Diputados del Frente para la Victoria y del partido de Moyano cuestionaron la decisión gubernamental de suspender la fabricación de un tercer satélite nacional. Denuncian que el gobierno incumple con una ley nacional de 2015.
A través de un proyecto de resolución, un grupo de legisladores peronistas propuso que la Cámara de Diputados exprese formalmente su “repudio a la suspensión de las gestiones para construir el satélite Arsat 3, anunciadas por funcionarios nacionales, lo cual constituye un freno al Plan Satelital nacional, al desarrollo de tecnología de punta y de una cadena de valor sensible en las industrias de las telecomunicaciones”.
La iniciativa fue presentada por la diputada nacional Liliana Mazure, del Frente para la Victoria por Capital Federal, y sostiene entre sus argumentos que “esta medida del Poder Ejecutivo, además de vulnerar principios de soberanía tecnológica, atenta contra determinaciones de la Ley 27208, que fuera aprobada hace menos de un año por este Congreso Nacional, declaró de interés nacional el desarrollo de la industria satelital, como política de Estado y prioridad nacional, y aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035”.
El proyecto consiguió la firma de sus compañeros kirchneristas Julio De Vido, Rodrigo Rodríguez, Juan Cabandié, Araceli Ferreyra, Ana Carolina Gaillard, Sandra Mendoza y Mayra Mendoza y del “dipusindical” Omar Plaini, del partido de Hugo Moyano.
El texto de la iniciativa sostiene que “en nuestro país ha llevado varias décadas construir una cadena de valor sostenida y sostenible para el despliegue de tecnologías de punta en los planos nuclear, satelital y de telecomunicaciones, con proyección internacional”.
“Hay un reconocimiento unánime de las capacidades de científicos y técnicos argentinos apoyados por el sector público, para el desarrollo y manejo de recursos y artefactos, a través de la creciente experiencia desplegada por el sistema nacional de Ciencia y Tecnología, que ha brindado posibilidades a investigadores nacionales, y también expertos repatriados durante los últimos años”, destaca.
Y amplía: “se trata de actividades de investigación, desarrollo y comercialización que integran al INVAP, a ARSAT y a numerosos proveedores. Concretamente, sobre la experiencia consolidada, hemos declarado por Ley 27.208 en este Congreso Nacional a la industria satelital, como política de Estado y prioridad nacional, a la vez que hemos aprobó el Plan Satelital Geoestacionario Argentino 2015-2035 sobre la base de una extensa fundamentación de 150 páginas que como anexo conforma el mencionado cuerpo legal”.
En este marco, los diputados señalan que “el traspaso de gestiones del Ejecutivo saliente de Cristina Fernández de Kirchner a la actual administración, no sólo incluyó dos satélites en órbita y operando, sino también un modelo de negocios plurianual, con la comercialización plena del Arsat 1, la ocupación en crecimiento de las capacidades operativas del Arsat 2, y previsiones para la construcción y lanzamiento del tercer satélite de la flota Arsat”.
“Esta planificación para el transporte de datos y la distribución de contenidos a nivel regional, se articula además con los objetivos de conectividad plena a través de los troncales y enlaces de la Red Federal de Fibra Optica, las frecuencias asignadas para brindar enlaces inalámbricos, en una empresa estatal clave para el despliegue infraestructural de los próximos años”, resaltan los legisladores.
Pero lamentan que “a través de recientes declaraciones periodísticas del presidente de Arsat, Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, se informa la decisión de frenar la construcción del tercer satélite argumentando falta de fondos”.
Asimismo se informa que “se buscarán nuevas funciones para los satélites argentinos, en especial el Arsat II” en función de la reorientación de la empresa y una “incorporación de socios colaborativos”.
Para los diputados, “estas declaraciones del máximo responsable de Arsat conforman un cambio de rumbo que desafía la normativa vigente”.
“La sucesión de argumentos no resiste un marco lógico, y demuestra un desconocimiento de los lineamientos aprobados por ley, la decisión de suspender el financiamiento de los emprendimientos sí tienen coherencia con la discontinuidad de un rol industrialista del Estado, generador de valor agregado y articulador de conocimientos y gestiones en favor del desarrollo nacional”, lamentaron.
