Tras un verano donde se le cuestionó al Gobierno no convocar a extraordinarias, la administración prepara un menú de iniciativas que enviará a partir del 1º de marzo, ahora con la convicción de que no se lo frenará la oposición.
No necesitaba llegar a las elecciones de octubre para saber el macrismo que si ganaban encontrarían en el Congreso un bastión complicado para ejercer el poder. El trámite electoral de ese domingo les confirmó que más allá de la alegría de haber alcanzado el objetivo de estar en el balotaje, la composición de ambas cámaras sería muy adversa en caso de ganar la presidencia, más allá de que Cambiemos pudiera sumar los legisladores de todas las fuerzas que componen el frente. Sobre todo el Senado, donde nunca Macri tendrá -al menos durante un primer mandato- una composición medianamente favorable, conforme la modificación paulatina de su estructura, por tercios cada dos años.
Confirmada la victoria, se dejó trascender entonces que el presidente Mauricio Macri utilizaría una herramienta constitucional para compensar esa adversidad legislativa: los DNU. Se trata de una vía que le permite al presidente legislar sin depender del Congreso, que de todas maneras luego revisa esas medidas. Con un detalle favorable a esta administración: para que no se convalide un decreto es necesario que ambas cámaras lo rechacen.
Así las cosas, tras ganar el balotaje las nuevas autoridades sabían que la Cámara de Diputados sería la instancia donde la oposición en general y el kirchnerismo en particular no alcanzarían a frenar esos decretos. Fin de la historia: se aprovecharía la vía de los DNU y el tiempo de receso del Congreso sería usado en ese sentido. No se convocaría entonces a extraordinarias.
Contribuyó también para esa decisión la recomendación de los socios radicales que, en base a su experiencia, advirtieron que la nueva administración debía asegurarse bien el resultado de las votaciones, antes de poner a funcionar el Parlamento. Se tomó nota de ello y se trabajó en consecuencia.
Esa decisión que se sabía antes de asumir no tomó entonces desprevenido a nadie. Hizo ruido, sí, de entrada, la designación “en comisión” de dos jueces para completar la Corte Suprema. Pero precisamente no fue ese un DNU. Como tampoco lo fue el otro decreto más polémico en estos dos meses de Macri: el que aumentó la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí lo fue el que derogó la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, que dispuso Cristina Kirchner en sus últimos días de Gobierno… a través de un DNU.
Pero ese “período de gracia” concluirá inexorablemente en pocos días, con la apertura del período ordinario y el momento para el cual el Gobierno prepara un paquete de proyectos que ya han ido trascendiendo y que llegarán para compensar el efecto dado por el uso de decretos que llevó al kirchnerismo duro a organizar incluso marchas reclamando la “reapertura” del Parlamento y denunciando “métodos antidemocráticos” del macrismo.
Convengamos que en realidad la reapertura del Parlamento acaba de suceder, aunque limitada al Senado de la Nación, para tratar pliegos de jueces, embajadores y ascensos militares. Siempre se barajó este llamado a extraordinarias para que la Cámara alta cumpliera con estos trámites, pero el tema se complicó cuando el Ejecutivo optó por la controvertida designación en comisión de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, para la Corte, de la que ya hablamos.
Más allá de los pliegos, la batería de proyectos que prepara el Ejecutivo para remitir al Congreso incluye algunos de los temas que Macri barajó enviar en diciembre, pero que frenó para sopesar primero el estado real de la Cámara de Diputados, sobre todo. Esos temas correspondían a la modificación del piso de Ganancias, una promesa de campaña que terminó implementándose por decreto para el aguinaldo, a la espera de una ley que según deslizaron funcionarios podría ser retroactiva a enero.
En el mismo combo se incluye una modificación en las asignaciones familiares, como así también la rebaja del IVA sobre productos de primera necesidad. Medidas que, según precisaron funcionarios a este medio, buscan “recomponer el poder adquisitivo de la gente” que reconocen viene perdiéndose aceleradamente sobre todo desde noviembre pasado.
Pero hay un tema clave que es el que demanda la principal atención del Gobierno, como es el arreglo con los fondos buitre, que quedará ad referéndum de determinadas aprobaciones legislativas. Se habla solo de la Ley Cerrojo, pero en realidad según señaló en sus tiempos de diputado a Parlamentario Federico Sturzenegger, actual titular del Banco Central, habrá que derogar dos normas: además de la Ley Cerrojo, la de Pago Soberano, y al menos un artículo de la ley que autorizó a concluir el canje de deuda en 2010.
