En una conferencia de prensa, la diputada del GEN cargó duramente contra el juez Daniel Rafecas, al que acusó por “inacción” y consideró “funcional al poder y a los negocios K”.
En momentos en que la opinión pública está conmovida por las imágenes de personas vinculadas al poder pasado contando plata presuntamente producto del lavado de dinero por TV, la diputada nacional Margarita Stolbizer encabezó una conferencia de prensa en la que cargó duramente contra el papel de la justicia, en general, y el juez federal Daniel Rafecas, en particular.
A este magistrado, que acaba de rechazar la denuncia de la diputada, que pidió verificar inconsistencias en la declaración jurada de la expresidenta de la Nación correspondiente a 2014, lo fustigó por su “inacción”, y lo consideró “funcional al poder y a los negocios K”.
En una conferencia de prensa brindada en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde estuvo junto al senador Jaime Linares y su asesora Silvina Martínez, Stolbizer habló de las conexiones entre tres causas que involucran al empresario kirchnerista Lázaro Báez: Hotesur; la ruta del dinero K, y las facturas truchas.
A juicio de la legisladora, hay “complicidad” en las máximas estructuras del poder para poder “garantizar las operaciones de lavado de dinero”. En ese sentido consideró “urgente” que haya avances en la causa Hotesur, que la tiene a ella como denunciante, y que tiene al juez federal Daniel Rafecas como responsable a su juicio de la inmovilidad de la misma.
Cabe recordar que el tema está ahora en manos de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que debe resolver si la investigación queda en manos de ese magistrado, o las del juez Julián Ercolini.
El juez Rafecas, dijo, “se va a convertir en el archivador del gobierno kirchnerista y ha sido exactamente funcional a que no se lo investigue”.
En el marco de esa causa, Stolbizer señaló que el alquiler de hoteles “permite ver cómo se enriquecen los Báez”, un enriquecimiento que consideró “directamente proporcional al de los Kirchner”.
Recordó la condición de Báez de “beneficiario de las obras públicas”, y sostuvo que devolvía a los que le concedían esas obras dinero “con el formato alquileres, de habitaciones de hoteles y de inmuebles”.
También mencionó al también empresario kirchnerista Cristóbal López, y dijo que ambos pagaron por el alquiler de inmuebles, “siendo que ellos tienen tanta cantidad de propiedades”.
Al referirse a la causa de facturas truchas, recordó que las mismas fueron emitidas por “empresas sin empleados ni maquinas, que no presentaban declaraciones juradas ni confeccionar balances y sin movimientos en las cuentas bancarias que acrediten los millones que cobraban”.
Estimó la legisladora que la cifra parcial de esas facturas en perjucio del Estado, “que se utilizaron para aumentar los costos de las obras adjudicadas a Austral Construcciones S.A. sumaban un monto de 139.784.581 pesos”.
La legisladora se quejó por lo que consideró “una tendencia a dispersar el sentido de las investigaciones”.
Munida de datos, la diputada detalló la evolución patrimonial de la familia Báez. Recordó que en 2008, el empresario amigo de Néstor Kirchner “tenía un patrimonio de 5.439.641 pesos, y en 2013 pasó a tener 66.851.903, además de 79 propiedades”.
Lo que explica, dijo, “un crecimiento patrimonial de 12 veces en 5 años”, reveló.
Citó luego al hijo del empresario, Martín Báez, captado por el video difundido de gente contando plata en La Rosadita. Martín tenía en 2008 un patrimonio de 1.308.398 pesos, y tras un aumento del 2.200 por ciento, en 2013 declaró 29.864.510 pesos.
Asimismo advirtió sobre viajes que en los días de la grabación del video de La Rosadita, las personas que contaban la plata realizaban viajes que “compartían con dos funcionarios públicos muy vinculados con la ruta del dinero y con las emisión facturas truchas, que son el director de Vialidad de Santa Cruz (Jorge López Geraldi), quien justamente decidía las obras que se realizaban, y el director de la DGI-AFIP”, Federico Toninelli.
Stolbizer señaló que “la DGI-AFIP es uno de los organismos centrales en todo este tipo de operatorias, porque no sólo no investigó sino que su director viajó a Santa Cruz para ordenarle las cuentas a la familia Kirchner y a Bahía Blanca para resolver el asunto de las facturas apócrifas”.
Para Stolbizer, la plata de la denominada “ruta del dinero K”, esa que se contaba en La Rosadita, “no quedaba en el país; salía de la Argentina. Advirtió sobre la relación comercial entre los Báez y los Kirchner: “Existían inmuebles compartidos en condominio; alquiler de hoteles en el período 2008-2013, alquiler y venta de inmuebles y relación recíproca acreeedor-deudor. En la propia declaración jurada de la expresidenta Cristina Kirchner aparece Austral Construcciones como acreedor… Cosas inexplicables, pero que muestran un vínculo societario muy claro”.
De cara al futuro, Stolbizer pidió concentrar la investigación en tres ejes centrales: “el lavado de dinero, el enriquecimiento patrimonial y el delito precedente”. Es decir, la emisión de facturas truchas, las operatorias con los bancos y los sobreprecios en la obra pública.
