El fiscal federal Federico Delgado pidió resguardar toda la documentación "que directa o indirectamente" esté vinculada a las negociaciones que encaró el Gobierno.
El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación contra los principales funcionarios del Gobierno nacional por el acuerdo con los holdouts por la deuda en default, que se tratará este martes en la Cámara de Diputados.
El fiscal pidió resguardar “todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente estén vinculados a la cuestión”, para evitar la eventual desaparición de pruebas.
La conducción de Cambiemos aspira a que el convenio firmado con los fondos buitres sea aprobado en la madrugada del miércoles por la Cámara de Diputados tras conseguir el respaldo del massismo y del bloque Justicialista. Se trata de un paso clave para la gestión de Mauricio Macri que busca conseguir el aval del Congreso antes del 14 de abril, cuando finaliza el plazo para pagarles a los holdouts.
Delgado dictaminó a favor de investigar una denuncia presentada este lunes por los abogados Eduardo Barcesat, Horacio Corti y Jorge Cholvis.
Entre otras medidas de prueba, la fiscalía pidió al juez federal Sebastián Casanello que requiera los documentos que hayan estado “directa o indirectamente” relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia estadounidense o cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo.
Delgado consideró que hay elementos para impulsar la pesquisa. Y pidió a Casanello que “con la premura del caso” libre “una orden de presentación” dirigida al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para que “de inmediato ponga a disposición todos y cada uno de los documentos en cualquier soporte, que directa o indirectamente vinculados a la cuestión de los fondos buitre, ya sea en el marco de las causas que sustancian en Nueva York o en otros tribunales arbitrales, administrativos y/o judiciales del mundo”.
Además, requirió que se encomiende “también en un plazo perentorio a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y a la Universidad Torcuato Di Tella que designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154”.
Ahora Casanello resolverá si ordena estas medidas de prueba.