Los mencionados son los primeros proyectos que deberá convertir en ley este Congreso reacondicionado luego de acuerdos y desgajamientos. Otros temas merecerán un tratamiento que se extenderá a lo largo del año, como la reforma electoral, para la cual funcionarios de la cartera de Interior vienen hablando con diversos actores: las provincias y los partidos políticos ya pasaron por la Casa Rosada; ahora les tocará a legisladores y representantes de organizaciones que harán también sus aportes en la materia. El eje de los cambios que impulsa el Gobierno son la boleta única, que podría ser o no electrónica, la unificación de los calendarios electorales -que depende de las provincias- y la creación de un organismo autónomo para manejar el proceso electoral.
“Se terminó la época de las leyes ‘exprés’, ahora habrá debate”, celebró un diputado oficialista, a modo de garantía. Se verá. En ese marco prometen que no se aprobará solo lo que mande el Ejecutivo, sino que se dará curso a iniciativas de los propios legisladores. Sería el caso de la Ley de Humedales, anunciada por el presidente Macri, que llegaría al Congreso a través de un diputado del Pro, Juan Carlos Villalonga, extitular de Greenpeace Argentina y expresidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad.
Un tema donde hay muchos antecedentes legislativos presentados como proyectos son los que promueve la Secretaria de Etica Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Según adelantó su titular, Laura Alonso, el Gobierno enviará en marzo al Parlamento una serie de iniciativas tendientes a luchar contra la corrupción, entre las cuales figuran la ley de Acceso a la Información Pública y la ley del Arrepentido. Será una señal positiva que esas iniciativas oficiales se nutran de los proyectos ya existentes en la materia.
También la ley de extinción de dominio, para recuperar el dinero y los bienes que exfuncionarios y su entorno no puedan justificar, y cuyo origen esté vinculado a la comisión de delitos contra la administración. Se impulsará además una modificación de la Ley de Ética Pública, por cuanto la reforma que promovió el kirchnerismo en 2013, en el marco de la reforma judicial, “distorsionó y quebró el sistema de declaraciones juradas que servía para controlar el patrimonio de los funcionarios públicos y detectar potenciales casos de enriquecimiento ilícito”, según sostiene la exdiputada Laura Alonso.
La emergencia en Seguridad fue implementada por decreto, pero se prometió que sería complementada por leyes que mandará el PEN al Parlamento. Entre las mismas, se espera la controvertida ley de defensa del espacio aéreo, comúnmente denominada ley de derribo, que se espera el kirchnerismo duro y sectores de izquierda rechacen. En ese marco, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prometió una ley que contemple qué hacer con las pistas de aterrizaje clandestino, que se estiman en el orden de 1.800 en nuestro país. Se planteará una metodología para destruir las pistas y generar una corresponsabilidad de los propietarios si hay connivencia.
A lo largo del año, se enviará al también al Congreso un proyecto que buscará armar un sistema de trazabilidad para los equipajes de transporte terrestre, de modo tal que en los micros se sepa fehacientemente a qué pasajero corresponde cada valija.
Sí han adelantado funcionarios que en breve el Gobierno avanzará en un proyecto de ley sobre juicio en ausencia, para aplicar en la causa del atentado a la AMIA.
Otras medidas que deberá esperar el Congreso tienen que ver con la reforma a las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública y una nueva ley de implementación de la reforma procesal penal; y modificaciones de las leyes de subrogancias y del Consejo de la Magistratura.
Si todo eso se pone en marcha, dejarán de reprocharle al Gobierno su verano a puro decreto.
Temas a debatir este año
* Mínimo no imponible de Ganancias
* IVA sobre productos de primera necesidad
* Asignaciones familiares
* Reforma electoral
* Consejo de la Magistratura
* Reforma de la Ley de Subrogancias
* Acceso a la Información Pública
* Ley del Arrepentido
* Extinción de dominio
* Modificación de la Ley de Etica Pública
* Jueces para la Corte
* Ley de defensa del espacio aéreo
* Derogación de la Ley Cerrojo
* Ley de Pago Soberano
* Juicio en ausencia
