Durante un plenario de comisiones en el Senado, solamente la CGT-Azul y Blanca se mostró en apoyo a la iniciativa. En tanto, Antonio Caló, secretario de la CGT-Alsina, no dio contundencias. Alertaron sobre la situación de los trabajadores.
Luego de escuchar a gobernadores y a empresarios, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión de la Cámara de Senadores recibieron a representantes de centrales sindicales para escuchar su opinión sobre el acuerdo con los holdouts.
Al cabo de tres horas, el plenario se reunió en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, con la presencia de representantes de la CGT-Alsina, la CGT-Azul y Blanca, la CGT Azopardo, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores. Si bien se esperaba la concurencia de Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli, los sindicalistas no participaron.
Las exposiciones
En representación del titular de la CGT-Azopardo, Hugo Moyano, expuso en primer lugar Carlos Frigerio –del sindicato de los Cerveceros-, quien se manifestó en contra del acuerdo con los holdouts sosteniendo que “este tipo de deudas la termina pagando el sector”.
“Nosotros los trabajadores vamos a terminar pagando la deuda”, insistió y dijo que “los beneficiarios de este acuerdo y las deudas contraídas siguen siendo los mismos beneficiados de siempre”. También advirtió: “sabemos cuales son las consecuencias”.
Frigerio afirmó que desde la agrupación pretenden, en cuanto exista la posibilidad, participar del monitoreo del pago.
En sentido contrario, Ricardo Cirielli, quien concurrió por la CGT-Azul y Blanca en lugar de Luis Barrionuevo, expresó: “lamentamos llegar a esta situación debido a la inoperancia del Gobierno anterior”.
Para el representante de los Aeronáuticos, “hay que darle un corte definitivo y abrir las puertas al cambio si queremos que haya desarrollo para la Argentina”. De esta manera, aseguró el apoyo a la ley.
Por otro lado, calificó al exministro de Economía y actual diputado nacional, Axel Kicillof, como “incapaz” y “responsable de no haberle encontrado una solución a todos los argentinos”.
Al igual que su par Frigerio, se sumó “a la propuesta de que nos den participación en las reuniones de la bicameral que va a seguir este acuerdo”.
El tercero en exponer fue el secretario general de la CGT, Antonio Caló, quien primeramente sostuvo que su “preocupación” está basada en “los puestos de trabajo de los metalúrgicos”.
El líder de la UOM admitió que su intención no era debatir el proyecto del Gobierno nacional, porque “técnicamente” no estaba preparado, y encargó el debate a los diputados y senadores que fueron votados por el pueblo. No obstante, pidió que el ajuste no perjudique a los trabajadores, pero no dio mayores precisiones de su posición.
Con motivo de encontrarse en el exterior, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, tampoco estuvo presente en el plenario. En su lugar, Julio Gambina dejó en claro el “planteo crítico” de la organización y llamó a prestar atención al “falso optimismo que hay” en torno al pago.
“Cada vez que se trata el tema de la deuda pública en la Argentina, la vocación argentina siempre es pagar la deuda sin investigar”, señaló y atribuyó la falta de investigación a diferentes gobiernos.
Gambina dijo que el tema es “estructural” e “histórico”, pero “lo que está en discusión es una estafa”. “Las deudas se pagan, las estafas no”, apuntó.
En oposición a la iniciativa del Ejecutivo, el representante sindical consideró que “no es real lo que dice que llegarán inversiones externas y préstamos. No van a llegar porque estamos en un momento de crisis mundial y esa crisis afecta a los países del capitalismo desarrollado, con Estados Unidos a la cabeza”. “Nuestra propuesta es que hay que suspender los pagos mientras se investiga la deuda”, añadió. Y concluyó: “el país no está exento de futuros litigios”.
Por su parte, su compañero Jorge Cardelli subrayó que a pesar de que el gobierno anterior también negociaba la deuda, lo hacía “en mejores condiciones” que el actual. Y opinó que Cambiemos opta por “un tipo de continuidad por derecha”. Posteriormente dijo que si el Parlamento “no toma una decisión de soberanía popular, no nos asustemos si pasa algo como en 2001”.
Más tarde, el secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores, Pedro Wasiesko, detalló que “con el monto de alrededor de 15 mil millones de dólares que va a implicar el acuerdo”, el Gobierno podría invertir en asignaciones familiares, jubilaciones, obras en rutas, entre otras cuestiones.
Además, remarcó que “la quita del 25 por ciento es inferior a la que ofrecían los fondos buitre meses atrás”. Wasiesko alertó sobre “los efectos que puede haber” y recordó la retención de la Fragata Libertad en Ghana. “Lo más peligroso es el 93 por ciento que ya fue reestructurado en su momento”, agregó.
El representante sindical argumentó que el rechazo hacia el acuerdo “es porque en los fundamentos que se dan nos están poniendo en una situación de riesgo”.
En último lugar, el expositor fue Eduardo Basualdo, economista especializado en la cuestión de la deuda externa. El académico sostuvo que “la CTA está opuesta a este acuerdo porque se trata de una imposición externa que está fijando los plazos y las condiciones”.
Basualdo consideró que “hay presión” sobre el tratamiento del proyecto, al cual calificó de “apresurado” y “por eso tiene un alto coeficiente de riesgo”. Y pronosticó que el pago a los acreedores traerá “endeudamiento, recrudecimiento de la fuga de capitales, reducción de la inversión privada y crecimiento del desempleo”. No obstante, anticipó: “si nos equivocamos lo vamos a reconocer”.
