El candidato de Macri para la Corte Suprema habló sobre el aborto, el consumo de drogas y la coparticipación de impuestos, y debió soportar críticas del Frente para la Victoria por avalar su designación por decreto.
Aborto, impuesto a las Ganancias, consumo de drogas, derecho a huelga, coparticipación de impuestos y designación de jueces por decreto. Estos fueron algunos de los temas sobre los que Horacio Rosatti, candidato del presidente Mauricio Macri para la Corte suprema, sentó su posición ante una audiencia pública en el Senado.
El abogado santafesino se presentó este jueves ante la Comisión de Acuerdos para responder decenas de preguntas de los senadores y asociaciones civiles, la mayoría de ellas sobre su polémica designación por decreto y sin aval parlamentario, que Macri debió frenar.
Rosatti se presentó durante casi seis horas ante la comisión que preside el salteño Rodolfo Urtubey, en el Salón Azul del Congreso colmado de senadores y ciudadanos. Lo hizo junto al otro candidato para el máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, que deberá hacer lo propio el próximo miércoles en una nueva audiencia pública.
Ambos son impulsados por el presidente para ocupar las vacantes que dejaron Eugenio Zaffaroni en diciembre de 2014 y Carlos Fayt en diciembre pasado.
Polémica por su designación
Aunque no se cansó de elogiarlo por su trayectoria profesional -fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner-, el Frente para la Victoria lo cuestionó una y otra vez a lo largo de toda la audiencia por haber aceptado ser designado por decreto y sin aval parlamentario por el presidente Macri.
Sin embargo, Rosatti reiteró cada vez que pudo que la maniobra fue constitucional y respetaba el decreto 222 de Néstor Kirchner sobre el tratamiento que deben tener los pliegos para la Corte. A su juicio, el artículo 1 del decreto de Macri que apeló al inciso 19, artículo 99, de la Constitución para designar jueces en comisión por el receso del Senado, debe ser “interpretado” junto al artículo 2, que establece la convocatoria a audiencias públicas contempladas por el decreto 222.
El mencionado inciso sostiene que el presidente de la Nación “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.
Por demás, Rosatti aseguró que “si hubiera sabido que solamente era la primera alternativa, lo hubiera pensado muchísimo, no por la inconstitucionalidad, que se ha debatido y tenemos la biblioteca de un lado y del otro, más gorda de un lado”.
Pero la respuesta en modo alguno satisfizo al peronismo, que reclamó desde que se conoció el decreto pidió la convocatoria inmediata a sesiones extraordinarias en el Congreso durante el verano, algo que solo depende del Poder Ejecutivo.
El más duro fue Miguel Pichetto, jefe del bloque, que llegó a afirmar que “todas esas designaciones (de jueces por decreto) están vinculadas a gobiernos militares”.
En tanto, Rosatti reconoció que la advertencia de los senadores kirchneristas de que no aprobarían su pliego si no se daba marcha atrás con la designación por decreto “generó un antes y un después”.
De hecho, admitió que hubiera jurado como juez supremo si esto no ocurría. “No hay ninguna sentencia judicial que lo impida”, le contestó a la chaqueña María Inés Pilatti de Vergara.
En otro pasaje del debate, el postulante aclaró: “No tengo ningún tipo de relación ni he hablado jamás con el presidente de la Nación”. “Sólo conozco hoy al ministro de Justicia”, confesó.
En relación al cupo femenino en la Corte, otra cuestión que le generó impugnaciones, opinó que “escapa” a su “ámbito de decisión” ya que la nominación corresponde al presidente. Sin embargo, afirmó: “estoy de acuerdo con la equidad de género en la Corte”.
Con ese reclamo, un grupo de activistas de género del Frente Renovador encabezado por la diputada nacional Carla Pitiot concurrió a la reunión con un mensaje estampado en remeras: “Mujeres en la Corte, vamos por más igualdad”.
En caso de aprobarse los pliegos de Rosatti y Rosenkrantz, el máximo tribunal pasará a tener cuatro varones y una sola mujer, Elena Higton de Nolasco.
En otro orden, consultado sobre la posibilidad de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema, Rosatti consideró que “depende de la competencia de la Corte, si asume más o menos causas de las que tiene”. Además, se mostró de acuerdo en el límite de 75 años de edad que establece la Constitución como límite para ser juez del máximo tribunal.
Temas varios
La gran cantidad de preguntas de senadores y asociaciones civiles permitieron conocer la opinión del candidato sobre temas relevantes. Así, evitó definirse a favor o en contra de la constitucionalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, pero abogó porque el Congreso reforme la “redacción muy oscura” del artículo 86 del Código Penal para dirimir el tema ya que se trata de una tema “dramático”.
Por otra parte, opinó que los jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias y se manifestó a favor de la despenalización del consumo de drogas para uso personal, al señalar que las adicciones deben ser abordadas desde el campo de la medicina y la “contención social” pero no por el derecho penal.
Rosatti también se pronunció a favor de continuar con las políticas de derechos humanos implementadas durante el kirchnerismo y agregó que en este campo el Estado debe hacer foco en la trata de personas, el narcotráfico y la pornografía infantil.
Además dijo que reconoce el derecho a huelga “a todos los gremios” pero no aclaró su opinión respecto de los casos de ciudadanos a título individual.
Incluso habló sobre la coparticipación de impuestos, luego de que los gobernadores peronistas rechazaran el plan del presidente para devolver de manera progresiva el 15 por ciento de los fondos que retiene la ANSES. Sostuvo que el régimen de coparticipación “no puede modificarse unilateralmente por ninguna de las partes” ya que “es una ley convenio porque tiene el contenido de una ley pero es un contrato de múltiples partes donde una parte no puede modificar lo que todas acordaron”.
“Lo recomendable es que surja un consenso desde las provincias”, sintetizó Rosatti, al recordar que luego de la aprobación del Congreso, esta norma debe ser ratificada por las Legislaturas provinciales.
El postulante evitó sentar posición sobre la Ley de Derribo; destacó el pase al sistema procesal penal acusatorio y el rol de la Procuración General; y pidió implementar el juicio por jurados, al considerar que “es una deuda pendiente de la Argentina”.
Con respecto a la integración del Consejo de la Magistratura –Macri anunció que promoverá una ley al respecto-, Rosatti opinó que “falta representatividad de sectores académicos y científicos”.
Más adhesiones que impugnaciones
Rosatti es abogado santafesino egresado de la Universidad Nacional del Litoral, posee distintos títulos posgrados y se desempeñó como convencional constituyente en 1994, Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Néstor Kirchner entre 2004 y 2005 y conjuez de la Corte Suprema entre 2002 y 2014.
Su candidatura recibió 1.016 adhesiones y 13 impugnaciones. Algunos de los avales corresponden a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a la Asociación Argentina de Derechos Procesal Constitucional, al Colegio de Abogados de San Isidro, al exdiputado de la UCR y exfiscal del juicio a las Juntas Militares Ricardo Gil Lavedra, al excanciller kirchnerista Rafael Bielsa y al diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR).
En tanto, algunas de las impugnaciones corresponden al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez (FpV), a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, a la dirigente Vilma Ripoll (Movimiento Socialista de los Trabajadores), a la Asociación de Abogados Laboralistas, a la Asociación Civil Justicia Legítima y a la Asociación Pensamiento Penal.
