Luego de la media sanción obtenida en Diputados, el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas encabezó la primera de una serie de reuniones que se llevarán a cabo en el Senado para debatir el proyecto. En su exposición, de más de cinco horas, precisó que el pago ascenderá a 11.684 millones de dólares.
El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, inició el debate en el Senado sobre el proyecto del Poder Ejecutivo para tomar deuda y así terminar con un litigio con bonistas que lleva 15 años.
El funcionario expuso durante más de 5 horas junto al procurador del Tesoro, Carlos Balbín, ante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión, en el Salón Azul del Palacio Legislativo.
La iniciativa fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados, durante una sesión maratónica, donde encontró 165 votos a favor y 86 en contra. El oficialismo prevé que los senadores puedan tratar el proyecto en el recinto el miércoles 30 de marzo.
En primer lugar, el funcionario dijo que la iniciativa “trata de normalizar de forma definitiva la cesación de pagos en la que entró el país en el 2001” y “ponerle fin a estos casi 15 años de default que nos han costado, sobretodo, millones de puestos trabajo”.
“Mientras no estemos en orden con las distintas jurisdicciones en las que emitimos bonos estamos aislados del crédito internacional, y no hay país, no hay empresa, que pueda desarrollarse sin acceso al crédito”, agregó el ministro.
Prat-Gay aseguró que el proyecto del Poder Ejecutivo “tiene por objetivo poner a Argentina de nuevo en el sendero del crecimiento”. Y aclaró que el default “no afecta sólo a Argentina, a las fuerzas de producción de nuestro país y a las familias, sino que también tiene un impacto regional”.
Luego, enfatizó en que el debate por el acuerdo con los fondos buitre “debe ser tratado como una política de Estado” y que lo que se está tratando de resolver “atravesó muchos gobiernos y signos políticos”.
“Esta es una cuestión que Argentina arrastra hace muchos años y es bueno que la resolvamos”, insistió. Además, expresó que “no es algo que se le ocurrió al nuevo Gobierno”.
Prat-Gay explicó que al momento del canje de 2005 “ya existían 42 juicios en contra de Argentina”. Y detalló que el capital original de valores del 2001 era de 6.006 millones de dólares, de los cuales más de la mitad son los que están en litigio en la sede judicial de New York.
“Este capital original de la Argentina se transformó después, a través de los litigios y los fallos, en un monto de 18.995 millones de dólares. Se multiplicó por tres y un poco más, a raíz de los fallos, las sentencias y el aumento de intereses”, continuó.
En cuanto a la complejidad del “problema”, el funcionario afirmó que no se debe sólo a “su magnitud” sino también “a sus aristas jurídicas”. “Todavía hay acreedores litigando contra el país”, manifestó.
“No es lo mismo negociar voluntariamente con un bonista que negociar en sede judicial con un fallo adverso”, consideró.
El ministro elogió a la gestión de Mauricio Macri y dijo que se ha tomado “el camino de la verdad” para negociar. Subrayó que se discutieron “firmemente” la cuestión de los intereses y que cuando los holdouts pidieron negociar directamente, sin mediador, el Gobierno lo rechazó.
Prat-Gay sostuvo que una vez que se levante la medida cautelar del juez Thomas Griesa, ya no será “tan difícil” para Argentina el acceso a créditos y así “tener más trenes, escuelas, puertos”.
Sobre la decisión del juez para que no se embarguen los fondos destinados al pago de la deuda con los holdouts, el funcionario macrista manifestó que “nadie va a poder hacerse el vivo y embargar, porque nadie va a poder embargar algo que ya esté resuelto”.
El titular de la cartera de Hacienda remarcó que el Gobierno nacional, a través del acuerdo, estima lograr una quita de un total de 38 por ciento del capital y del 56 por ciento de los intereses.
Además destacó que la estrategia de negociación se logró un “ahorro adicional del 20 por ciento sobre sentencia negociada”, al haber acordado el pago en efectivo.
También, el funcionario del Ejecutivo señaló que los tenedores de bonos que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 tendrán incluso un mejor resultado que los holdouts, ya que “van a cobrar más”, en base a una “tasa de capital más intereses acumulados del 4,8 por ciento anual”.
Por su parte, el procurador del Tesoro, Carlos Balbín, advirtió sobre los litigios que se producirían en caso de que la ley no se apruebe, y recordó que “Argentina también litigia con otras jurisdicciones como Alemania y Japón”.
“Hay que tener en cuenta los costos de los litigio y de los daños eventuales”, sostuvo. Y aclaró que “Griesa no aplica derecho argentino sino norteamericano y lo aplica para intentar probar el incumplimiento de la Argentina.
