Cinco de los decretos dictados por el presidente obtuvieron paridad de firmas por parte de oficialismo y oposición, y quedaron habilitados para ser tratados por alguna de las dos cámaras. El martes que viene se debatirá la creación del ENACOM y el 15% coparticipable que las provincias ceden a la Anses.
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo emitió dictamen este martes sobre una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el presidente Mauricio Macri, que obtuvieron paridad de firmas de oficialismo y oposición.
El cuerpo dictaminó en total sobre seis decretos, de los cuales cinco resultaron en un empate virtual y sólo uno consiguió el aval del Frente para la Victoria.
Ahora, los decretos quedaron habilitados para ser tratados por alguna de las dos cámaras, aunque ya quedaron vigentes por lo que se conoce como “sanción ficta”, siempre y cuando no sean rechazados tanto en Diputados como en el Senado.
La comisión terminó de constituirse y designó como presidente al senador radical Luis Naidenoff hasta el 10 de diciembre, cuando asumirá el mando el camporista Marcos Cleri, según se acordó entre oficialismo y oposición.
Los DNU que obtuvieron dictamen este martes fueron las modificaciones a la Ley de Ministerios (13/16) junto con la denominación del nuevo “Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable” (223/16); cambios a la Ley de Presupuesto (211/16) y la modificación a la Ley de Inteligencia (256/16).
También la modificación de la ley de aplicación del nuevo Código Procesal Penal (257/16); la alteración de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital (267/16) y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel (276/16), éste último un decreto delegado, apoyado por el Frente para la Victoria.
En tanto, para el martes que viene a las 11 quedó postergado el tratamiento de otros cinco decretos, que incluyen los temas más picantes: la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que absorbió a la AFSCA y la AFTIC; y la derogación del 15% coparticipable que algunas provincias ceden a la Anses.
Los otros DNUs que se tratarán la semana próxima son la suspensión de un decreto de 2001 sobre contribuciones patronales de los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada (275/16); la prórroga del impuesto al tabaco –reducido del 21% al 7%- (26/16); y el DNU 11/16, que deja sin efecto de manera transitoria el impuesto a los bienes suntuosos sancionado a instancias del anterior gobierno.
A la hora de los dictámenes, el Frente para la Victoria reunió ocho firmas, la misma cantidad que Cambiemos, que contó con el apoyo extra del massista Raúl Pérez y de Adolfo Rodríguez Saá para alcanzar ese número.
Ante esta paridad, Naidenoff definió como presidente de la bicameral –ante una necesidad de orden- que el dictamen de mayoría fuera el de Cambiemos.
El debate
El primer DNU en debate fue el 13/15, por el cual Macri modificó la Ley de Ministerios para adecuarla a su estructura de gobierno.
El kirchnerismo emprendió un fuerte rechazo al decreto, al advertir que “avanza sustancialmente sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley de Argentina Digital”.
“La facultad que tiene el PEN de confeccionar su organigrama de ministerios es real, pero si atrás de esa facultad se avanza sobre legislación vigente, el decreto debe ser declarado invalido”, explicó Cleri.
En el mismo sentido, el kirchnerista Mario Pais sostuvo que con el decreto 13/15 “se violentó la voluntad popular”, pues se puso a la AFSCA -pensada como organismo autónomo- bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones.
Por el Pro, Pablo Tonelli rechazó las críticas de la oposición al considerar que “un DNU tiene el mismo valor y contenido que una ley”.
“Es perfectamente lícito que un DNU derogue o modifique una ley”, indicó el macrista, al tiempo que el diputado radical Luis Petri agregó que “Cristina (Kirchner) dictó 13 modificaciones a la Ley de Ministerios por DNU”.
En respuesta a Tonelli, la camporista Anabel Fernández Sagasti consideró una “aberración jurídica decir que una ley del Congreso es igual a un decreto”.
El massista Pérez criticó el decreto y dijo esperar que “el Ejecutivo envíe leyes correctivas”, pero informó que “a pesar de eso, y en mérito a la necesidad y urgencia y a la corta transición de gobierno, el Frente Renovador va a apoyar” las modificaciones a la Ley de Ministerios.
Otro de los decretos que generó mayor discusión es el que traspasó el sistema de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
“Es el juez el que autoriza la escucha. Quieren cercar a la procuradora general (Alejandra Gils Carbó) cuando no tienen facultad para hacerlo. Este decreto es absolutamente inconstitucional”, sentenció la diputada K Juliana Di Tullio.
El radical Luis Petri consideró en cambio que “era necesario traspasar” lo que se conoce en la jerga como “Ojota” (Oficina de Observaciones Judiciales), algo que ya se había debatido en oportunidad de la sanción del nuevo Código Procesal Penal.
