A partir de los datos de la UCA sobre la pobreza, Victoria Donda habla de una emergencia social que incluya al suspensión de despidos, quita del IVA en productos de la canasta básica y suba de jubilaciones y planes sociales, entre otras cosas.
Frente a las alarmantes cifras de crecimiento de la pobreza que arrojó el informe del laboratorio social de la UCA, la diputada Victoria Donda dio a conocer que desde su bloque Libres del Sur están preparando un paquete de leyes para declarar la emergencia en materia social. “Ya tuvimos dos reuniones a partir de un pedido de organizaciones sociales como Barrios de Pie y la CCC, a la última ya asistieron representantes de la Pastoral Social y asesores de varios bloques de la Cámara de Diputados. Pensamos presentar la propuesta la próxima semana para que tenga un tratamiento urgente”, expresó.
Respecto de la decisión de introducir este tema en la agenda parlamentaria, la diputada opinó que “el estudio de la Universidad Católica Argentina ahora confirma lo que ya era evidente, que luego de la devaluación se agravó la situación inflacionaria y eso impactó en el bolsillo de los argentinos más humildes. Si a eso le agregamos los últimos aumentos tarifarios. Lo que ocurre automáticamente es que la población más vulnerable queda impedida de cubrir sus necesidades básicas. Es lo que nosotros llamamos emergencia social y por lo que estamos trabajando en el paquete de leyes para abordarla. Por fortuna, además de las organizaciones sociales y la iglesia, muchos diputados tienen presentados proyectos en la misma dirección”.
Finalmente, la diputada amplió con respecto a los principales ítems que aborda el paquete de leyes: “Estamos hablando de suspender despidos por al menos seis meses, con posibilidad de prórroga sino hay reactivación económica; quita de IVA en productos de la canasta básica; actualización de montos de jubilaciones y pensiones, como también de planes sociales para cooperativistas, y amplia cobertura social de tarifas de luz, gas y transporte para los argentinos mas humildes en todo el país. El objetivo es que no sean aquellas personas más vulnerables quienes tengan que pagar por el ajuste que ha puesto en marcha el Gobierno y a la vez conservar una paz social imprescindible para discutir un modelo de país más equitativo”, detalló.
