Por Melisa Yael Jofré

Una de las primeras promesas de campaña del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en cumplirse, fue la trasferencia de una parte de la Policía Federal Argentina a la Ciudad de Buenos Aires.

Sin dudas, el complejo proceso llevará un largo trabajo por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño y, en este sentido, su titular, Martín Ocampo, aseguró que se está avanzando “muy bien”. El ministro porteño destacó la rapidez de la firma del convenio de transferencia y catalogó a la medida como una “decisión muy federal” del presidente.

Ocampo además aseguró que el costo del traspaso fue “neutro” para ambas jurisdicciones y que los efectivos transferidos hoy por hoy ya se entrenan en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman los agentes metropolitanos.

Para el ex fiscal, el traspaso de la fuerza de seguridad “en sí es un cambio” que va a beneficiar a los vecinos del distrito y sostuvo ante Parlamentario que la participación ciudadana colaborará en el diseño de una mejor política de seguridad.

Por otro lado, se refirió a la actividad de los “trapitos” y dijo que “el espacio público tiene que ser de todos”. También, reconoció que la problemática “no se va a terminar de un día para el otro”. En cuanto a los manteros admitió que “es una tarea compleja para resolver” pero es necesario “buscar una salida” por parte del Estado para las personas que realizan la actividad como su único medio de subsistencia.

En cuanto a materia judicial, el funcionario reveló que junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, está “trabajando” la transferencia de juzgados y fiscalías a la Ciudad. Y destacó fundamental el camino para que la Ciudad “complete sus instituciones”.

– ¿Cómo está avanzando la trasferencia de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires?

Estamos avanzando muy bien, en los plazos que teníamos estipulados, con mucha colaboración entre todos los que intervenimos en el tema del traspaso. Arrancando a mucha velocidad, porque en poco tiempo después de varios años, que venimos reclamándole al Gobierno nacional la transferencia de la Policía Federal, lo pudimos hacer. En un mes y medio pudimos firmar el convenio y empezar el proceso de transferencia; se viene avanzando muy bien, con mucha colaboración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

– ¿Qué medidas concretas se están realizando, en la denominada etapa de transición, para ir hacia la unificación de las dos fuerzas de seguridad?

Estamos en varias. Primero, todo el estudio de la parte de seguridad social, temas laborales, régimen disciplinario, marco normativo, protocolos, actuación, hasta temas como el uniforme, mecanismos de entrenamiento, capacitación y también el equipamiento técnico y tecnológico que se requiere, es decir, estamos trabajando en dos planos. Primero, en un plano de la integración, pero en el mismo plano de la integración tratar de hacer lo que va a ser la proyección de esta fuerza unificada, de tal forma que los pasos que estamos dando vayan a la dirección de lo que nosotros queremos como modelo policial. Todo el proceso de capacitación se está llevando adelante, donde la Policía Federal transferida está haciendo cursos en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el que forma a los policías metropolitanos, ahí los estamos reentrenando en cuestiones vinculadas a la normativa local, contravenciones y procedimiento local, para que tengan la mejor capacitación.

– ¿Finalmente cuántos son los efectivos traspasados?

– Aproximadamente, todavía es un proceso, son cerca de 20 mil.

– ¿Qué costó implicó para las jurisdicciones la transferencia de una parte de la fuerza?

– Para la Ciudad no hay ningún costo, ni para la Nación. Lo que intentamos es que sea neutro, que lo que la Nación gastaba para el servicio de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires sea el mismo dinero para la transferencia. Todavía es un proceso por goteo, porque es a través del mecanismo de la participación que la Ciudad tiene en la masa de tributos que cobra de la Nación, así que todos los meses va entrando el dinero para financiar los costos.

– A pesar de que el convenio fue firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, la Legislatura debió ratificar el documento. Por parte de la oposición hubo críticas por la “falta de precisiones”, ¿cómo vio usted esto?

– Todo proceso complejo se ejecuta a través de un contexto macro, el convenio es el marco central en el que se va a desenvolver esa transferencia. Yo diría que tiene todos los aspectos que una transferencia compleja tiene, porque son 20 mil personas que se traspasan con todas sus contingencias, con todos sus sistemas operativos y con lo que significa la seguridad. Es muy complejo, pero el convenio tiene expuesto qué áreas se transfieren, qué recursos, de qué forma se hace; hasta tiene un proceso de readecuación. Sí, posteriormente, hay temas que hay que ir coordinándolos. Aparte se han creado dos equipos de trabajo, uno del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y otro del Ministerio de Seguridad de la Nación, para coordinar todo este proceso de traspaso y que sea lo menos traumático posible, al contrario, que sea todo una herramienta de cambio para la seguridad. Me parece que en este sentido hay un diagnóstico por lo menos equivocado de la oposición.

– ¿Cuál fue la recepción de los vecinos de la Ciudad ante el traspaso?

Creo que de las instituciones de la Ciudad muy bien, de la gente también. Lógicamente, el proceso se cumple cuando nosotros como gestores públicos podemos darle más seguridad a la gente. Qué dependencia administrativa va a tener la Policía, por ahí para el común de la gente no tiene ninguna connotación, ahora, sí lo tiene si somos capaces de mejorar el servicio de seguridad. Nosotros creemos que la transferencia en sí ya es un cambio que va a beneficiarlos, porque hay mayor presencia institucional de la Ciudad en el control de la función policial, mayor participación ciudadana en los temas de seguridad, que también ayudan a diseñar una mejor política, y autoridades que están dedicadas exclusivamente a eso. Es una gran decisión la que toma el presidente Mauricio Macri, en el sentido en que no tenían por qué afectarse a autoridades federales a actuar en la seguridad de la Ciudad; la verdad que las autoridades federales se tiene que ocupar de los grandes problemas del crimen organizado, poner el foco ahí. Como el resto de las provincias, la Ciudad se puede hacerse cargo de su seguridad, y en este sentido me parece una decisión muy federal la del presidente.

