El Gobierno nacional decidió aplicar fuertes cambios en las tarifas del servicio de energía eléctrica. A raíz del aumento del precio para la energía que producen las generadoras y en el servicio de distribución, las subas en el área metropolitana alcanzan el 500 por ciento y también son muy fuertes en el interior del país, lo que repercutirá en el problema de la inflación.

Frente a esta situación, se juntó este jueves una mesa de trabajo, buscando recoger las distintas voces afectadas (asociación de usuarios y consumidores, asociación de comerciantes, asociación de inquilinos; personas desocupadas; monotributistas, ciudadanos de las provincias del resto del país que no entrarían en la anunciada tarifa social, asociación de comerciantes, etc) que no fueron consultadas al respecto.

Asistieron a la misma, las diputadas Victoria Donda y Gabriela Troiano; el diputado provincial (MC) Ricardo Vago; Héctor Polino, de Consumidores Libres; Miguel Calvete, director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (Fesach); Carolina Suarez Periodista especializada en Derechos del Consumidor; Isaac Rudnik coordinado del Indice Barrial de Precios – ISEPCi; y Adolfo Buzzo Pipet de Asamblea de vecinos por la luz.

Donda explicó que “si bien el artículo 42 de la Constitución Nacional es contundente al consagrar de manera expresa el derecho de los usuarios a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y el control estatal de los monopolios naturales y legales, además del establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos que genere su prestación, con la correspondiente participación de las asociaciones de consumidores y usuarios; no parece que esta medida vaya en ese sentido”.

“Tampoco parece haberse respetado hasta aquí la ley 24.065, que crea el Régimen de la Energía Eléctrica, y en su artículo 48 establece que 'cuando el ente –ENRE– considere que existen motivos razonables para alegar que la tarifa de un transportista o distribuidor es injusta (…) convocará a una audiencia pública', agregó la diputada.

Polino, de la organización Consumidores Libres, sostuvo que “la quita del subsidio se realizó de forma arbitraria sin tener en cuenta los relevamientos que en su momento se llevaron a cabo para establecer de manera lógica a quien le corresponde tener subsidio y a quien no”.