Las diputadas nacionales Victoria Donda y Gabriela Troiano, más el diputado provincial (MC) Ricardo Vago, y un grupo de ONGs solicitarán una audiencia al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, para debatir sobre la magnitud de los aumentos en la tarifa eléctrica. Recuerdan que se ha omitido la realización de una auditoria y un cálculo de costos, y pedirán explicitar el plan de inversión de las empresas, considerando que siguen las mismas concesionarias que vienen de cobrar, sostienen, “voluminosos subsidios y de fallar en su misión de brindar un servicio adecuado”.

Estarán junto a los legisladores Héctor Polino, de Consumidores Libres; Miguel Calvete, director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (Fesach); Carolina Suarez, periodista especializada en Derechos del Consumidor; Isaac Rudnik coordinador del Indice Barrial de Precios – ISEPCi; Silvia Saravia y Emiliano Montini del equipo legal de Barrios de pie y Adolfo Buzzo Pipet de Asamblea de Vecinos por la Luz.

También pedirán información sobre la tarifa social y su alcance. La misma debería ser para todo el país y para todos aquellos que por sus ingresos no puedan abonar la tarifa plena. Quienes solicitan la reunión, plantean que el límite de 150 KW es en extremo limitado, considerando el consumo real de los sectores de menores ingresos y la existencia en muchos casos de hogares multifamiliares con un mismo medidor eléctrico.

Por otro lado, discutirán sobre la situación de los inquilinos, que en la mayoría de los casos no son titulares de la factura, hecho que los deja afuera de la tarifa social. También sobre las Pymes y pequeños negocios en los cuales el actual incremento se trasladara a los precios y puede hacer inviable la actividad y favoreciendo la concentración del comercio y la actividad Pyme.

Los participantes de esa mesa de trabajo se comprometieron a hacer un seguimiento de los aumentos de las tarifas de todos los servicios públicos que plantee el Gobierno y continuidad al tema en particular.