”. Además, advirtió que la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad “sin una purga” es “un peligro muy grande”.

– ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa del oficialismo para prohibir la actividad de los “trapitos” en la Ciudad?

– La actividad de los trapitos no es una actividad cuentapropista, lamentablemente actúan en bandas, en zonas que están liberadas, muchas veces manejados por barras bravas cuando están en inmediaciones de estadios, por ejemplo, cada vez que juega Boca hay 30 cuadras liberadas a la redonda. También ocurre en Palermo, cuando se puede ver que claramente están en bandas, o sea que tienen que cotizar parte de lo que recaudan a gente de arriba. Con esto estamos hablando de mafias, y el Pro con su proyecto sólo se preocupa por el eslabón más débil. Estas mafias a veces retienen a una persona sin trabajo, en situación de necesidad, porque hay dos tipos de trapitos, algunos tranquilos y otros que aprietan a la gente e incluso le rompen vehículos. Igualmente en los dos casos forman parte de una asociación ilícita, donde hay gente de muy arriba que se está llevando la mayor parte y donde el comisario es el que habilita.

Es imposible que una persona se instale ahora en Corrientes y Callao y pretenda hacer de trapito, o que en una esquina de Palermo alguien pretenda hacer de trapito, lo van a sacar a las patadas. O es lo mismo que si alguien como mantero va y tira una manta en Avellaneda, anda a tirar una manta en Avellaneda a ver cuánto durás, cinco minutos obviamente, porque las bandas que ya tienen los territorios divididos, pactados, liberados, no van a permitir que nadie por su propia cuenta se gane un sustento. Por lo tanto, estamos frente a asociación ilícita, el delito de extorsión y de intimidación pública, son tres delitos del Código Penal que son condenas mucho más contundentes que la burrada que propone el Pro, donde el delito es meramente contravencional y no se enfoca el problema integralmente sino que solamente pretende hacer estadísticas con los más perejiles.

– ¿Qué cree que habría que hacer con las personas que tienen a estas actividades, de cuidacoches o venta callejera, como medio de subsistencia?

– Yo creo que a las personas que realizan la actividad como medio de subsistencia el Gobierno tendría que darles alternativas de trabajo digno, que no sean estar, en el caso de los manteros, vendiendo ropa de talleres clandestinos o ropa que es contrabandeada. Me parece que tendrían que tratar de censar, separar la paja del trigo, aquel que está en situación de vulnerabilidad y aquel que es un barrabrava que está usufructuando una situación de impunidad donde hay muchísima gente que está claramente en circunstancias de vulnerabilidad.

Yo no creo que las personas tengan la vocación de trapitos o manteros, yo creo que han llegado a esa situación y ahora están explotados o manipulados por mafias porque se encuentran sin trabajo y tienen que conseguir algún sustento. Ahora, no vamos a convertir la necesidad en virtud, me parece que lo que tiene que hacer el Gobierno es reflexionar sobre qué alternativas laborales les puede ofrecer a la gente que realmente está en situación de vulnerabilidad, donde realmente puedan tener un convenio, un aguinaldo, vacaciones.

– ¿Hay falta de voluntad política para resolver la problemática?

– Te vas a dar cuenta cuando juegue el primer partido Boca. Yo invito a todos los periodistas a que vayan a las inmediaciones del estadio, si vos ves que en diez cuadras a la redonda está todo liberado como siempre, para venta ilegal, para el estacionamiento de coche que sino te lo rompen, eso significa que el Estado no tiene voluntad sino que también es parte del problema.

– Uno de los tres ejes pregonado por el Gobierno nacional es el de “combatir al narcotráfico”. ¿Cuál cree que sería el punto de partida para luchar contra este flagelo?

– Hay un fallo de la Corte Suprema, del mes de diciembre del año pasado, que establece que los gendarmes tienen que cobrar el cien por ciento del salario remunerativo, por el principio de la Constitución de igual salario, igual trabajo. Creo que todas las fuerzas de seguridad tendrían que reclamar que se extienda el fallo de la Corte respecto de los gendarmes a todas las fuerzas de seguridad: Policía Aeroportuaria, policías provinciales, Policía Federal, etc., porque la abrumadora mayoría de las fuerzas de seguridad, sobre todo las que actúan en territorio, cobran salarios parte remunerativo y parte en negro -una buena parte en negro- que va del 40 al 60 por ciento según los casos. Esa parte en negro todo el mundo sabe que proviene de las cajas de recaudación mafiosa de las comisarías, con lo cual un policía aunque no participe en ningún hecho delictivo, con el sólo hecho de estar cobrando una parte en negro, no solamente se le quita su dignidad y cuando se jubile se jubila con un salario mínimo, sino que además se lo hace objetivamente cómplice de delitos que nunca cometió, porque está recibiendo migajas de un dinero que se recauda de forma mal habida.

Entonces, lo primero que hay que hacer es blanquear salarialmente a todas las fuerzas de seguridad. En segundo lugar, hay que armar una ley de extinción de dominio que sea integral, que no sea solamente para incautar el bunker, el prostíbulo o el taller clandestino, sino que investigue realmente la ruta del dinero y que llegue bien alto hasta el juego, las operaciones inmobiliarias y el lavado de dinero que muchas veces ocurre en los pases de los jugadores de fútbol, por ejemplo. Tiene que haber realmente un plan integral de perseguir a los narcos por el territorio hasta la cima final de las mafias que operan con el narcotráfico. Nosotros nos hemos ofrecido a darle información a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre donde están cocinas, puntos de narcomenudeo y pistas a través del diputado . Todavía no hemos recibido ninguna respuesta, pasó más de un mes, se ve que no tienen mucho apuro o interés.

Me llama la atención de que tengan por objetivo combatir el narcotráfico y hayan ratificado a toda la cúpula de la policía Federal del Gobierno anterior, o sea lo tenés a (Néstor) Roncaglia, a (Héctor) Tébes, a los mismos muchachos hartamente denunciados en cientos de causa por complicidades que han llevado a que nuestro país sea el primer país consumidor latinoamericano de cocaína y el tercer exportador mundial. Entonces, llama la atención que hayan cambiado la dirección de la policía de la provincia, la Gendarmería e incluso las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina y Aeronáutica) y que no hayan tocado a la banda de los comisarios que han estado lavando la policía hasta el día de la fecha; salvo que ellos tengan una evaluación de que la policía Federal estaba haciendo bien su trabajo. Si esta es la evaluación estamos en el horno porque contrasta seriamente con lo que dice Naciones Unidas respecto de lo que se ha convertido la Argentina.

– En este marco, ¿qué conclusión hace del traspaso de una parte de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires?

– La transferencia de la Policía Federal a la Ciudad sin una purga es un peligro muy grande, porque están pasando los mismos comisarios que eran recaudadores de territorios y nada indica que vayan a dejar de serlo. Insisto, tiene que blanquearse el salario de las fuerzas de seguridad, tienen que depurarse sus cúpulas, tiene que sindicalizarse la fuerza de seguridad para que aquel policía honesto pueda denunciar al corrupto sin temor a que lo echen. Primero, hay que preparar las condiciones para que las fuerzas de seguridad realmente puedan actuar y no volverse al papelón como ha pasado con la búsqueda de los tres prófugos, los hermanos Lanatta y Víctor Schillaci, que dicho sea de paso los encontró la AFI, que recibió un dato de uno que quería cobrar una recompensa.