Tras el anuncio de la gobernadora María Eugenia Vidal en la Asamblea Legislativa, ahora el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley de régimen de Declaración Jurada Patrimonial de los funcionarios y agentes del sector público de la provincia de Buenos Aires.

Según se aclaró, el objetivo es “avanzar en la aplicación del principio de transparencia en las políticas públicas”. En este sentido, la iniciativa se presenta como “una herramienta esencial para transparentar el accionar de las personas que ejercen una función pública, como fuente de autoridad y ejemplaridad social”.

La Declaración Jurada Patrimonial Integral, que tiene carácter reservado, contendrá los mismos datos que los solicitados por la A.F.I.P. para la declaración de impuestos a las ganancias y/o bienes personales, con la totalidad de los datos personales y patrimoniales del cónyuge o conviviente e hijos menores no emancipados del sujeto obligado, de corresponder.

Y en paralelo, deberán presentar también una Declaración Jurada Patrimonial Sintética, que no contendrá datos confidenciales y que será pública, pudieron ser consultada por cualquier persona.

Están obligados a realizar la presentación el gobernador; vicegobernador; ministros, secretarios y Titulares de Organismos Autárquicos y Descentralizados; subsecretarios y todo otro funcionario con jerarquía equivalente; directores Provinciales; personal de Gabinete y Secretario Privado comprendidos en la Ley N° 10.430; Escribano General de Gobierno y Escribano adscripto superior; Asesor General de Gobierno y Asesor Ejecutivo; Contador General de la Provincia y Subcontador; Tesorero General de la Provincia y Subtesorero; y Fiscal de Estado y Fiscales de Estado Adjuntos.

También deberán hacerlo los miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo; personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, inclusive Empresas del Estado, con jerarquía igual o superior a Subdirector o Subgerente; personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de Subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría; personal que intervenga en el manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos; y todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía.

Por último, se fijan una serie de sanciones ante el incumplimiento de la presentación de ambas Declaraciones Juradas, las cuales además deberán ser renovadas anualmente.