Tras cuatro jornadas de debate, las comisiones de Presupuesto y de Economía de la Cámara de Senadores realizan desde las 10.30 su última reunión de análisis del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri selló con los holdouts, los tenedores de bonos en default.

Los senadores se encuentran reunidos en el Salón Azul del Palacio Legislativo, donde escucharán la opinión de nuevos especialistas sobre el proyecto que habilita al Gobierno a tomar 12.500 millones de dólares de deuda para cancelar la deuda preexistente con los denominados fondos buitres, de 11.864 millones.

Así las cosas, luego de cuatro jornadas donde se escuchó al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay; a gobernadores de todo el país; a economistas, abogados y exfuncionarios nacionales; los senadores se disponen a firmar dictamen.

Se espera entonces que el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados obtenga despacho de mayoría con la firma de senadores de la alianza oficialista Cambiemos, del peronismo disidente y de un grupo de legisladores del Frente para la Victoria-PJ.

Otro sector de este bloque, en cambio, firmaría un despacho en minoría, sugiriendo el rechazo al acuerdo.

También se aprobaría un proyecto presentado por el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá y senadores del FpV para limitar el endeudamiento del Poder Ejecutivo.

Las iniciativas serán votodas en el recinto el 30 de marzo.

La reunión de este martes comenzó con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Bruselas.

Las exposiciones

El encargado de abrir las exposiciones fue Juan José Cruces, director del Centro de Investigación en Finanzas, quien realizó un recorrido histórico sobre el endeudamiento argentino y criticó a los fondos buitre: “tenemos 93 figuritas y nos faltan 7 y los que las tienen no la quieren vender al precio de las otras sino más caras”, dijo en alusión al pequeño porcentaje de tenedores de bonos que no entraron a los canjes de 2005 y 2010 y que ahora litigan contra el país.

Luego, Ramiro Castiñeira, economista jefe de Econométrica, se manifestó a favor del acuerdo al señalar que “si la Argentina sale del default con esta oferta, renegoció toda la deuda a una tasa promedio de 1,7 por ciento”. “Argentina tiene niveles de deuda bajos y es la oportunidad para volver nuevamente a la senda de crecimiento”, agregó en alusión a la intención oficial de volver a tomar deuda a tasa de interés bajas.

En tanto, Sebastián Soler, abogado especializado en derecho financiero, opinó que “aun con sus defectos, es un acuerdo necesario”. A su vez, rechazó que el país afronte nuevos litigios como reacción a este acuerdo: “es técnicamente improbable una demanda porque se ha caído el argumento principal que es la cláusula RUFO”, explicó, aunque lamentó que “la Justicia norteamericana se ha vuelto impredecible”

A continuación, Mario Rappport, especialista en historia económica, rechazó el proyecto oficial al advertir que se volverá a “iniciar un ciclo de endeudamiento” en Argentina. El profesor fue muy crítico con la deuda externa, que aseguró es una “herramienta de disciplinamiento económico por parte de los organismos internacionales”, promueve la “fuga de capitales” y ocasiona “crisis sistémicas” en países periféricos como el nuestro.

Según Rappoport, “el endeudamiento no contribuye al desarrollo productivo de países deudores sino a refinanciar nueva deuda” y a fugar capitales. “Nadie garantiza que vendrán nuevas inversiones ni que de venir serán realmente productivas”, concluyó.

Por su parte, Daniel Artana, economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Lationamericanas, sostuvo que este acuerdo es el “mal menor” y que evitaría un nuevo default. Además, resaltó que “si uno no acuerda, el costo de financiamiento (en el mercado internacional de créditos) sería mayor que si uno tuviera un acuerdo”.

Artana advirtió luego que Argentina tiene que pagar 42 millones de dólares de deuda en cinco años y que esa cifra no se puede reunir con la emisión de bonos en nuestro propio país. “No hay mas remedio que taparse la nariz y terminar acordando”, lamentó.

Posteriormente, el economista y periodista Andrés Asiain se manifestó en duros términos contra el proyecto: “este acuerdo es para acceder a los mercados internacionales de deuda pública”, aclaró y negó que sea la “llave para la inversión” y la “lluvia de dólares” en el país.

En esta línea, y retomando los argumentos de Rappoport, el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz consideró que de ahora en más el Congreso debe determinar que “la nueva emisión de deuda sea para ampliar exportaciones para generar capacidad de repago”. Sin embargo, alertó que el Gobierno no presentó proyectos para crear nuevas fuentes de divisas, por lo que el endeudamiento propuesto será para refinanciar el endeudamiento previo.