La líder de la Coalición Cívica y legisladores de su sector criticaron que el Gobierno haya cedido “a presiones sectoriales”, en referencia a la eliminación de las retenciones mineras.
En la más notoria toma de distancia de una medida del Gobierno de Mauricio Macri adoptada por Elisa Carrió, la Coalición Cívica criticó con dureza el anuncio presidencial del viernes que benefició a las empresas mineras.
Lo hizo a través de un comunicado que lleva las firmas de Elisa Carrió y dirigentes de la Coalición Cívica, en el que expresa sin reparos “su rechazo al anuncio del Gobierno, advirtiendo que a una actividad como esa “no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”.
El comunicado emitido este sábado señala que manifiesta el rechazo de la Coalición Cívica “al anuncio del Gobierno Nacional respecto de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de la industria minera, dado que significa la entrega de recursos públicos en favor de empresas (en su mayoría multinacionales) con rentabilidad superlativa en los últimos años. Tengamos en cuenta que en nuestro país operan en dicha actividad más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de empresas nacionales”.
“Es importante recordar que desde la ley 24.196 de Inversiones Mineras sancionada durante el gobierno de Carlos Menem en adelante la actividad minera es, sin dudas, una de las actividades productivas más beneficiada e incentivada por las leyes nacionales, situación que se ha consolidado a lo largo de la gestión kirchnerista”, recuerdan Carrió y sus compañeros de partido.
El comunicado agrega que “el régimen legal ‘promocional’ para las inversiones mineras en la Argentina incluye una serie de beneficios comerciales, tributarios, financieros y cambiarios, a lo que se suma la permeabilidad e ineficiencia en los controles del Estado”.
Firman la declaración los diputados nacionales Elisa Carrio, Fernando Sánchez, Alicia Terada y Leonor Martínez Villada; la directora de ACUMAR Fernanda Reyes, y el diputado provincial catamarqueño Rubén Manzi, quienes señalan que “hoy la actividad minera cuenta con un régimen tributario especial que contiene excepciones en los impuestos a las ganancias, a la ganancia mínima presunta, al valor agregado, al cheque, a los derechos de importación y exportación, régimen de estabilidad fiscal y un compromiso federal que garantiza la no imposición de gravámenes y tasas municipales ni impuesto a los sellos provinciales. La envidia de todo comerciante, industrial y prestador de servicio en nuestro país”.
“A esto debe sumarse que el canon impuesto a la minería establecido en pesos y no ajustados por casi veinte años, fue recientemente actualizado con criterios vergonzosos por la administración de Cristina Fernández de Kirchner”, agregan.
Así las cosas advierten que “a una actividad con baja capacidad de generación de puestos de trabajo y alto impacto ambiental, no se la puede beneficiar de manera privilegiada con medidas que impliquen transferencias de recursos del conjunto de la sociedad, ocasionando un costo fiscal considerable”. El comunicado agrega que “el uso de las reservas de agua, el cumplimiento de la ley de glaciares, el impacto ambiental por explotación y sus eventuales accidentes (Como fue el derrame de agua cianurada ocurrido en la mina Veladero, comprometiendo la salud de los habitantes de la ciudad de Jachal, en la Provincia de San Juan, sin que implique sanción alguna para la empresa) la reforma del código de minería entre otros, deberían ser los temas de atención de una nueva gestión”.
La declaración concluye diciendo que “un país que cuida su presente y piensa su futuro pone como prioridad la agenda ambiental, no la rentabilidad de unos pocos. Por lo tanto la defensa del interés general no debe ceder ante las presiones sectoriales, como lo es el lobby minero”.
