Las diputadas nacionales Victoria Donda (Libres del Sur) y Gabriela Troiano (Partido Socialista) se reunieron este martes con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para solicitar la incorporación de sectores que actualmente no están contemplados en la tarifa social eléctrica.

Del encuentro también participaron Héctor Polino (Consumidores Libres); Pedro Bussetti, presidente de Deuco (Defensa de Usuarios y Consumidores); Miguel Calvete, director ejecutivo de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (Fesach); y Jorge Ceballos, dirigente de Libres del Sur.

Las organizaciones plantearon la posibilidad de ampliar el protocolo de reclamos sobre los beneficiarios para brindar soluciones de manera más rápida, dado que “los aumentos ya se ven reflejados en la factura y comprometen seriamente a los usuarios que no pueden pagar”.

Los funcionarios se comprometieron a resolver esta situación y explicaron que hay una diferencia importante entre el listado de beneficiarios que el ministerio envió al ente regulador de energía (ENRE) y los hogares efectivamente incluidos en la tarifa social.

En tanto, Calvete solicitó que se analice la posibilidad de una tarifa eléctrica escalonada para las pymes, y las diputadas Donda y Troiano manifestaron que hay hogares y pymes que al día de hoy tienen que recurrir a la Justicia por los perjuicios que les genera el “tarifazo”.

Por otra parte, Troiano sugirió la habilitación de una oficina de reclamos para aquellas personas que tienen derecho a la tarifa social y que no accedieron automáticamente.

Organizaciones y legisladores pidieron incorporar a trabajadores autónomos que ganan hasta dos salarios mínimos, corresponden a las categorías más bajas A, B, C y D; e inquilinos cuyos ingresos queden por debajo de los 12 mil pesos luego de abonado el alquiler de la vivienda familiar.

También propusieron incluir a titulares de planes sociales nacionales y provinciales; pacientes con enfermedades crónicas electro dependientes; domicilios no conectados a las redes de agua corriente y gas natural; y organizaciones que reúnen condiciones de Usuario Esencial, centros de salud y educativos públicos, y asociaciones sin fines de lucro.

Entre los motivos excluyentes de la tarifa social se planteó que es inadecuado el criterio referido a la propiedad de autos de menos de 15 años de antigüedad; frente a esto proponen que se tenga en cuenta el valor fiscal.

La ministra Stanley se comprometió a organizar una nueva reunión una vez que lleguen las boletas con aumentos para evaluar el impacto y la inclusión de la tarifa social.