Tras cinco intensas jornadas de debate en plenario de comisiones, el proyecto fue avalado y se votará en el recinto el próximo miércoles 30. La ley habilitará al Gobierno a tomar deuda por 12.500 millones de dólares para pagarle a los fondos buitre. Quiénes fueron los kirchneristas que se negaron a apoyar al oficialismo y quiénes acompañaron.
El acuerdo con los holdouts para salir del default obtuvo dictamen favorable este martes en el Senado y quedó a un paso de ser convertido en ley el próximo miércoles 30, tras un debate que sacó a la luz nuevas diferencias en el Frente para la Victoria.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversiones cerraron así cinco intensas jornadas de debate del proyecto, donde participaron funcionarios del Poder Ejecutivo, gobernadores, especialistas y gremialistas.
Los legisladores de la alianza oficialista Cambiemos, junto a senadores del massismo, el GEN y un grupo del Frente para la Victoria-PJ, firmaron el dictamen de mayoría avalando sin modificaciones el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados.
En el kirchnerismo, se opuso al proyecto oficial el propio presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Juan Manuel Abal Medina, quien no firmó ningún dictamen, pero adelantó su voto en contra en el recinto.
También se abstuvieron de firmar dictamen la formoseña Graciela De la Rosa y el chaqueño Eduardo Aguilar, mientras que la santacruceña María Esther Labado firmó un dictamen de rechazo en soledad.
En cambio, el salteño Rodolfo Urtubey y el santafesino Omar Perotti fueron quienes revelaron su respaldo al acuerdo con los fondos buitre, así como Sandra Giménez. “El bloque del Frente para la Victoria no se rompe porque votemos diferente”, garantizó la misionera.
Asimismo, hubo un tercer dictamen que reunió gran cantidad de firmas y se basa en un proyecto de ley presentado este mismo lunes por Adolfo Rodríguez Saá, que busca darle atribuciones al Congreso para autorizar la toma de deuda.
Esa iniciativa se discutirá en el recinto junto con el dictamen mayoritario, pero si el último recibe modificaciones, deberá volver a la Cámara de Diputados, algo que el oficialismo no quiere dado que dilatará la sanción de la ley.
El acuerdo habilita al gobierno de Macri a tomar deuda por 12.500 millones de dólares para cancelar la deuda preexistente de 11.864 millones con los denominados fondos buitre, tenedores de bonos en default.
El debate
La primera en presentar su opinión fue la formoseña Graciela De la Rosa, quien ratificó: “no estoy de acuerdo con el proyecto así como está. Lo votaría con modificaciones que creo son fundamentales”.
La legisladora del Frente para la Victoria dijo no estar de acuerdo “con la derogación de todas aquellas leyes que forman parte de lo que fue la reestructuración 2005-2010, que fue exitosa” ni con “este endeudamiento excesivo” que se propone.
A continuación, el presidente provisional del Senado, el macrista Federico Pinedo, aseguró que se trata de un “acuerdo conveniente” y “beneficioso para el interés general” que permitirá al país volver a tomar deuda a tasas de interés baja para realizar obras públicas en todo el país.
Destacó además que hoy “hay un juez que impide a la Argentina cumplir con sus obligaciones” y que este acuerdo permite cerrar el litigio con los tenedores de bonos en default y pagarle a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010. “Cada día que no pagamos, los buitres se llenan de plata”, advirtió.
En tanto, el peronista Aguilar aseguró estar “dispuesto a votar el acuerdo”, pero siempre y cuando se le introduzcan modificaciones. En este marco rechazó el lema “patria o buitres” del kirchnerismo duro pero también que “el endeudamiento sea una panacea que va a resolver los problemas de la Argentina”.
Sobre los acuerdos con los holdouts, dijo que no están “suficientemente respaldados” y alertó que en algunos casos no se especifican los montos de pago. Criticó además que en ninguno de los acuerdos se discrimina el monto de la deuda, de los honorarios, de los intereses y de los gastos administrativos como para saber qué se paga.
En relación a la prórroga de la cesión de jurisdicción extranjera, Aguilar afirmó que “la Justicia norteamericana no resulta confiable” y que ha firmado fallos perjudiciales para el país.
El radical Julio Cobos, por su parte, defendió el acuerdo porque “el mayor riesgo es que esto no se arregle y cuando más se demore, es como un taxi que está parado pero que está cobrando, pero sobre todo porque nuestro país no está atravesando un buen momento” por el “estancamiento, déficit fiscal e inflación”.
Sostuvo entonces que esto “va a ser un punto de inflexión” que “va a volver a regenerar confianza” para que la economía “recupere inversiones” y vuelva a crecer.
“No existen mayores riesgos judiciales y si existen seguramente no van a prosperar”, agregó luego en relación a las posibles demandas de los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 para obtener las mismas condiciones de pago que los holdouts.
Una posición totalmente contraria fue la que manifestó el kirchnerista Abal Medina. “Las dudas que teníamos sobre la litigiosidad no se redujeron, sino que se incrementaron”, aseveró, tras haber estado al frente del debate desde el miércoles pasado.
Si bien reconoció la necesidad de salir del default, el senador anticipó su rechazo al proyecto en el recinto.
Labado también se pronunció en contra de los acuerdos. “No son los mejores para la Argentina, no son las mejores negociaciones”, dijo en línea con lo manifestado por el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo López, en su presentación ante el Senado.
A su juicio, el “primer error” es que Macri acordó con los buitres y luego envió los arreglos al Congreso para ratificarlos, cuando la Constitución delega en el Parlamento el manejo de la deuda pública externa.
Criticó luego que “se canceló” que la comisión bicameral sobre la deuda “sea investigadora”, que en los acuerdos no se hagan liquidaciones para saber qué se paga, y que “se tome nueva deuda para pagar deuda”.
“No estoy dispuesta a acompañar el endeudamiento del pueblo argentino por los principios doctrinarios que llevo”, sostuvo Labado, que recordó a Néstor Kirchner: “supo sacar a la Argentina adelante, supo pagarle al Fondo Monetario” para devolverle “autonomía económica” al país.
Por el contrario, Urtubey manifestó la “decisión política de acompañar”, que “no es distinta de la que tuvo Argentina en 2005 y 2010”. Sostuvo que el acuerdo permitirá que “Argentina salga de una vez por todas de un problema que la tiene sojuzgada” para que “recupere poder de decisión y autonomía”.
En la misma línea se expresó Perotti, aunque apuntó que era necesario contar con la opinión de los ministros de Producción y de Trabajo para “tener una mirada más integral para analizar el endeudamiento”.
También aportó su apoyo el cordobés Carlos Caserio, de Unidos por una Nueva Argentina –el espacio liderado por Sergio Massa-, quien sostuvo que “el país tiene que salir del default técnico en el que está”.
Jaime Linares, del GEN, coincidió en que “hay que cerrar este capítulo” dado que “hay provincias que tienen un enorme déficit fiscal” como Buenos Aires, que “necesita cuatro mil millones de pesos para salir del déficit”.
Tanto el GEN como el massismo votaron a favor del proyecto en la Cámara de Diputados, donde se aprobó con 165 votos a favor y 86 en contra.
