Al recordar las denuncias de Edward Snowden y Julian Assange, la diputada Alcira Argumedo alertó que el programa impulsado por Macri para la Administración Pública podría ser usado por compañías y agencias de inteligencia internacionales.
El 21 de enero pasado, en Davos, el presidente Mauricio Macri anunció que implementará en el Estado un sistema de Facebook para gestión del trabajo en empresas.
El sistema, llamado “Facebook At Work”, brindaría distintas herramientas para la organización laboral en la Administración Pública Nacional, pero recoge cuestionamientos por su posible afectación al “derecho a la información, la soberanía y la industria nacional”.
Una de las que se manifestó en este sentido fue la diputada nacional y socióloga
Alcira Argumedo (Proyecto Sur), quien no contenta con los anuncios que trascendieron en los medios de comunicación presentó un pedido de informe para que se den a conocer los términos del acuerdo celebrado entre el Gobierno y Facebook.
Según Argumedo, “un primer problema es en qué lugar geográfico están los servidores donde se almacenarían los datos del Gobierno”. “En el caso de Facebook suelen estar en ubicaciones desconocidas. Resulta preocupante que si el Gobierno pretende realizar una inspección en los servidores por cualquier razón y la jurisdicción va a ser geográfica, el Gobierno argentino no va a tener acceso si no es a través de una acción en el extranjero”, señaló.
En 2013, Edward Snowden, exagente de la CIA, hizo pública una sospecha generalizada: grandes compañías de internet suministraban información a las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Antes, el cyberactivista y fundador de WikiLeaks Julián Assange filtró cables que demostraban que Estados Unidos espiaba a jefes de Estado de Europa, lo que generó un escándalo diplomático con Francia.
“Estos episodios ponen de manifiesto la estrecha vinculación entre las compañías de comunicación estadounidenses y las agencias de inteligencia. Suponer que la información volcada en estas plataformas está a resguardo sería por lo menos ingenuo. Las revelaciones permitieron saber que los datos alojados en los servidores de estas compañías ni siquiera requieren una orden judicial para ser expuestos a las autoridades”, alertó la socióloga.
Por otra parte, indicó que “el acceso a la información digital debería ser público, abierto y accesible para todos los argentinos y argentinas” pero que por el contrario “dicha información estará en servidores controlados por una empresa privada, alojados en otro país y -sobre todo- regulados por la legislación de Estados Unidos, acarreando todo tipo de complicaciones”.
Además, Argumedo destacó que “este acuerdo conlleva un perjuicio para el fomento de la industria nacional”. “Argentina tiene recursos humanos valiosísimos en el sector del software, sector que genera valor agregado con poca inversión. En vez de invertir en conocimiento local para desarrollar una herramienta nacional para estos fines, prevalece una política pública de privatización”, lamentó.
