El bloque anticipó que presentará una iniciativa que guarda coincidencias con la propuesta de la diputada Natalia Fidel. Buscan prohibir la actividad, pero a la vez crear un Registro de Cuidacoches.
El bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura porteña se sumó a las iniciativas para abordar la cuestión de los cuidacoches. El bloque comandado por Carlos Tomada presentará un proyecto de ley con el objetivo de “terminar con la mafia de los “trapitos” en la Ciudad de Buenos Aires”.
Entre los principales puntos de la iniciativa se establece una prohibición taxativa para ejercer la actividad sin autorización legal, al tiempo que se endurecen las penas cuando dicha actividad se lleve a cabo en eventos masivos y en zonas de concentración gastronómica.
Por otro lado, en el proyecto se establece la creación de un Registro de Cuidacoches que incluye a personas en situación de vulnerabilidad. En pos de garantizar la transparencia del registro, se dará intervención al Defensor del Pueblo y a ONG’s que tendrán a su cargo el control y la auditoría de la asignación de permisos.
A los efectos de evitar abusos, el proyecto estipula una tarifa fija que será determinada por la ley. A su vez, el Gobierno de la Ciudad deberá promover políticas activas de capacitación laboral, educación y seguridad vial para las personas que obtengan el permiso.
Desde el FpV varios proyectos han sido presentados en busca de resolver la problemática, y fue la ley 4.113 impulsada por este espacio y aprobada en el año 2011 por la Legislatura. Sin embargo, el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, la vetó.
Ante la insistencia del oficialismo, año tras año, de poder prohibir completamente la actividad, el jefe del bloque del FpV, Carlos Tomada, consideró que “el proyecto prohibicionista del Pro beneficia a las mafias, ya que necesitan de la ilegalidad para montar su negocio”.
Y agregó: “el que impulsamos desde el Frente Para la Victoria busca distinguir entre mafias y personas que recurren al cuidado de vehículos como una forma de subsistencia”.
“Nuestra iniciativa apunta a evitar los abusos que sufren los conductores que hoy son víctimas de la extorsión de estas mafias. Al tiempo que protegemos a los vulnerables que todavía necesitan ejercer esta actividad”, explicó el diputado.
Tomada también aseguró: “nuestro objetivo último es que no existan más los “trapitos”, sino trabajadores formales integrados al sistema de estacionamiento regulado ya aprobado por la Legislatura y aún no implementado por el Pro”.
Desde el bloque reconocieron que la iniciativa guarda similitudes con la propuesta presentada por la legisladora Natalia Fidel (SUMA+), por lo que “se buscará trabajar para integrar ambos proyectos”.
“Vale recordar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya cuenta con las herramientas contravencionales para combatir las mafias, y nuestro proyecto es una herramienta más”, concluyó el legislador.
Por su parte, el diputado Gabriel Fuks fustigó: “el Pro siempre se escudó en la negativa de todos a dialogar sobre 'trapitos'. En cambio, desde el FpV se presentaron tres proyectos diferentes sobre el tema: uno presentado por Juan Cabandié, para crear un registro de la actividad; otro presentado por las ex diputadas Gabriela Alegre y Claudia Neira, que reglamenta la actividad en los eventos masivos; y éste que estamos presentando con todos los legisladores, con algunas líneas superadoras”.
“Cabe destacar nuestra disposición al debate y nuestra necesidad de dar una solución a esta problemática. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no sólo no discute, sino que no quiso usar el código contravencional -que prohíbe exigir retribución por el cuidado de coches-, dándole la facultad necesaria al Ejecutivo de controlar la actividad en eventos masivos musicales o deportivos”, añadió.
En tanto, la legisladora Andrea Conde opinó: “prohibir la actividad no sirve para erradicar a las mafias que se dedican a esto. La regulación desde el Estado, en cambio, es la mejor forma de combatirlas. La tranquilidad de los vecinos se consigue combatiendo las mafias sin renunciar a la inclusión”.
Por otro lado, explicó que “la tarifa sea regulada porque consideramos que de esta manera se dignifica el trabajo de los cuidacoches y se previenen abusos y explotación. Al existir un monto estipulado y no un pago voluntario, se le da a la actividad el carácter de trabajo formal y permite distinguir a quienes realmente necesitan de ella para su subsistencia de las mafias que buscan controlar la vía pública”.
