El oficialismo aceptó importantes modificaciones en el proyecto original para garantizarse el apoyo de bloques opositores y darle media sanción al acuerdo con los holdouts en la Cámara de Diputados.

Uno de los cambios más importantes el límite a la toma de deuda. El proyecto original del Gobierno nacional no fijaba cifras para el endeudamiento. Pero a pedido de los bloques de Diego Bossio y Sergio Massa, Cambiemos aceptó incluir un tope de 12 mil 500 millones de dólares -la cifra estimada que se necesitará para cumplir con el pago es de 11.684 millones-.

El articulado de la ley especifica además que todos los préstamos que sean tomados con ese fin deben ser destinados exclusivamente para el pago de deuda. En caso de que llegase haber algún excedente, deberá ser imputado a la autorización de endeudamiento votada con el Presupuesto 2016.

También se incluyó una cláusula para evitar un revés judicial fuera del país. De esta manera, Cambiemos aceptó que se condicione el pago a los holdouts a que la Cámara de Apelaciones de Nueva York tenga un fallo favorable para el país y deje sin efecto los amparos que prohíben emitir deuda a la Argentina.

Sin embargo, y pese a las críticas planeadas desde adentro del oficialismo, la iniciativa prorroga la jurisdicción extranjera para la resolución de los litigios contra el país.

Además se contempló la obligación de que los nuevos bonos sean emitidos con las cláusulas de acción colectiva para cubrir al país frente a nuevas demandas. El objetivo es impedir que algún bonista utilice con la nueva toma de deuda la estrategia inaugurada por los holdouts en los tribunales de Estados Unidos.

Así, en caso de que el país disponga un canje de deuda, el artilugio legal fuerza a que todos los acreedores deban tomar la propuesta de pago argentina si al menos el 66 por ciento de ellos la acepta.

Cambiemos también aceptó incluir una cláusula para impedir que futuras propuestas a los holdouts que no están contemplados en este acuerdo puedan superar a la actual, que es calculada a partir del monto del capital adeudado más el 50% de ese mismo capital. El acuerdo incluye además la inclusión de un pedido para que el juez Thomas Griesa dicte un “stay” que deje abierta la oferta por cinco años para otros holdouts que quieran acogerse a la propuesta.

Otra modificación relevante es el pago recién después de que se levante el Pari Passu. El macrismo aceptó reformular el artículo 5 para que el pago a los holdouts se realice sólo después de que se concrete el “levantamiento automático y efectivo de las órdenes Pari Passu”. El fallo del juez Griesa se basa sobre una interpretación sin precedentes de esa cláusula: en su fallo, el magistrado consideró que la cláusula que garantiza que todos los bonistas sean “tratados igualitariamente” debía ser entendida como que a cada uno de ellos debía pagárseles lo que se les debe.

Asimismo se aumentan las atribuciones que tiene la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa, que realizará un seguimiento permanente. De esta manera se faculta al Congreso a fiscalizar el manejo de los fondos para que no se utilicen para gastos corrientes. Y por requerimiento del massismo, el informe periódico que iba a ser semestral ahora se hará cada tres meses.

Por otra parte, se estableció un límite a las comisiones: para evitar suspicacias sobre los beneficios que cobrarán bancos e intermediarios por la colocación de los nuevos bonos de deuda argentinos, el oficialismo aceptó incluir en la ley un tope máximo de 0,2% a las comisiones.