Durante un picante plenario de las comisiones de Planeamiento Urbano, Presupuesto y Desarrollo Económico se trató el proyecto del Poder Ejecutivo, a través del cual se crea la Agencia de Bienes S.E. y se habilita la venta del predio donde funciona la histórica institución Tiro Federal Argentino.

La norma fue aprobada en forma inicial el pasado 3 de diciembre, con 44 votos positivos –Pro y Frente para la Victoria-, 14 negativos y 2 abstenciones. La iniciativa busca que en el lugar se construya un Parque de la Innovación, que funcionaría como un campus educativo y de investigación. Por otro lado, permite la venta de una fracción de “El Dorrego” que se utilizará para la construcción del Centro Metropolitano Audiovisual.

Al final de las exposiciones de un grupo de vecinos y socios del club, el Director General de Administración de Bienes del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología porteño, Gerónimo Cabrera, sostuvo que “entre los beneficios que traerá la Agencia de Bienes está mejorar de manera contundente la administración de los bienes de la Ciudad”. “Tenemos un montón de inmuebles que no le sirven a la gestión”, aseguró.

Por su parte, el presidente de Tiro Federal Argentino, Juan Carlos Salerni, criticó la “celeridad” del tratamiento del proyecto y afirmó que los legisladores “no estudiaron en nada lo que la gente manifestó en la audiencia pública”, donde hubo un rechazo unánime a la iniciativa.

Durante la reunión, el legislador Adrián Camps (PSA) consideró que hubiera sido bueno que “los legisladores pudieran informarse” y “que los funcionarios pudieran venir mucho antes”. Sobre la construcción del Parque de la Innovación, el diputado expresó: “no sabemos qué es el Parque de la Innovación”.

“En base a qué criterio de planificación urbana se va a destruir un club”, preguntó y aseveró: “creo que técnicamente no van a poder hacer el Parque de la Innovación”. “Detrás de esto hay negocio inmobiliario”, denunció.

Desde el Frente para la Victoria, el legislador Gabriel Fuks reconoció que “tal como mismo lo hemos votado nosotros, creemos que el proyecto es inconstitucional”. Sin embargo, planteó modificaciones a dos artículos del proyecto, sobre la transferencia de bienes inmuebles y el régimen jurídico, y anunció que de aceptarse las sugerencias el bloque acompañaría la propuesta.

El cambio sobre el polémico artículo 5 consiste en que la Agencia tendrá que aportar un listado de los bienes sobre los que desee trabajar, el cual será remitido a la Legislatura para que cada inmueble pase por un tratamiento individual en el recinto.

Roy Cortina (PS) salió a responder que “esta ley, incluso con las modificaciones, sigue violando la Constitución”. “Este proyecto se gestó mal y nacerá como una ley peor”, advirtió el diputado socialista.

Recordó que “la ley se votó sin debate” y opinó que “el oficialismo comete una gran torpeza tratando de apurar los tiempos”. También calificó a la norma como “incompatible con la gestión que debe tener la Ciudad en materia de desarrollo urbano”.

Por el lado del Pro, la vicepresidenta primera de la Legislatura, Carmen Polledo, se refirió a la “importancia de tener una Agencia para el mejoramiento de la administración de un montón de lotes” que hay en la Ciudad. Dijo que la creación del ente ayudará a un “trabajo profesional y centralizado”.

“Este proyecto no viola la Constitución”, afirmó y agregó: “de ninguna manera voy a aceptar que esto es un negocio”. Pese a que expresó el “respeto” por el club y su casona, declarada como Monumento Histórico Nacional, Polledo manifestó que “no hay necesidad de tener 16 hectáreas para practicar tiro”.

A raíz del amplio rechazo y la oposición de los legisladores de la mayoría de los bloques, la diputada expresó que “de las cuestiones que se han dicho acá, hay muchas que no son verdad”. “Creemos que este proyecto es bueno para la mayoría de los habitantes de la Ciudad”, finalizó.

A su turno, el legislador Marcelo Ramal (FIT) denunció un “golpe parlamentario”. Inmediatamente, Polledo lo interrumpió y sentenció: “de ninguna manera voy a permitir que usted hable de golpe”.

Sin embargo, Ramal subrayó la “creación de un Estado paralelo”, y “la privatización y el desguace del Estado”. “Esta ley es la autodisolución de la Legislatura”, dijo. Por su parte, su compañero de interbloque Patricio Del Corro (PTS) pidió la realización de una consulta popular o plebiscito.

El diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) anticipó el voto en contra del bloque e hizo hincapié en tres cuestiones del proyecto sobre la trasparencia y el control público, la delegación de facultades y la especificidad en relación al destino de los bienes.

En último lugar, el jefe del bloque Pro, Francisco Quintana consideró que “sería materia del Poder Judicial decir si la ley es inconstitucional o no”. El legislador aceptó las modificaciones solicitadas por el FpV y además especificó nuevos cambios en el texto original, tales como: el Directorio remitirá un programa de acciones a la Legislatura para su aprobación, “antes del 30 de septiembre del año anterior para el que rige”; la limitación de la reelección de los miembros del Directorio y la Sindicatura a una única vez; con respecto al régimen jurídico, se regirá también por la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad; el Parque de la Innovación deberá desarrollarse mediante la realización de un Concurso Público; y los fondos producto de la venta de los bienes inmuebles no podrán ser utilizados para el financiamiento de gastos corrientes.

Los bloques de Autodeterminación y Libertad, Bien Común, Coalición Cívica, FIT, Partido Socialista, PTS, Partido Socialista Auténtico y SUMA+ ya anunciaron su voto negativo. No obstante, el Frente Renovador y Confianza Pública no sentaron posición, pero en la aprobación inicial se abstuvieron.

Para que la norma se apruebe en el recinto, el Pro necesita 40 votos, de los cuales cuenta con 28 de sus propios legisladores. Para alcanzar el número contaría, al igual que el pasado 3 de diciembre, con los votos del Frente para la Victoria, un bloque que hoy cuenta con 12 diputados, más el aliado Claudio Palmeyro, de Sindical Peronista.