En medio de la preocupación por el crecimiento del negocio del juego que tal habilitación acarrearía se cuestiona los impedimentos para obtener una información acabada del estado de situación sobre la autorización en trámite ante el Ejecutivo provincial.
El presidente del bloque de diputados del Gen Marcelo Díaz alertó sobre la posible inminente autorización del traslado del bingo radicado en Temperley hacia las inmediaciones del Puente La Noria.
El lugar en cuestión, informó Díaz, “se encuentra ubicado en una zona estratégicamente transitada por miles de personas a diario, ya que entre sus inmediaciones está la terminal de ómnibus y la feria de La Salada. Eso evidencia la clara intención de seguir sacando plata a los vecinos más pobres para destinarla al crecimiento del patrimonio de los más ricos”.
El bingo – explotado comercialmente por la firma española Codere-, que actualmente es de dimensiones reducidas, con este traslado a Puente La Noria vería incrementada su capacidad física, lo cual asimismo propiciaría la instalación de innumerables máquinas tragamonedas y un incremento notable en la asistencia de público.
También destacó que “el aumento de establecimientos destinados al juego en manos privadas, de continuar regido por intereses exclusivamente comerciales, continúa obviando la debida consideración hacia las perjudiciales consecuencias de la ludopatía, en tanto su carácter de afección a la salud, pese al carácter de ésta de derecho universal consagrado constitucionalmente”.
Marcelo Díaz, principal referente de Margarita Stolbizer en la Legislatura bonaerense, viene trabajando hace tiempo reclamando la negativa al traslado de este bingo, habiendo aprobado la HCD proyectos de su autoría exigiendo la no apertura del mismo.
El Diputado manifestó también que al intentar tomar conocimiento sobre el accionar del Ejecutivo provincial al respecto, se encontró con una cerrada negativa a brindarle la información en cuestión por parte de las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos; la cual resulta incausada en atención al legítimo derecho de acceso a la información pública protegido por la normativa vigente.
“No queremos pensar que la administración provincial tiene hoy expedientes secretos, pero es lo que nos está demostrando la realidad a partir del impedimento de las autoridades a nuestro acceso al expediente”, expresó Díaz.