– Por otro lado, en las últimas fechas de partidos de Primera División se realizaron operativos para reducir la cantidad de “trapitos”, ¿por qué el oficialismo cree que la prohibición de la actividad es la solución efectiva?

– No es un capricho nuestro el por qué no regularlos, sino es una mirada sobre el sentido del espacio público. Nosotros creemos que el espacio público tiene que ser de todos, de la convivencia, del compartir, del relacionarnos. No creemos que tenga que haber una privatización del espacio público; otorgarle un permiso a una persona para que cobre, es una privatización, y no tenemos esa mirada privatista sino una mirada más inclusiva entendiendo que todos tenemos que disfrutar. Desde esa concepción nosotros decimos no a esta actividad, y me parece que incluso en algunos lugares donde se ha hecho este tipo de registros, tampoco ha funcionado; lo que ha funcionado es que hay personas registradas y otras que no lo están y siguen ejerciendo la misma actividad. A nosotros nos parece que no se pueden permitir estas actividades lucrativas. Lo que hemos visto, y eso claramente estamos tratando que no se produzca, es que en los grandes espectáculos sabemos que funcionan con otra red e implicancia, donde sabemos que hay organización detrás y gente que explota gente. En estos casos tratamos de ser mucho más efectivos y con todo este tema de la transferencia de la Policía, más la colaboración de la Fiscalía de la Ciudad, se ha visto menor actividad. Estamos avanzando, lógicamente es un cambio cultural importante, no se va a terminar de un día para el otro, los cambios en seguridad normalmente no son mágicos, pero vamos en el camino correcto. Ya van cinco fechas en que la Ciudad organiza todo el operativo en el fútbol, y en el último River-Boca hubo muchas detenciones. Va mermando la actividad y esperamos erradicarla totalmente.

– En esta línea, ¿qué opina respecto a los manteros?

– Con los manteros pasa lo mismo, en términos filosóficos es la misma concepción: el espacio público, es un lugar para todos y no para que se haga un negocio. En este caso, con el gran condimento de que mueven millones y millones de pesos, y nosotros ahí tenemos una posición muy clara, se los dejó estar mucho tiempo. La verdad que durante los últimos años se los dejó avanzar y avanzar sin tomar ninguna posición. Nosotros estamos lentamente, también es un proceso complejo, haciendo un proceso de investigación para primero romper con las organizaciones. También les estamos produciendo un perjuicio económico a través de todos los procesos judiciales que se están llevando adelante y hay muchas investigaciones que están en curso. En algunos lugares más emblemáticos, tratamos de empezar porque no se instalen, como en el caso de Caballito, para ir terminando con esta actividad, porque ya no son muchachos que se ponen un día y venden sino que son comercios instalados en la vía pública durante días y días sin que pase nada, así que no podemos mirar para otro lado.

– Sin embargo, ¿se trabaja en la posibilidad de brindar una respuesta a las personas que tienen a la actividad como su fuente laboral?

– Sí, por supuesto. Hay dos abordajes para este tema, a mí me toca el abordaje desde la ocupación del espacio público y la seguridad, pero con mis colegas que están en el gabinete estamos trabajando en forma conjunta, porque hay organizaciones pero también hay personas que son explotadas y a esas personas el Estado tiene que darle una respuesta. La respuesta del Estado no puede ser la de “quédate en la calle, vende en forma ilegitima, no me importa lo que pase”, porque esa no es la mirada que tenemos. Queremos un Estado mucho más activo que genere potencialidades de trabajo para las personas, para que se puedan ganar su dinero de manera lícita. Hay varios programas de desarrollo social, que son ofrecidos para estas personas, y también estamos trabajando en sistemas de relocalización para que las personas que hacen artesanías y manualidades lo puedan hacer a través de ferias. Es una tarea compleja para resolver el problema de los que más angustiados están en este tema, y para que tengan una salida. Los planes de desarrollo social son planes de reentrenamiento en el trabajo que los capacita y mientras tienen recursos para poder solventarse y el Estado le deviene tener un trabajo propio sin que estén en la calle.

– Dentro del objetivo de lograr una mayor autonomía de la Ciudad, ¿se analiza la posibilidad de trasferir las competencias penales restantes de la Nación al distrito?

– Estamos trabajando con el ministro (Germán) Garavano en una definición de todo lo que es la transferencia de la justicia ordinaria nacional a la Ciudad de Buenos Aires, y eso está incluido. Ese tipo de transferencias tienen la particularidad de que son solamente las competencias, no son las unidades organizativas, es decir, juzgados y fiscalías; y con el ministro estamos trabajando esto, la trasferencia de juzgados y fiscalías. El camino que estamos trazando, por lo tanto, también incluye al tercer convenio de competencias penales.

– ¿Y específicamente qué parte de la justicia funciona hoy por hoy en la Ciudad?

Una justicia con funciones contravencionales y con algunos delitos penales. Lo que nosotros aspiramos con el traspaso es que se tengan todas las competencias, al igual que lo que tiene cualquier otra provincia, con sus modalidades propias. Tenemos que ir hacia que la Ciudad complete sus instituciones.