Legisladores kirchneristas hablan de un “desmantelamiento” de ese organismo y el presentaron un proyecto de declaración sobre el supuesto “vaciamiento de áreas fundamentales”.
El presidente del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, y la diputada nacional entrerriana Carolina Gaillard, firmaron un proyecto de declaración donde expresan preocupación por el desmantelamiento de la UIF y exigen la reincorporación de los trabajadores despedidos.
Los diputados nacionales del FpV Héctor Recalde y Carolina Gaillard presentaron un proyecto de declaración expresando “preocupación ante el despido injustificado de 60 trabajadores en la Unidad de Investigación Financiera, y por el vaciamiento de áreas fundamentales de dicho organismo que tiene a cargo la prevención y el combate de manera integral del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Ante ello, se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas conducentes a reincorporar a todos los trabajadores que fueran despedidos”.
Los trabajadores fueron despedidos de la Unidad de Información Financiera el 22 de febrero sin causa justificada, y se suman a los miles de despidos que se vienen llevando a cabo en todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional y que tienen entre sus objetivos el desmantelamiento del Estado.
“Es muy grave y preocupante el despido arbitrario de trabajadores que impulsaron investigaciones muy trascendentes, como la de Papel Prensa, y participaron de operativos contra la trata de personas (como el caso de Marita Verón), apropiación de bienes de desaparecidos en la dictadura y congelamiento de fondos de terroristas de Estado que se encuentran prófugos de la justicia. Estos últimos resultaban de vital importancia para alcanzar la verdad y justicia en casos de complicidad civil durante el terrorismo de Estado”, aseguraron los diputados.
“El desmantelamiento de la UIF favorece la impunidad en casos de delincuencia organizada, dejando a la sociedad a merced del narcotráfico y favoreciendo operatorias financieras ilícitas y a gran escala”, continuaron Recalde y Gaillard.
“La situación actual de esa Unidad y los masivos despidos tendrán como consecuencia que dicho Organismo no pueda cumplir con su cometido eficazmente en causas ante la justicia de pública relevancia y en las que actúa como querellante. Expresamente, peligrará la continuidad de causas seguidas contra JP Morgan, HSBC, Clarín, BNP y MASVENTAS S.A., en tanto el Presidente de la UIF, Mariano Federici, y la Vice, Eugenia Talerico, han sido parte interesada en tales casos”, señalan los fundamentos del proyecto.
En este sentido, Gaillard agregó que “es alarmante que se le hayan asignado funciones ejecutivas en la UIF a Juan Félix Marteau, denunciado por lavado de dinero; y a Celeste Plee, apoderada de MASVENTAS S.A., abogada defensora del Banco HSBC ante la UIF”.
Mariano Federici y Eugenia Talerico fueron designados en la UIF a pesar de las innumerables impugnaciones presentadas por ONGs, Legisladores y ciudadanos. La propia Carolina Gaillard explicó que presentó una impugnación en su carácter de Diputada Nacional, ya que Mariano Federici integra la Fundación FININT, asociado a Juan Felix Marteau, el mayor lobista y defensor de bancos y corporaciones del país, acusado de lavado de dinero. En cuanto a su Vice, Eugenia Talerico, las razones del rechazo son igualmente serias. Talerico representó al Banco HSBC, entidad financiera acusada de haber permitido la fuga de 3.500 millones de dólares en 4.040 cuentas, en sumarios iniciados por la UIF, además de haber representado intereses contrarios a la UIF en casos judiciales en que se investiga lavado de activos.
“Entre los expertos despedidos, cabe destacar el caso de la Dra. María Celeste Schiaffino, trabajadora del organismo desde el año 2001, considerada una de las abogadas mejor calificada del país en prevención del lavado de dinero. La Dra. Schiaffino era la apoderada del organismo en las causas contra el Banco HSBC, CLARIN, MASVENTAS S.A., entre otras. Su desvinculación responde a una política clara de interrumpir y no avanzar con esas causas”, expresa el proyecto.
“Lo expuesto en el proyecto pone en evidencia las incompatibilidades que presentan los funcionarios designados en contradicción con Ley de Ética en la Función Pública, porque el organismo que debería cumplir el rol de neutralizar los fondos que provienen de delitos graves como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas o la evasión impositiva a gran escala, hoy se encuentra a cargo de funcionarios que han defendido a personas y empresas sospechadas de cometer esos delitos”, concluyó Recalde.
