La organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional acusó a Máximo Kirchner, Teresa García y Carlos Kunkel de incumplimiento de deberes de funcionario público. Los legisladores habían respondido a la resolución de Monzó y continúan ocupando las oficinas.
La disputa entre el Pro y el Frente para la Victoria por los despachos del tercer piso de la Cámara de Diputados, aún sin resolver, pasó este viernes al plano de la Justicia.
La organización Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional denunció penalmente a los diputados nacionales Máximo Kirchner, Carlos Kunkel y Teresa García por “resistir el desalojo de despachos”, tal como había ordenado el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó.
La denuncia tomó por sorpresa a los diputados kirchneristas, que aseguraron no estar notificados, y que continúan ocupando las oficinas a pesar de que ya caducó el plazo de 72 horas para desalojarlas.
En el texto, la ONG presidida por José Lucas Magioncalda acusa a los legisladores de haber cometido el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público previsto en el artículo 249 del Código Penal.
En la presentación judicial se imputa a los diputados del Frente para la Victoria por “haber incumplido con la devolución de oficinas y despachos de la Cámara de Diputados” a pesar de lo dispuesto en la resolución de Presidencia el 25 de febrero pasado.
El bloque liderado por Héctor Recalde había respondido a esa resolución por la vía administrativa, requiriendo que se informe en qué cuerpo legal se basaba la Presidencia para atribuirse la facultad de disponer sobre los despachos.
Sin embargo, los diputados no obtuvieron respuesta de Monzó y hasta el momento no se produjo ningún desalojo. “La idea es resolver este tema políticamente”, confiaron voceros del bloque.
La causa impulsada por Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, que lleva el número 2339/16, quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 8, a cargo del doctor Marcelo Martínez Di Giorgi, e intervendrá la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de Leonel Gómez Barbella.
Se trata de la misma ONG que en noviembre pasado denunció penalmente al entonces presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez por la designación de dos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN).
